Gobierno anuncia paquete antiinflacionario y advierte posible emergencia económica
Foto: Presidencia de la república
El presidente Gustavo Petro anunció un paquete de medidas antiinflacionarias para enfrentar el impacto de las altas tasas de interés, al tiempo que advirtió que podría decretar una nueva emergencia económica si no hay coordinación con el Banco de la República.
Durante una alocución, el mandatario aseguró que la inflación actual responde a factores de oferta, por lo que cuestionó la efectividad del incremento en tasas de interés. Según explicó, esta política ha afectado sectores clave como la industria y la construcción, reduciendo el crecimiento económico y encareciendo el acceso al crédito.
El jefe de Estado también señaló que el aumento en las tasas ha elevado el costo de la deuda pública y concentrado beneficios en sectores financieros, incluyendo bancos, fondos de pensiones y capital extranjero.
Vea la alocución completa:
Entre las medidas anunciadas, el Gobierno subsidiará fertilizantes para reducir el costo de los alimentos y restringirá su exportación cuando sean producidos en el país. Además, planteó limitar exportaciones de carne para priorizar el abastecimiento interno y bajar precios al consumidor.
En materia de crédito, instruyó a entidades como el Banco Agrario, Finagro y Bancóldex a ofrecer líneas subsidiadas para la producción agrícola y la pequeña industria. También anunció la entrega de tierras a campesinos y programas de mejoramiento de vivienda y energía solar como mecanismos para generar empleo.
Finalmente, el presidente propuso una nueva ley de financiamiento enfocada en gravar a los sectores que, según dijo, se benefician de las altas tasas de interés, e insistió en que, de no lograrse una reducción en estas, el Gobierno recurrirá a una emergencia económica para proteger la producción y el empleo.
Gobierno anuncia paquete antiinflacionario y advierte posible emergencia económica
Foto: Presidencia de la república
El presidente Gustavo Petro anunció un paquete de medidas antiinflacionarias para enfrentar el impacto de las altas tasas de interés, al tiempo que advirtió que podría decretar una nueva emergencia económica si no hay coordinación con el Banco de la República.
Durante una alocución, el mandatario aseguró que la inflación actual responde a factores de oferta, por lo que cuestionó la efectividad del incremento en tasas de interés. Según explicó, esta política ha afectado sectores clave como la industria y la construcción, reduciendo el crecimiento económico y encareciendo el acceso al crédito.
El jefe de Estado también señaló que el aumento en las tasas ha elevado el costo de la deuda pública y concentrado beneficios en sectores financieros, incluyendo bancos, fondos de pensiones y capital extranjero.
Vea la alocución completa:
Entre las medidas anunciadas, el Gobierno subsidiará fertilizantes para reducir el costo de los alimentos y restringirá su exportación cuando sean producidos en el país. Además, planteó limitar exportaciones de carne para priorizar el abastecimiento interno y bajar precios al consumidor.
En materia de crédito, instruyó a entidades como el Banco Agrario, Finagro y Bancóldex a ofrecer líneas subsidiadas para la producción agrícola y la pequeña industria. También anunció la entrega de tierras a campesinos y programas de mejoramiento de vivienda y energía solar como mecanismos para generar empleo.
Finalmente, el presidente propuso una nueva ley de financiamiento enfocada en gravar a los sectores que, según dijo, se benefician de las altas tasas de interés, e insistió en que, de no lograrse una reducción en estas, el Gobierno recurrirá a una emergencia económica para proteger la producción y el empleo.
Más de 11.000 solicitudes y 623.000 víctimas: la restitución de tierras transforma Nariño
Foto: URT
La restitución de tierras en el departamento de Nariño sigue siendo un proceso clave para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Más de 623.000 personas han sido reconocidas como víctimas del despojo, y más de 11.000 están registradas en solicitudes formales de restitución, según cifras oficiales.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha intensificado su trabajo en esta región estratégica por sus dinámicas de frontera, su acceso al Pacífico y su geografía de cordillera. Cada acción busca garantizar que las tierras vuelvan a manos de quienes fueron despojados, permitiendo que familias y comunidades puedan reconstruir sus vidas y retomar proyectos agrícolas y de vivienda.
🎧✨ ¡Vuelve Restitución en Voz Alta!
Inicia una nueva temporada con más territorios, más historias y más voces que transforman vidas. Recorreremos Colombia para seguir contando cómo la restitución devuelve la tierra y reconstruye el futuro de miles de familias.
— Unidad de Restitución de Tierras (@URestitucion) March 31, 2026
Expertos señalan que la restitución no solo implica la entrega de predios, sino también la recuperación del tejido social y económico, asegurando derechos territoriales y promoviendo desarrollo local. Los casos recientes en Nariño muestran cómo la restitución puede transformar la vida de las comunidades y generar oportunidades de crecimiento en zonas históricamente afectadas por la violencia.
