RTVC denunció penalmente a Daniel Briseño por injuria y calumnia
El sistema de medios públicos RTVC interpuso acciones judiciales contra Daniel Briseño por presuntas conductas que podrían configurar los delitos de injuria, calumnia, falsedad documental y fraude procesal. El caso marca un nuevo capítulo en la confrontación entre actores políticos y medios estatales, ahora trasladado al terreno legal.
La denuncia surge en medio de una serie de señalamientos públicos realizados por Briseño desde 2025, en los que ha cuestionado el funcionamiento de RTVC y ha emitido acusaciones sobre presuntas irregularidades dentro del sistema de medios. Según lo expuesto por la entidad, estas afirmaciones habrían traspasado los límites de la crítica legítima, dando paso a posibles conductas sancionables penalmente.
Uno de los puntos centrales del caso es la presunta manipulación de material audiovisual. De acuerdo con lo explicado por el exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett, el congresista electo habría utilizado audios que, en realidad, corresponderían a momentos distintos, pero que habrían sido editados y fusionados para presentarlos como si fueran un solo registro continuo.
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Desde la perspectiva jurídica, este hecho podría configurar una falsedad en documento privado, ya que en el derecho penal colombiano los audios, videos o fotografías son considerados documentos cuando pueden servir como prueba. La alteración de estos elementos, si se comprueba, implicaría una distorsión de la verdad con potencial impacto en procesos judiciales o administrativos.
A esto se suma la posible comisión de fraude procesal, en caso de que dicho material haya sido utilizado con la intención de inducir en error a autoridades. Este delito se configura cuando, mediante un engaño, se busca que un funcionario adopte una decisión contraria a la ley, lo que agrava el alcance de la conducta investigada.
En paralelo, RTVC también sustenta su denuncia en una serie de declaraciones públicas que, según la entidad, constituyen injuria y calumnia. De acuerdo con lo señalado, Briseño habría atribuido conductas delictivas al sistema de medios y a sus integrantes, incluyendo afirmaciones sobre supuestas prácticas ilegales, lo que podría afectar directamente el buen nombre de la institución.
Otro elemento que hace parte de la controversia es la divulgación de información sobre un presunto gasto cercano a los 4,2 millones de pesos en una cena. Según la explicación entregada en el mismo espacio informativo, este hecho habría sido presentado sin contexto, omitiendo que se trataba de un evento institucional con participación de invitados internacionales en el marco de actividades propias de una entidad que opera bajo un régimen empresarial del Estado.
En ese sentido, se argumenta que la difusión de información incompleta o descontextualizada también podría tener implicaciones legales, especialmente si genera percepciones erróneas que deriven en investigaciones o afectaciones reputacionales.
Adicionalmente, se indicó que hasta el momento no se tiene conocimiento de denuncias formales presentadas por Briseño ante la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría en contra de RTVC, lo que ha sido interpretado por la entidad como una estrategia centrada en el ámbito mediático más que en instancias judiciales.
El caso ahora queda en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones formales y establecer responsabilidades. La posible configuración de delitos como falsedad documental, fraude procesal, injuria y calumnia implica un análisis detallado de las pruebas y del contexto en el que se produjeron los hechos.
Este episodio refleja un escenario cada vez más frecuente en el país: las disputas políticas y mediáticas que terminan trasladándose a los tribunales. En un entorno donde la libertad de expresión convive con la responsabilidad legal sobre lo que se afirma públicamente, serán las autoridades las encargadas de definir si se cruzaron los límites establecidos por la ley.