Petro pide software electoral diferente al operado por privados como Thomas Greg
Durante una diligencia judicial relacionada con una acción popular sobre el sistema electoral, la defensa del presidente Gustavo Petro solicitó que se garantice el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que ordenó al país contar con un software electoral propio del Estado y no depender de operadores privados.
En la audiencia, la defensa del mandatario sostuvo que el debate de fondo no debería centrarse en las declaraciones del presidente sobre el sistema electoral, sino en el cumplimiento de la sentencia emitida en 2018 por el alto tribunal.
#InfoNación Durante una audiencia judicial, la defensa del presidente @petrogustavo pidió que se cumpla el fallo del Consejo de Estado de 2018 que ordena implementar un software electoral propio del Estado y no depender de operadores privados en el sistema de escrutinio. pic.twitter.com/1EUbvy0irX
— InfoNación (@infonacioncol) March 14, 2026
Según lo expuesto durante la diligencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró parcialmente nula la elección del Senado de 2014 tras identificar irregularidades en el sistema de escrutinio utilizado en ese proceso electoral.
De acuerdo con la argumentación presentada, en ese proceso se documentaron situaciones como datos precargados con fechas anteriores a la jornada electoral, desactivación de sistemas biométricos en algunas mesas, usuarios no identificados en el sistema, contraseñas genéricas y modificaciones en horarios no autorizados.
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Como resultado de esas irregularidades, el fallo judicial concluyó que 1.412 mesas habrían sido afectadas y que más de 236.000 votos fueron excluidos del proceso, situación que impactó particularmente al partido Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), al que se le habrían afectado tres curules.
La defensa del presidente señaló que la sentencia del Consejo de Estado no fue una recomendación, sino una orden expresa para que el país desarrollara un sistema de escrutinio administrado directamente por el Estado, con trazabilidad completa, auditoría permanente y personal técnico estatal, sin depender de empresas privadas.
Entre las medidas ordenadas por el tribunal también se incluyó la implementación de copias de seguridad, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del sistema electoral y la conservación de los registros o “logs” del sistema operativo, bases de datos y software, con el fin de permitir auditorías posteriores.
Durante la audiencia se insistió en que el mandatario ha planteado públicamente desde 2022 la necesidad de avanzar hacia ese modelo tecnológico, argumentando que un software estatal permitiría mayor transparencia y control sobre los procesos de escrutinio electoral.
En ese contexto, la defensa sostuvo que la discusión jurídica debe centrarse en si existe o no incumplimiento de la orden del Consejo de Estado por parte de las autoridades electorales, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
El planteamiento presentado ante el juez también busca establecer si las declaraciones del presidente denunciando ese presunto incumplimiento pueden considerarse una vulneración de derechos colectivos o si, por el contrario, se trata de un pronunciamiento sobre una orden judicial que aún debe ejecutarse.
La decisión final sobre la acción popular y las solicitudes planteadas en la diligencia quedará en manos de la autoridad judicial encargada del proceso.