DNP rechaza alza de tasas del Banco de la República: “Atropello sin precedentes a la economía colombiana”
Fuente: DANE y Banco de la República
La Directora General del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalie Irene, expresó un rechazo total a la reciente decisión de la Junta del Banco de la República de elevar la tasa de interés a 11,25%, calificándola de “técnicamente injustificable” y de constituir un atropello sin precedentes a la economía colombiana.
Según la funcionaria, la medida afecta directamente la inversión y el crecimiento económico, al encarecer el crédito, la construcción y la economía real. “Mantener esta brecha inédita entre inflación y tasas de interés asfixia la inversión y castiga el crecimiento económico nacional”, señaló. La inflación ha mostrado un descenso constante, pasando de un pico de 13,34% en marzo de 2023 a 5,29% en febrero de 2026, retomando su senda descendente, lo que, según la DNP, hace que el aumento de la tasa carezca de justificación técnica.
Rechazo total a la decisión de la junta del @BancoRepublica de elevar la tasa de interés hasta 11,25%. Resulta técnicamente injustificable y constituye un atropello sin precedentes a la economía colombiana.
El alza, adoptada por mayoría en la Junta del Banco, fue defendida por el emisor como un mecanismo para contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, la DNP advierte que la medida llega en un contexto donde la economía muestra signos positivos, con desempleo en descenso y estabilidad en los precios, por lo que limitar la actividad económica resulta contraproducente.
El Gobierno nacional, representado por el Ministro de Hacienda, recibió el respaldo total de la DNP frente a esta coyuntura. La directora reiteró que la política monetaria no puede ignorar la situación del país real, y que la insistencia en frenar la economía mientras se recupera el empleo y la inversión pone en riesgo los avances alcanzados por las familias y los sectores productivos.
Expertos en economía coinciden en que decisiones como la reciente alza de la tasa tienen efectos directos en el costo de los créditos, el precio de la vivienda y los proyectos de infraestructura, generando un impacto inmediato en la capacidad de consumo de los hogares y en la actividad productiva. La DNP, desde su posición técnica, insiste en que las decisiones de política monetaria deben estar alineadas con la situación económica y social del país, buscando equilibrio entre estabilidad financiera y crecimiento sostenido.
Con esta declaración, la DNP marca un claro alineamiento con el Gobierno y evidencia la preocupación por el rumbo de la política monetaria, advirtiendo sobre los riesgos de mantener tasas altas en un contexto de inflación controlada. El país enfrenta así un escenario de tensión entre la Junta del Banco de la República y las autoridades del Ejecutivo, en medio de decisiones que tendrán impacto directo en la economía de los colombianos.
Ruptura histórica entre el Gobierno y el Banco de la República tras alza de la tasa de interés
Foto: Presidencia / Redes sociales
El Gobierno del presidente Gustavo Petro protagonizó este miércoles una ruptura institucional histórica con el Banco de la República, tras el incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, que quedó en 11,25%. El mandatario afirmó que la Junta del emisor continúa con una actitud de “matar la economía colombiana” y anunció que el Ministerio de Hacienda se retira de la Junta Directiva, señalando que no participará de lo que calificó como una “posición de oposición suicida”.
Cómo avise la junta del banco de la república sigue en su actitud de matar la economía colombiana.
El gobierno se retira de la junta. No somos participes de una posición de oposición suicida. https://t.co/E3LKoOD8Oy
El presidente explicó que la decisión de subir las tasas no responde a la situación económica real del país. Según Petro, esta medida afectará sectores productivos, exportadores y los ahorros de los colombianos, mientras que favorecería a determinados grupos financieros. “Lo que buscan es arruinar la economía para incrementar las ganancias de los banqueros y dueños de títulos de deuda pública”, afirmó. Además, denunció que la Junta estaría parcializada y respondería a intereses de la oposición política, en lugar de actuar en favor de la sociedad.
Por su parte, el Banco de la República defendió la decisión, argumentando que la medida busca contener la inflación, que en enero y febrero alcanzó 5,4% y 5,3%, por encima del cierre de 2025 (5,1%). El gerente Leonardo Villar recalcó que todos los miembros de la Junta, salvo el ministro, actúan según su convicción profesional y el mandato constitucional, cuyo objetivo es proteger el poder adquisitivo de la moneda colombiana.
Inflación y tasa de interés
El exministro y excodirector del Banco, José Antonio Campo, explicó que es responsabilidad constitucional del ministro de Hacienda asistir y presidir la Junta, incluso si no está de acuerdo con las decisiones de la mayoría. Según Campo, la ausencia del ministro complica la operatividad de la Junta y marca un precedente inédito en la historia reciente del emisor.
Expertos económicos, como María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, advirtieron que la ruptura “no es una diferencia técnica, es una medida riesgosa para la estabilidad económica del país. La economía no se puede politizar”.
El anuncio se produce en un contexto de incremento en los precios de la gasolina y el ACPM, que se empezarán a reflejar a partir de hoy, generando preocupación entre hogares y sectores productivos.
