Cepeda reta a Uribe a presentar pruebas ante la justicia por acusaciones sobre crimen de Miguel Uribe Turbay
El candidato presidencial Iván Cepeda exigió al expresidente Álvaro Uribe Vélez que presente ante la justicia las pruebas que respalden las acusaciones que hizo en su contra en relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
A través de un comunicado público, Cepeda respondió a declaraciones recientes de Uribe, quien insinuó posibles responsabilidades del senador y del presidente Gustavo Petro en ese crimen. “Le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación”, escribió el candidato en su cuenta de X.
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Cepeda fue enfático en que, en un Estado de derecho, afirmaciones de esa gravedad deben tramitarse ante las autoridades judiciales y no quedarse en el terreno de las insinuaciones. Además, advirtió que este tipo de señalamientos afectan el debate democrático en medio de la campaña presidencial.
Las declaraciones del expresidente Uribe se dieron tras conocerse avances judiciales en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay, en el que ya existen decisiones judiciales contra personas señaladas de participar como intermediarios en el crimen. Según lo expuesto públicamente, la Fiscalía ha sostenido que estructuras armadas ilegales estarían detrás del hecho, hipótesis que hace parte del proceso en curso.
En ese contexto, Uribe planteó cuestionamientos sobre una supuesta instigación por parte de dirigentes políticos, sin presentar pruebas judiciales, lo que motivó la respuesta directa de Cepeda.
El candidato rechazó que el caso sea utilizado en el debate electoral sin sustento probatorio. “Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática”, señaló, insistiendo en que la discusión debe darse en los escenarios institucionales.
Este cruce se produce en un momento de alta tensión política, con la campaña presidencial en marcha y con el caso de Miguel Uribe Turbay como uno de los hechos más sensibles del debate público reciente.
Hasta ahora, las investigaciones continúan en curso y no se han establecido responsabilidades penales contra dirigentes políticos en este proceso, más allá de las decisiones adoptadas frente a personas vinculadas directamente al crimen.