Fallo revela que Drummond compró tierras despojadas por paramilitares en Cesar
Una sentencia judicial vuelve a poner en el centro del debate la relación entre conflicto armado, despojo de tierras y minería en Colombia. Un fallo de restitución determinó que varios predios arrebatados a campesinos por estructuras paramilitares en el Cesar terminaron años después en manos de la multinacional Drummond, que los incorporó a su megaproyecto minero El Descanso.
La decisión del Tribunal Superior de Cartagena estableció que cerca de 997 hectáreas ubicadas en la vereda El Platanal, en Agustín Codazzi, fueron despojadas entre la década de los 90 y los primeros años del 2000. Según el fallo, los campesinos fueron desplazados por el frente paramilitar Juan Andrés Álvarez, estructura que operaba en la zona y que ejercía presión violenta para forzar la venta de las tierras.
El patrón documentado en la sentencia muestra que, tras el desplazamiento, intermediarios compraban los predios a precios bajos y posteriormente los vendían a la compañía minera. En 2010, varios de esos terrenos pasaron oficialmente a manos de Drummond, que los integró a su operación carbonífera en el proyecto El Descanso, uno de los más grandes del país.
Uno de los casos emblemáticos es el de Pedro Orozco, campesino desplazado en 1996 tras amenazas de hombres armados. Su predio fue vendido bajo presión y años después terminó en manos de la empresa. El tribunal concluyó que estas transacciones no fueron voluntarias, sino resultado del miedo, la violencia y la imposibilidad de retorno, por lo que declaró la nulidad de esas compras.
A pesar de reconocer el despojo, la sentencia señala que no es posible la restitución material de las tierras debido a la transformación del territorio por la actividad minera. En su lugar, ordena compensaciones económicas o la entrega de otros predios a las víctimas, una obligación que recaerá sobre el Estado.
El fallo también cuestiona la actuación de la empresa al considerar que no obró con “buena fe exenta de culpa”, señalando que pudo haber identificado irregularidades en la procedencia de los terrenos al revisar los antecedentes jurídicos de las propiedades.
Este caso coincide con una acusación vigente de la Fiscalía General de la Nación, que investiga a exdirectivos de la compañía por presunta financiación de grupos paramilitares, específicamente del mismo frente señalado en el despojo. De acuerdo con ese proceso, los recursos habrían sido canalizados a través de contratos con proveedores, aunque este expediente judicial es independiente del fallo de restitución.
En contraste, Drummond ha rechazado de manera reiterada cualquier vínculo con estructuras ilegales. La compañía sostiene que ha operado conforme a la ley y recuerda que recientemente obtuvo un fallo favorable en Estados Unidos en un proceso por difamación relacionado con estas acusaciones.
Investigaciones académicas y del Centro Nacional de Memoria Histórica han documentado que en regiones como el Cesar existió un patrón en el que el desplazamiento forzado facilitó la concentración de tierras y la expansión de proyectos extractivos, lo que ubica el caso de El Platanal dentro de una dinámica más amplia de transformación territorial.
La decisión judicial reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial en contextos de conflicto armado y deja en evidencia las dificultades para garantizar una restitución efectiva cuando los territorios han sido profundamente transformados por actividades económicas de gran escala.