El retiro del Ejecutivo busca dejar constancia de su discrepancia frente a la Junta, marcando un nuevo capítulo en la polémica por la política monetaria en Colombia. La medida evidencia la tensión entre política y economía real, en un momento en que las decisiones sobre inflación, tasas de interés y crédito tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los colombianos.
Niños sobrevivieron tres días ocultos en la selva tras huir de disidencias de las Farc en Caquetá
Foto: Fuerzas Militares de Colombia
Tropas del Ejército Nacional lograron ubicar a los niños en zona rural de Cartagena del Chairá, luego de una misión que inició en la noche del lunes y se extendió hasta la madrugada, atravesando más de cinco horas de caminata en condiciones complejas.
De acuerdo con el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División, los menores fueron encontrados “deshidratados, asustados y sorprendidos”, tras permanecer durante tres días ocultos en la selva. Entre ellos se encontraba una niña de apenas tres años, junto a otros menores y adolescentes que resistieron en condiciones extremas para evitar ser ubicados por el grupo armado ilegal.
El alto oficial explicó que los niños estaban acompañados por un adulto mayor, trabajador de la finca, quien tomó la decisión de huir con ellos hacia la espesura de la selva tras conocer que las disidencias pretendían encontrarlos. “Colocar a una niña de tres años en estas condiciones evidencia la gravedad de lo ocurrido”, señaló el general, al describir el estado en que fueron hallados.
Foto: Fuerzas Militares de Colombia
Según la información oficial, la situación se originó días antes cuando los padres de los menores, campesinos de la región, fueron retenidos por una estructura ilegal. Durante cerca de 12 días habrían sido sometidos a presiones y abusos, hasta que lograron escapar y alertar a las autoridades. Tras esa fuga, la reacción del grupo armado fue ordenar la búsqueda de los hijos como mecanismo de presión y represalia.
Las autoridades identifican como responsables a alias “La Morocha” y alias “Urías”, presuntos cabecillas de una facción disidente vinculada a alias “Calacá”. De acuerdo con el relato entregado por el Ejército, la intención era forzar la entrega de los menores e incluso utilizarlos para obligar al padre a presentarse ante la estructura armada.
#ProtegemosLaVida de nuestros niños y de cada colombiano. En una operación precisa y sostenida en zona rural de Cartagena del Chairá, nuestras @FuerzasMilCol, con el apoyo decisivo de la @FuerzaAereaCol, lograron rescatar sanos y salvos a cinco menores de edad que permanecían… pic.twitter.com/MkzKD1cd57
— Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 31, 2026
El operativo de rescate contó con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, incluyendo el uso del denominado “avión Fantasma”, lo que permitió ubicar a los menores en una zona de difícil acceso. Una vez rescatados, fueron trasladados para recibir atención médica especializada, especialmente por los signos de deshidratación.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó los hechos y anunció recompensas de hasta 400 y 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables. Además, desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ordenó intensificar las operaciones contra estas estructuras armadas.
El caso evidencia nuevamente el riesgo que enfrentan comunidades rurales en zonas bajo influencia de grupos ilegales y revive la alerta por el reclutamiento forzado de menores, una de las prácticas más graves del conflicto que persiste en regiones apartadas del país.
Gobierno marca ruptura con el Banco de la República por posible aumento de tasas de interés
Foto: Redes Sociales
El Gobierno Nacional confirmó un distanciamiento con la junta directiva del Banco de la República en medio del debate por un posible incremento de la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, una decisión que ha generado profundas diferencias entre el Ejecutivo y el emisor.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se retiró de la sesión de la junta antes de su finalización y dejó claro que el Gobierno no respaldará las decisiones que allí se adopten. Según explicó, la propuesta de aumento impulsada por cuatro miembros del organismo es “desproporcionada” y podría tener efectos negativos sostenidos sobre la economía, especialmente en un contexto que, según el Ejecutivo, muestra señales de recuperación.
Durante su intervención, el jefe de la cartera económica también cuestionó el funcionamiento interno del banco central. En particular, señaló que una comunicación enviada a medios de comunicación a nombre de la junta directiva no habría sido discutida ni autorizada por todos sus integrantes. Para el ministro, este hecho constituye un uso indebido del nombre del organismo y compromete la transparencia en la toma de decisiones.
El Gobierno sostiene que un nuevo aumento de tasas, sumado al incremento previo realizado en enero, podría encarecer el crédito y frenar sectores clave como la industria, el agro y las microempresas. Desde esta perspectiva, el Ejecutivo considera que la inflación actual no responde a un exceso de demanda interna, sino a choques externos de oferta, como el comportamiento de los precios internacionales de combustibles y otros insumos, por lo que el uso de herramientas de política monetaria como el alza de tasas tendría efectos limitados.
foto: banco de la república
En ese sentido, el ministro planteó que las decisiones del banco central estarían basadas en análisis que priorizan la visión del sector financiero, dejando por fuera otras lecturas de la economía, particularmente las relacionadas con el aparato productivo. Por ello, propuso abrir un debate nacional más amplio que incluya a universidades, sectores productivos y distintos actores económicos, con el fin de discutir el rumbo de la política monetaria en el país.
