Más de 275 mil hectáreas han sido recuperadas en el Cauca
La política de restitución de tierras en el departamento del Cauca registra uno de sus avances más significativos en los últimos años. De acuerdo con el balance entregado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), más de 275.931 hectáreas han sido restituidas durante la actual gestión, beneficiando a miles de víctimas del conflicto armado en esta región del país.
Las cifras evidencian un impulso importante en la reparación integral, especialmente en comunidades étnicas y campesinas. Según el informe, 17.787 personas han sido beneficiadas mediante la restitución de 274.124 hectáreas a través de la ruta étnica, y otras 1.807 hectáreas en procesos individuales, consolidando un alcance territorial amplio en zonas históricamente afectadas por la violencia.
Este avance cobra relevancia si se tiene en cuenta que el Cauca ha sido uno de los departamentos más golpeados por el despojo de tierras. Desde 2011 hasta el cierre de 2025, cerca de 905.890 hectáreas han sido inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, lo que refleja la magnitud del conflicto y las dificultades que durante años enfrentaron las víctimas para acceder a procesos de restitución.
Uno de los cambios destacados en la actual administración ha sido el aumento en la inscripción de solicitudes. De las 1.655 decisiones de fondo adoptadas, el 57% resultó en inscripción, lo que permitió que más casos avanzaran en el proceso. A esto se suma la caracterización de 26 territorios colectivos, que representan 415.593 hectáreas, consolidando casi la mitad de la tierra inscrita en los últimos 15 años.
En el enfoque étnico se concentran los principales resultados. Durante el actual Gobierno se han emitido doce fallos de restitución colectiva, que han permitido recuperar más de 274 mil hectáreas, equivalentes al 77% de lo logrado en toda la vigencia de la Ley 1448. Estas decisiones han beneficiado a siete consejos comunitarios y cinco resguardos indígenas, fortaleciendo el reconocimiento de los derechos territoriales de estas comunidades.
Además, la entidad ha radicado 52 demandas colectivas que reclaman cerca de 891.692 hectáreas, de las cuales el 73% fueron presentadas en la actual administración. Este incremento ha sido acompañado por el fortalecimiento institucional, incluyendo la apertura de nuevos juzgados especializados en restitución, lo que busca agilizar los procesos judiciales.
En cuanto a la ruta individual, también se reportan avances importantes. Se han intervenido 3.869 hectáreas en 671 casos en proceso de demanda, en el marco de una estrategia que busca mejorar las condiciones de acceso a los territorios. Municipios como Cajibío se destacan por la implementación de modelos de seguridad que permiten el acompañamiento de comunidades organizadas, facilitando el trabajo en terreno.
El informe también resalta un hecho relevante: el reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo dentro de los procesos de restitución. Actualmente, se adelantan casos en municipios como Cajibío, Mercaderes y Miranda, marcando un precedente en la reparación integral para estas comunidades.
En materia de proyectos productivos, la entidad ha ejecutado el 51% de las iniciativas implementadas en el marco de la Ley 1448, con una inversión que supera los 5.800 millones de pesos. Estas acciones buscan garantizar no solo el retorno a la tierra, sino también condiciones de sostenibilidad económica para las familias beneficiarias.
Desde la entidad se destacó que estos avances han sido posibles gracias al fortalecimiento institucional y al trabajo articulado con comunidades y autoridades locales, en medio de un contexto que aún presenta desafíos en materia de orden público.