Petro ordena retenes y allanamientos para frenar compra de votos en jornada electoral
Durante la apertura de la jornada electoral de este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que ordenó a la Policía Nacional de Colombia realizar retenes y operativos de allanamiento en diferentes regiones del país con el objetivo de evitar la compra de votos.
El mandatario aseguró que estas acciones buscan combatir una de las prácticas que, según dijo, ha afectado durante años el funcionamiento de la democracia en Colombia.
“Que la Policía hoy por primera vez salga a las calles, ponga retenes, trate de allanar, y en esto la Fiscalía General de la Nación de Colombia debe ayudarnos, porque hay una larga lista de lugares donde se ha detectado dinero para comprar votos”, afirmó el jefe de Estado.
Petro sostuvo que las autoridades han detectado grandes cantidades de dinero que presuntamente estarían destinadas a la compra de votos en diferentes zonas del país. Según indicó, la Policía ya ha logrado incautar más de 4.000 millones de pesos que circulaban en barrios, veredas y ciudades con ese objetivo.
El presidente señaló que esta práctica suele afectar especialmente a poblaciones vulnerables y aseguró que detrás de estos mecanismos existirían redes vinculadas a economías ilícitas.
“Es el mecanismo por medio del cual agrupaciones muy poderosas de la delincuencia, ligadas al narcotráfico, a la economía ilícita del oro y a la corrupción, se apoderan de la ley y de las instituciones”, aseguró.
El mandatario también hizo un llamado a las autoridades judiciales para que autoricen los allanamientos necesarios en los lugares donde se ha detectado almacenamiento de dinero presuntamente destinado a la compra de votos.
Las declaraciones se dieron en medio del inicio de la jornada electoral de este domingo, en la que las autoridades desplegaron operativos de seguridad en todo el país para prevenir delitos contra el sufragio y garantizar la transparencia del proceso democrático.
Según el Gobierno, los controles de la Policía y los operativos coordinados con la Fiscalía buscan impedir que organizaciones criminales o redes de corrupción influyan en los resultados electorales mediante la compra de votos.