El anuncio también deja abierta la posibilidad de que el Gobierno reevalúe su participación en futuras sesiones de la junta directiva, lo que marcaría un punto de inflexión en la relación institucional entre el Ejecutivo y el Banco de la República.
Este episodio se produce en medio de un contexto económico complejo, con presiones externas y desafíos internos que han intensificado las diferencias sobre cómo enfrentar la inflación sin afectar el crecimiento. La tensión entre ambas partes refleja visiones distintas sobre el equilibrio entre control de precios y dinamismo económico, en un momento clave para la estabilidad del país.
El Pacto Histórico logró ampliar su representación en la Cámara de Representantes luego de la finalización del escrutinio nacional, pasando de 39 curules reportadas en el preconteo a un total de 42 escaños confirmados, según cifras entregadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El presidente del CNE, Cristian Quirós, explicó que esta variación responde al proceso de verificación voto a voto, en el que participaron testigos electorales y equipos jurídicos de las colectividades, lo que permitió ajustar los resultados preliminares. El magistrado destacó además la rapidez del proceso, señalando que el escrutinio de Cámara se completó en aproximadamente diez días.
Foto: Redes Sociales
Con este resultado, el Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza política en la Cámara a nivel regional. Solo en Bogotá, la coalición alcanzó ocho curules con cerca de 930 mil votos, mientras que también logró avances en departamentos donde históricamente no tenía predominio.
En Antioquia, una de las regiones clave del país, el movimiento obtuvo tres curules, al igual que en Nariño. En Santander y Atlántico consiguió dos escaños en cada uno, ampliando su presencia en territorios tradicionalmente dominados por partidos de oposición o de centro derecha.
El balance general del CNE también indica que el Pacto Histórico superó los 4,4 millones de votos en Cámara, consolidando su crecimiento electoral. Sin embargo, aún hay aspectos por definir dentro del proceso.
En el departamento del Chocó persisten impugnaciones que deberán ser resueltas por la sala plena del Consejo Nacional Electoral, lo que podría incidir en la asignación final de curules en esa circunscripción.
Asimismo, la curul internacional continúa en disputa, debido a que faltan actas provenientes de algunos países, entre ellos Rusia y Ghana, que aún no han sido incorporadas al consolidado general del escrutinio.
De otro lado, el CNE anunció que el escrutinio para el Senado de la República comenzará el próximo lunes, una vez finalizado el proceso de Cámara. Según lo previsto, este procedimiento podría tomar cerca de cinco días.
Los congresistas elegidos asumirán sus funciones el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo periodo legislativo 2026-2030.
Cepeda anuncia acciones penales contra concejal ‘Gury’ por difamación y hostigamiento
Foto: Redes Sociales
El senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una denuncia penal y una queja disciplinaria contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “Gury”, en medio de la controversia por recientes declaraciones públicas.
A través de su cuenta en X, Cepeda señaló que la acción se sustenta en presuntos actos de difamación, hostigamiento y comportamiento violento. Según el congresista, las intervenciones del cabildante “incitan a la violencia contra la ciudadanía y otros servidores públicos”, además de afectar la dignidad de la institución que representa.
ANUCIO QUE EMPRENDERÉ ACCIÓN PENAL Y DISCIPLINARIA CONTRA ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PUERTA, ‘GURY’
Anuncio que presentaré denuncia penal y queja disciplinaria contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, por sus actos de difamación y hostigamiento, así como… pic.twitter.com/bw53WFPNRT
La decisión se da tras un cruce de declaraciones entre ambos, luego de que Cepeda calificara como “energúmeno” al concejal en medio de un discurso público. Rodríguez Puerta respondió con expresiones de alto tono contra el senador, incluyendo señalamientos personales y descalificaciones hacia sus posturas políticas.
Foto: Redes Sociales
El caso ha generado polémica en Medellín por el nivel del lenguaje utilizado y el tono del debate, que ha escalado más allá de las diferencias ideológicas. Sectores políticos y ciudadanos han manifestado preocupación por el impacto de este tipo de confrontaciones en el clima democrático y el respeto entre actores públicos.
Por su parte, las autoridades competentes deberán evaluar las denuncias anunciadas y determinar si las conductas señaladas configuran faltas disciplinarias o delitos.
Gobierno Petro recupera tierras y ciénagas en Córdoba que estaban en manos de estructuras criminales
La “Misión Córdoba” busca devolver territorios a campesinos, desmontar control ilegal sobre humedales y frenar las inundaciones en el Caribe.
Foto: Agencia nacional de tierras
El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en la recuperación de tierras y ecosistemas estratégicos en el departamento de Córdoba, como parte de la estrategia “Misión Córdoba”, que combina reforma agraria y restauración ambiental.
