Investigación revela congresistas vinculados a ocupación ilegal de baldíos de la nación
Una investigación de Señal Investigativa reveló que 14 congresistas de distintos partidos políticos están vinculados a procesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por la presunta ocupación irregular de baldíos de la nación. De ese grupo, diez fueron reelegidos en las elecciones del 8 de marzo y harán parte del nuevo Congreso que inicia funciones el 20 de julio.
Según el informe, los casos involucran a miembros del Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal y Centro Democrático. Entre los nombres mencionados están Luis Eduardo Díaz Mateus, Wadith Manzur, Marcos Daniel Pineda, Nicolás Barguil, Carlos Mario Farelo, Ana Paola García Soto, José Alfredo Gnecco Zuleta, Lidio García, Óscar Villamizar y Enrique Cabrales.
La investigación señala que estos procesos están relacionados con predios que, según la ANT, tendrían carácter de baldíos, es decir, tierras que pertenecen al Estado y que deben ser destinadas a programas como la reforma agraria.
Uno de los casos más llamativos involucra a un familiar de la candidata presidencial Paloma Valencia. De acuerdo con el reporte, su primo, Nicolás Laserna Serna, habría ocupado durante más de ocho años una finca de aproximadamente 6.000 hectáreas en el municipio de La Primavera, Vichada. La ANT determinó que este predio, conocido como Buenavista, tiene condición de baldío y ordenó su recuperación para ser entregado a campesinos.
En la misma región, cerca de Puerto Carreño, también se investiga un predio de más de 370 hectáreas que, según la ANT, estaría siendo explotado por personas cercanas al congresista Carlos Cuenca Chaux. Este proceso se encuentra en etapa de apelación y, de confirmarse la condición de baldío, el terreno pasaría a formar parte de los programas de redistribución de tierras.
El informe también plantea que existe un posible conflicto de intereses en el Congreso frente al trámite de la Jurisdicción Agraria, un mecanismo contemplado en el Acuerdo de Paz de 2016 para resolver disputas sobre tierras rurales. Según Señal Investigativa, esta iniciativa ha tenido múltiples bloqueos legislativos, pese a que ya cuenta con avances en su marco constitucional y legal.
De acuerdo con la investigación, algunos de los congresistas señalados hacen parte de los sectores que han frenado el avance de esta jurisdicción, lo que ha impedido la creación de jueces especializados para resolver conflictos sobre la propiedad rural y facilitar la recuperación de baldíos.
Informe completo
Otro de los casos documentados corresponde a las Islas del Rosario, donde durante años se han mantenido ocupaciones mediante contratos de arrendamiento a bajo costo. El Gobierno nacional ha anunciado acciones para recuperar estos territorios como parte de su política de tierras.
El reportaje también anticipa que la Agencia Nacional de Tierras prepara un nuevo informe con más nombres de congresistas que estarían vinculados a investigaciones similares, el cual sería presentado antes de la posesión del nuevo Congreso.
En un hecho adicional, la investigación reveló que días antes de las elecciones, la Policía interceptó en La Guajira a un escolta vinculado al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, con 145 millones de pesos en efectivo y material político. Lacouture negó relación con posibles irregularidades, aunque se conoció que gestionó la defensa del implicado.
El informe también menciona que existen procesos en la Fiscalía en los que el funcionario ha sido señalado por presuntos hechos de corrupción en etapas anteriores de su carrera pública.
Los hallazgos se conocen en medio del debate nacional sobre la reforma agraria y el acceso a la tierra, un tema central en la agenda del Gobierno y en el que la recuperación de baldíos ha sido uno de los ejes principales.