Gobierno desmonta subsidio al diésel usado en la industria
El Gobierno nacional oficializó un cambio en la política de combustibles con la expedición del Decreto 0268 de 2026, mediante el cual se restringe el acceso a subsidios para ciertos usos del diésel. La medida establece que los combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados como materia prima para producir otros combustibles, incluidos los destinados a quemadores industriales, no podrán beneficiarse del mecanismo de estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
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La decisión busca corregir distorsiones en el mercado y garantizar que los recursos públicos destinados a estabilizar los precios de los combustibles lleguen realmente a los consumidores finales. Según el Gobierno, el objetivo es evitar que estos subsidios terminen favoreciendo procesos industriales intermedios que no trasladan ese beneficio al ciudadano.
El ajuste se da en un contexto de creciente presión fiscal sobre el FEPC, un instrumento creado para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales en los precios de los combustibles. De acuerdo con análisis técnicos, el consumo de diésel destinado a quemadores industriales registró un incremento significativo en los últimos años, pasando de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones de galones en 2024.
Este aumento generó un impacto directo en las finanzas del fondo. Solo entre enero y abril de 2025, el uso de combustibles estabilizados en este tipo de aplicaciones industriales representó un costo cercano a los 131 mil millones de pesos, lo que encendió las alertas del Ejecutivo y llevó a la adopción de medidas para mejorar la focalización de los subsidios.
Gobierno cierra subsidio al diésel para procesos industriales y protege recursos del FEPC.
— Minenergía (@MinEnergiaCo) March 17, 2026
Con la expedición del Decreto 0268 de 2026, el gobierno de @petrogustavo estableció que los combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados como insumo en procesos industriales,… pic.twitter.com/tRXWOyv9BW
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la decisión responde a la necesidad de proteger los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad del sistema. Según el funcionario, el FEPC debe cumplir su función principal: amortiguar el impacto de los precios internacionales en los combustibles que utilizan los ciudadanos, y no convertirse en un mecanismo de apoyo indirecto para ciertos sectores industriales.
Además de la protección fiscal, el Gobierno sostiene que la medida también busca promover mayor transparencia en el mercado de combustibles. Al eliminar estos beneficios, se pretende evitar lo que el Ministerio calificó como “incentivos perversos”, que podían generar ventajas indebidas para algunos actores de la cadena productiva.
El decreto también establece que, en los casos excluidos del subsidio, el precio de los combustibles será determinado libremente entre los agentes del mercado, lo que implica un ajuste en las dinámicas comerciales del sector. Sin embargo, se mantienen excepciones para los combustibles utilizados en mezclas con biocombustibles como el etanol o el biodiésel, en línea con los objetivos de transición energética y reducción de emisiones.
En los próximos dos meses, el Ministerio de Minas y Energía definirá los lineamientos operativos para la implementación de la medida, así como los mecanismos de reporte que deberán cumplir los actores involucrados en la cadena de distribución.
Con esta decisión, el Gobierno busca enviar un mensaje claro sobre el uso eficiente de los recursos públicos, en medio de un escenario donde el manejo del FEPC ha sido clave para la estabilidad económica y el control del impacto de los combustibles en el costo de vida de los colombianos.