Durante una jornada en Cereté, la Agencia Nacional de Tierras confirmó la entrega de 3.600 hectáreas a más de mil familias campesinas afectadas por las recientes inundaciones.
Foto: Agencia nacional de tierras
Según reportes oficiales y medios, parte de estos predios habían estado en manos de personas vinculadas a estructuras criminales o procesos judiciales, incluyendo bienes que pertenecieron a figuras condenadas por corrupción o narcotráfico y que fueron recuperados por el Estado para su redistribución.
Recuperación de tierras tras décadas de conflicto
Uno de los casos más representativos es la ciénaga de Corralito, donde el Gobierno recuperó terrenos que durante décadas estuvieron bajo control de estructuras ilegales asociadas al paramilitarismo y al narcotráfico.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, estas tierras estuvieron marcadas por amenazas, desplazamientos e incluso asesinatos contra comunidades campesinas y pescadoras que reclamaban su uso.
La intervención permitió devolver más de 180 hectáreas a estas comunidades, en lo que el Gobierno ha calificado como un proceso de justicia agraria y reparación territorial.
Foto: Agencia nacional de tierras
El papel de los jarillones y el control del agua
La estrategia también apunta a desmontar infraestructuras que alteraron el equilibrio ambiental. En la región del Bajo Sinú, la Agencia Nacional de Tierras ha identificado jarillones, diques y terraplenes construidos por particulares que desviaron el curso natural del agua, afectando las ciénagas y agravando las inundaciones.
Iniciamos la demolición de jarillones en el Humedal Berlín, en Montería, Córdoba, con maquinaria del Ejército Nacional y el acompañamiento de la Policía, la Alcaldía de Montería, la CVS y líderes campesinos.
— Agencia Nacional de Tierras (@AgenciaTierras) March 26, 2026
Incluso comunidades campesinas han señalado que estas estructuras fueron levantadas para proteger intereses privados —como ganadería o cultivos— mientras poblaciones cercanas quedaban bajo el agua.
Como respuesta, el Gobierno ha iniciado la demolición de estos obstáculos para restablecer la conectividad hídrica entre ríos y humedales, una medida clave para reducir riesgos climáticos y recuperar ecosistemas.
Una apuesta por transformar el territorio
La “Misión Córdoba” busca intervenir hasta 50.000 hectáreas de ciénagas en la región, combinando la recuperación ambiental con la entrega de tierras a comunidades rurales.
Además de atender la emergencia por inundaciones, el objetivo es cambiar el modelo de uso del suelo en zonas históricamente afectadas por concentración de la tierra, economías ilegales y conflictos armados.
En este contexto, el Gobierno también avanza en herramientas como la jurisdicción agraria, orientada a resolver disputas por la tierra y garantizar acceso legal para campesinos.
Fallo revela que Drummond compró tierras despojadas por paramilitares en Cesar
Foto: Redes sociales / drummondltd prensa
Una sentencia judicial vuelve a poner en el centro del debate la relación entre conflicto armado, despojo de tierras y minería en Colombia. Un fallo de restitución determinó que varios predios arrebatados a campesinos por estructuras paramilitares en el Cesar terminaron años después en manos de la multinacional Drummond, que los incorporó a su megaproyecto minero El Descanso.
La decisión del Tribunal Superior de Cartagena estableció que cerca de 997 hectáreas ubicadas en la vereda El Platanal, en Agustín Codazzi, fueron despojadas entre la década de los 90 y los primeros años del 2000. Según el fallo, los campesinos fueron desplazados por el frente paramilitar Juan Andrés Álvarez, estructura que operaba en la zona y que ejercía presión violenta para forzar la venta de las tierras.
El patrón documentado en la sentencia muestra que, tras el desplazamiento, intermediarios compraban los predios a precios bajos y posteriormente los vendían a la compañía minera. En 2010, varios de esos terrenos pasaron oficialmente a manos de Drummond, que los integró a su operación carbonífera en el proyecto El Descanso, uno de los más grandes del país.
Información tomada de la revista raya
Uno de los casos emblemáticos es el de Pedro Orozco, campesino desplazado en 1996 tras amenazas de hombres armados. Su predio fue vendido bajo presión y años después terminó en manos de la empresa. El tribunal concluyó que estas transacciones no fueron voluntarias, sino resultado del miedo, la violencia y la imposibilidad de retorno, por lo que declaró la nulidad de esas compras.
A pesar de reconocer el despojo, la sentencia señala que no es posible la restitución material de las tierras debido a la transformación del territorio por la actividad minera. En su lugar, ordena compensaciones económicas o la entrega de otros predios a las víctimas, una obligación que recaerá sobre el Estado.
El fallo también cuestiona la actuación de la empresa al considerar que no obró con “buena fe exenta de culpa”, señalando que pudo haber identificado irregularidades en la procedencia de los terrenos al revisar los antecedentes jurídicos de las propiedades.
