Jota Pe Hernández y Lina Garrido podrían enfrentar condena en proceso con Petro
La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y los congresistas Jota Pe Hernández y Lina María Garrido escaló oficialmente al terreno judicial luego de fracasar la audiencia de conciliación realizada en la Corte Suprema de Justicia.
El mandatario denunció a los congresistas por presunto menoscabo a la integridad nacional, injuria, calumnia e instigación a la guerra, tras varias publicaciones en redes sociales donde los opositores pidieron que autoridades de Estados Unidos investigaran al jefe de Estado por supuestos vínculos ilegales.
La audiencia, realizada el 22 de mayo de 2026, terminó sin acuerdo. Jota Pe Hernández aseguró que no se retractará y que continuará solicitando investigaciones contra Petro. “Nadie está por encima de la ley”, afirmó el congresista al salir de la diligencia.
Por su parte, el abogado del presidente, Alejandro Carranza, sostuvo que los señalamientos hechos por los congresistas afectaron la soberanía y la legitimidad institucional del Estado colombiano. Incluso afirmó que no se puede permitir que congresistas “pidan que un poder extranjero se lleve al presidente de Colombia”.
El origen del choque con Estados Unidos
El caso se produce en medio de una fuerte tensión política alrededor de las relaciones entre el Gobierno Petro y sectores políticos estadounidenses.
Durante los últimos meses, dirigentes de oposición han insistido en que organismos judiciales de Estados Unidos investiguen al mandatario colombiano por presuntas relaciones con estructuras ilegales y posibles irregularidades electorales. Petro ha respondido denunciando lo que considera una estrategia internacional para debilitar su gobierno.
La confrontación se agravó luego de que congresistas y dirigentes políticos mencionaran públicamente la posibilidad de sanciones internacionales o investigaciones externas contra el presidente colombiano, algo que el Gobierno interpretó como un ataque contra la soberanía nacional.
¿Qué podría pasar ahora?
Aunque el fracaso de la conciliación no significa una condena automática, sí permite que el proceso continúe en la Corte Suprema.
Jurídicamente, la Sala de Instrucción deberá analizar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una acusación formal contra los congresistas. De ocurrir eso, el caso podría pasar posteriormente a juicio.
Expertos señalan que delitos como injuria y calumnia normalmente pueden terminar en sanciones económicas o penas judiciales dependiendo de la gravedad y de si se demuestra intención de afectar derechos fundamentales. Sin embargo, el delito de menoscabo a la integridad nacional tiene un componente mucho más delicado dentro del Código Penal colombiano porque involucra posibles afectaciones a la soberanía del Estado.
Por ahora, no existe ninguna condena ni decisión definitiva contra Jota Pe Hernández o Lina Garrido. Pero el hecho de que el presidente de la República haya llevado el caso hasta la Corte Suprema convirtió el enfrentamiento político en un expediente judicial de alto impacto nacional.
Mientras tanto, el proceso sigue aumentando la polarización entre el Gobierno y la oposición en plena campaña presidencial de 2026.