Senador del Partido de la U impulsa nuevo seguro obligatorio además del SOAT para conductores
Un artículo incluido en el Proyecto de Ley 227 de 2025 ha generado polémica en el Congreso y entre los conductores colombianos. Se trata del artículo 37, que propone crear un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual para quienes cuenten con licencia de conducción habilitada para manejar vehículos particulares.
De ser aprobado, el nuevo requisito no reemplazaría al SOAT, sino que se sumaría a las obligaciones que ya deben cumplir millones de conductores en el país. Mientras el SOAT cubre la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito, la nueva póliza estaría destinada a responder por los daños ocasionados a terceros como consecuencia de un siniestro vial.
La iniciativa fue presentada por el senador Julio Alberto Elías Vidal y plantea que el seguro esté asociado directamente a la licencia de conducción y no al vehículo. Esto significa que cualquier ciudadano con licencia vigente tendría que adquirir la póliza para poder conducir legalmente.
Según estimaciones conocidas durante el debate, la medida podría impactar a cerca de 13 millones de colombianos registrados en el RUNT. El valor proyectado del seguro rondaría los $131.000 pesos anuales, aunque la cifra definitiva dependerá de las condiciones que se establezcan si el proyecto avanza en el Congreso.
El articulado establece además coberturas mínimas para responder por daños causados a terceros. En algunos casos, la protección propuesta alcanzaría hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada siniestro.
La propuesta ha despertado críticas de distintos sectores. Uno de los cuestionamientos más visibles fue formulado por el representante Daniel Briceño, quien advirtió que la medida podría convertirse en una nueva carga económica para los ciudadanos que ya deben asumir gastos como el SOAT, impuestos vehiculares, revisiones técnico-mecánicas y mantenimiento.
El debate también ha llamado la atención porque durante los últimos años el gobierno nacional ha impulsado medidas para reducir costos asociados a la movilidad, incluyendo subsidios al SOAT. Por ello, sectores críticos consideran contradictorio que ahora se estudie la creación de una nueva obligación económica para los conductores.
Otro elemento que ha generado discusión es que una figura similar ya había sido incorporada en la Ley 2283 de 2023, pero posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, por lo que algunos congresistas consideran que el tema requerirá una revisión jurídica cuidadosa.
Por ahora, el artículo continúa su trámite legislativo y aún deberá superar varios debates antes de convertirse en ley.