Foto: drummondltd prensa
Este caso coincide con una acusación vigente de la Fiscalía General de la Nación, que investiga a exdirectivos de la compañía por presunta financiación de grupos paramilitares, específicamente del mismo frente señalado en el despojo. De acuerdo con ese proceso, los recursos habrían sido canalizados a través de contratos con proveedores, aunque este expediente judicial es independiente del fallo de restitución.
En contraste, Drummond ha rechazado de manera reiterada cualquier vínculo con estructuras ilegales. La compañía sostiene que ha operado conforme a la ley y recuerda que recientemente obtuvo un fallo favorable en Estados Unidos en un proceso por difamación relacionado con estas acusaciones.
Investigaciones académicas y del Centro Nacional de Memoria Histórica han documentado que en regiones como el Cesar existió un patrón en el que el desplazamiento forzado facilitó la concentración de tierras y la expansión de proyectos extractivos, lo que ubica el caso de El Platanal dentro de una dinámica más amplia de transformación territorial.
La decisión judicial reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial en contextos de conflicto armado y deja en evidencia las dificultades para garantizar una restitución efectiva cuando los territorios han sido profundamente transformados por actividades económicas de gran escala.
Pacto Histórico se consolida como la mayor fuerza en el Congreso tras escrutinio
Foto: Redes sociales
El mapa político quedó definido tras el conteo final. Con el cierre del escrutinio para el Congreso de la República, el Pacto Histórico se ratificó como la mayor fuerza política del país, al alcanzar 25 curules en el Senado y 42 en la Cámara de Representantes.
La consolidación de estos resultados estuvo marcada por la recuperación de votos en regiones clave como Bogotá y Antioquia, donde el partido logró aumentar su representación frente a los datos iniciales del preconteo.
Foto: Redes sociales
Según explicó Alí Bantú Ashanti, coordinador del escrutinio de la colectividad, este resultado es producto del trabajo riguroso de más de 1.000 abogados, testigos electorales y veedores que participaron en la vigilancia del proceso. Esta labor permitió recuperar miles de votos y asegurar curules en diferentes territorios del país.
En el balance final, el movimiento político logró presencia en 20 departamentos, destacándose Bogotá con 8 curules, Valle del Cauca con 6 y Antioquia, Cundinamarca y Nariño con 3 cada uno. Otros departamentos como Atlántico, Cauca, Santander y Tolima también aportan representación, mientras que regiones como Bolívar, Córdoba, Magdalena y Meta cuentan con una curul cada una.
Uno de los casos más representativos se registró en Bogotá, donde, según el representante Gabriel Becerra, se recuperaron 17.255 votos durante el escrutinio, pasando de 915.473 en el preconteo a 932.728 en el resultado final.
Detalles de el escrutinio en bogotá
Durante el proceso, también se plantearon inquietudes sobre la ciberseguridad del software electoral. Ashanti advirtió posibles riesgos de manipulación, por lo que solicitó al Consejo Nacional Electoral ampliar plazos para fortalecer la vigilancia ciudadana.
El resultado final posiciona al Pacto Histórico como la bancada más numerosa en el Congreso para el periodo 2026-2030, consolidando su alcance nacional y su capacidad de incidencia legislativa.
Histórico: Colombia presenta su primera patrullera oceánica construida en el país
Foto: Presidencia
Un hito en la industria nacional y la defensa marítima. Colombia dio un paso significativo en su capacidad industrial y estratégica con la presentación de la patrullera oceánica ARC “24 de Julio”, la primera embarcación de este tipo diseñada y construida en el país.
El anuncio fue encabezado por el presidente Gustavo Petro, quien destacó que se trata del buque más grande fabricado en Colombia, con participación mayoritaria de talento nacional. “Estamos entregando el buque más grande hecho en Colombia y 100% confeccionado, diseñado por ingenieros e ingenieras colombianas. Aunque algunas partes son importadas por limitaciones tecnológicas, el componente nacional es muy, muy colombiano”, afirmó.
Foto: Presidencia
La embarcación es resultado de un proceso que se ha consolidado durante varios años en la Armada de Colombia, a través de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado en el ámbito industrial y de defensa.
Durante su intervención, el mandatario subrayó que el desarrollo de este tipo de proyectos hace parte de una visión de país que busca impulsar la industrialización a partir de sectores estratégicos. Señaló que, históricamente, potencias como Japón, Alemania o Estados Unidos han consolidado sus capacidades productivas apoyándose en la industria para la defensa, generando encadenamientos productivos y avances tecnológicos.
Foto: Presidencia
En ese contexto, Petro también resaltó el papel del conocimiento, la ciencia y el trabajo colectivo como motores de transformación. Indicó que la innovación y la capacidad de resolver problemas complejos han sido determinantes en momentos históricos, incluso en el desarrollo de tecnologías como el internet, que tuvo orígenes en el ámbito militar.
