JEP atribuye crímenes de lesa humanidad a ocho militares por hechos contra comunidades en Nariño
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a ocho comparecientes de la fuerza pública por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en el departamento de Nariño, dentro del Caso 02 que investiga violaciones ocurridas entre 2001 y 2012.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los hechos se registraron en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, donde las principales víctimas fueron comunidades del Pueblo Negro Afrocolombiano, así como los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, además de población campesina.
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La JEP concluyó que las conductas investigadas no corresponden a hechos aislados, sino que hacen parte de patrones macrocriminales sistemáticos dirigidos contra poblaciones con especial protección constitucional e internacional. En ese sentido, calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso, tortura y persecución.
Adicionalmente, la jurisdicción determinó que también se configuraron crímenes de guerra, como homicidio y tortura, en el marco de operaciones desarrolladas en la zona durante el conflicto armado.
En cuanto a los responsables, la Sala llamó a reconocer su responsabilidad a siete antiguos integrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 “General José María Cabal” y a un exintegrante del Batallón de Contraguerrillas 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.
De acuerdo con la investigación, los hechos respondieron a tres patrones principales: la estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, la ejecución de asesinatos que luego eran presentados como bajas en combate, y el control militar sobre territorios habitados por comunidades étnicas y campesinas.
La JEP también documentó afectaciones derivadas de las aspersiones aéreas con glifosato, las cuales, según el informe, se realizaron de forma indiscriminada y sin procesos de consulta previa con las comunidades, generando impactos en la salud, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
Otro de los hallazgos relevantes es que miles de denuncias no fueron atendidas de manera adecuada. De más de 5.000 reportes documentados, solo una parte recibió algún tipo de respuesta o compensación, lo que evidencia fallas institucionales en la atención a las víctimas.
En el Caso 02 fueron acreditadas 110.677 víctimas, pertenecientes a comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas, campesinos y otros sectores vulnerables, incluyendo mujeres, niños y personas con identidades diversas.
Para llegar a estas conclusiones, la JEP analizó múltiples fuentes, entre ellas informes, testimonios, documentos y espacios de diálogo con las víctimas, aplicando enfoques diferenciales étnico, territorial y de género.
Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por cerrada la fase de investigación del Caso 02. El proceso avanzará ahora hacia las etapas de reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes y, posteriormente, a juicio dentro del sistema de justicia transicional.