La patrullera ARC “24 de Julio” permitirá fortalecer la presencia del Estado en aguas marítimas, con funciones clave en operaciones de búsqueda y rescate, atención de emergencias, apoyo humanitario y control de delitos transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y la migración irregular. También contribuirá a la protección del medio ambiente marino.
Este desarrollo representa no solo un avance en soberanía y seguridad, sino también un impulso a la industria nacional y a la consolidación de capacidades tecnológicas propias.
Juez concluye que Iván Cepeda no vulneró la honra de los antioqueños
Foto: Redes sociales
Un juez de Medellín negó una acción de tutela que buscaba obligar al senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro a retractarse y pedir disculpas por un discurso pronunciado en febrero de 2026 en la capital antioqueña. En esa intervención, el dirigente afirmó que el departamento “se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”.
La decisión, adoptada por el Juzgado 18 Civil de Medellín, resolvió no conceder el amparo solicitado por los ciudadanos Juan Diego Sánchez Galeano, William Ortiz Vélez y Tatiana Echavarría Arango, quienes alegaban vulneración a sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad. Según los accionantes, las declaraciones del candidato generaban estigmatización contra los habitantes de Antioquia.
En el análisis del caso, el despacho judicial sostuvo que, al tratarse de un candidato presidencial, sus expresiones en el marco de una campaña política cuentan con una protección constitucional reforzada. En ese sentido, indicó que cualquier restricción a su libertad de expresión debe ser examinada con mayor rigor y que la opinión pública debe tener un margen amplio de tolerancia frente a este tipo de pronunciamientos.
Foto: Redes sociales
El fallo también advirtió que no es posible evaluar una frase de manera aislada sin caer en descontextualización. Tras revisar el discurso completo del 16 de febrero de 2026, el juez concluyó que Cepeda no buscó estigmatizar a los antioqueños. Por el contrario, consideró que la referencia a fenómenos de violencia fue utilizada como un recurso narrativo para exaltar la resiliencia, la dignidad y la capacidad de transformación del pueblo de Antioquia.
La sentencia señala además que las afirmaciones sobre la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado no son caprichosas, ya que cuentan con respaldo en documentos técnicos, entre ellos el Informe Final de la Comisión de la Verdad, que documenta la existencia de estructuras paramilitares y alianzas criminales en el departamento durante las décadas de los años 80 y 90.
El juez determinó que el discurso de Cepeda estaba orientado a una lectura histórica y política de estructuras de poder y liderazgos específicos, y no a una descalificación general de los habitantes de Antioquia como colectivo. En consecuencia, concluyó que no se demostró una afectación real a los derechos de los demandantes.
Con base en estos elementos, el juzgado negó la tutela y no ordenó ninguna rectificación ni retractación por parte del candidato presidencial.
Tras conocerse la decisión, Cepeda aseguró que el fallo respalda su postura y desestima señalamientos en su contra. Indicó que su discurso no tuvo como propósito ofender al pueblo antioqueño, sino referirse a hechos de la historia reciente que han sido enfrentados por organizaciones sociales y víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Tráfico aéreo en Colombia crece y alcanza 5,5 millones de pasajeros en enero
Foto: InfoNación
El tráfico aéreo en Colombia mantiene su tendencia de crecimiento y consolidación como un eje clave para la conectividad y el turismo. En enero de 2026, el país registró un total de 5,5 millones de pasajeros movilizados, lo que representa un incremento del 7,3 % frente al mismo mes de 2025, evidenciando un comportamiento positivo tanto en vuelos nacionales como internacionales.
De acuerdo con el balance del sector, el mercado doméstico lideró la expansión con 3,1 millones de pasajeros, lo que significó un crecimiento del 9,5 %. Este aumento supera el ritmo registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma una mayor dinámica en los viajes internos. Por su parte, el tráfico internacional alcanzó los 2,4 millones de pasajeros, con un crecimiento del 4,5 %, reafirmando el posicionamiento de Colombia como un destino atractivo en la región.
Desde el sector turístico, se destacó que estos resultados reflejan una recuperación sostenida de la demanda aérea y una mayor confianza de los viajeros. La presidenta ejecutiva de ANATO, Paula Cortés Calle, señaló que el comportamiento del mercado evidencia tanto el fortalecimiento de las rutas nacionales como la consolidación de las conexiones internacionales.
En cuanto a la operación aérea, Avianca se mantiene como la aerolínea con mayor participación en el mercado nacional, concentrando el 41,9 % del tráfico, seguida por Latam Airlines con el 27 %. JetSmart, por su parte, continúa ganando terreno con un crecimiento destacado del 37,8 %, lo que muestra una mayor competencia en el sector.
En el ámbito internacional, Avianca también lidera con el 47,1 % de participación, mientras que otras aerolíneas como Copa–Wingo y Latam incrementan su presencia y concentran cerca del 23,7 % del mercado.
Estas cifras se suman a los resultados de 2025, año en el que el transporte aéreo movilizó más de 57,5 millones de pasajeros en Colombia. Aunque el crecimiento anual fue moderado (1,7 % frente a 2024), el segmento internacional mostró mayor dinamismo con un aumento del 6,1 %, consolidando al país como un nodo relevante en la conectividad aérea regional.
Juez ordena a María Fernanda Cabal rectificar declaraciones sobre la Unión Patriótica
Foto: Redes Sociales / Presidencia
Una juez ordenó a la senadora María Fernanda Cabal rectificar unas declaraciones entregadas en una entrevista, en las que afirmó que el Estado no participó en el exterminio de la Unión Patriótica (UP).
La decisión judicial señala que dichas afirmaciones desconocen lo establecido en múltiples fallos nacionales e internacionales que han reconocido la responsabilidad estatal en los hechos de violencia contra ese movimiento político.
Las declaraciones de Cabal se dieron durante una entrevista en la que sostuvo que la UP tenía vínculos con grupos guerrilleros y aseguró que los primeros responsables de los asesinatos dentro del partido fueron las mismas organizaciones insurgentes. Además, negó de forma categórica que el Estado hubiera tenido participación en el exterminio de sus integrantes.
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Sin embargo, distintas sentencias han concluido que existió un patrón sistemático de violencia contra la Unión Patriótica, en el que se ha establecido la responsabilidad de agentes estatales por acción u omisión.
El fallo ordena la rectificación como una medida para garantizar el derecho a la verdad y la memoria histórica frente a uno de los episodios más graves de violencia política en el país.
Comisión Primera del Senado aprueba proyecto que prohíbe la mutilación genital femenina
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La Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia, una iniciativa que busca erradicar de manera definitiva esta práctica y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de niñas y mujeres en todo el territorio nacional. Con este avance legislativo, el proyecto continúa su trámite en el Congreso en medio de un debate que trasciende lo jurídico y se centra en la dignidad, la salud y la vida de las mujeres.
Durante la discusión, los congresistas coincidieron en que la mutilación genital femenina no puede ser entendida ni justificada como una práctica cultural o ancestral, sino como una forma de violencia que ha dejado graves consecuencias físicas y psicológicas en quienes la han padecido. En ese sentido, se reiteró la necesidad de que el Estado adopte medidas contundentes no solo para prohibirla, sino también para prevenirla y erradicarla desde un enfoque integral.
Hoy en Comisión Primera del Senado aprobamos en unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la mutilación genital femenina en nuestro país.
Reafirmamos que estas prácticas NO hacen parte ni son cultura; por el contrario, han marcado el horror en la vida de niñas y mujeres en los… pic.twitter.com/kwjn5yyt1T
En el debate intervino la senadora Aida Quilcué, quien subrayó que este tipo de prácticas no hacen parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas ni de sus tradiciones, y advirtió sobre el riesgo de estigmatizar a estas comunidades. La congresista enfatizó que, por el contrario, muchas de estas violencias tienen raíces en procesos históricos de exclusión y colonialismo, y destacó experiencias en territorios donde, a través de sistemas propios de salud y educación, se ha logrado avanzar en la transformación cultural y la protección de niñas y mujeres.
Quilcué también planteó que la discusión no debe limitarse a la sanción, sino que debe avanzar hacia la construcción de políticas públicas efectivas que permitan prevenir este tipo de violencias. En ese contexto, hizo un llamado a articular esfuerzos institucionales para abordar problemáticas más amplias como los feminicidios y otras formas de violencia de género, que siguen siendo una preocupación en el país a pesar de la existencia de normas.
El proyecto, además, busca ampliar su alcance para que la protección no se limite a una comunidad específica, sino que cobije a todas las poblaciones donde puedan presentarse estas prácticas. Con ello, se pretende consolidar una respuesta integral del Estado que garantice los derechos de las mujeres y contribuya a la erradicación definitiva de la mutilación genital femenina en Colombia.
Corte Suprema decidirá sobre impugnación que busca anular condena contra Santiago Uribe
Foto: Santiago Uribe
La Corte Suprema de Justicia asumirá el estudio de la impugnación especial presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, luego de su condena en segunda instancia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.
El recurso fue remitido por el Tribunal Superior de Antioquia, que en noviembre de 2025 revocó el fallo absolutorio de primera instancia y condenó a Uribe Vélez a 28 años y tres meses de prisión, al considerar que existía responsabilidad en la conformación y dirección de este grupo paramilitar que operó en el norte del departamento en la década de los 90.
Tribunal Administrativo de Antioquia pasa impugnación a la Corte Suprema de Justicia
El proceso judicial también incluye su presunta participación en el homicidio de un conductor de bus ocurrido el 25 de febrero de 1994, así como otros crímenes atribuidos a la estructura ilegal.
Dentro del expediente se mantiene un debate jurídico sobre la prescripción de los delitos. Mientras una interpretación señala que los términos podrían vencerse entre 2026 y 2027, otra sostiene que el plazo se extendería hasta el año 2032.
La defensa del procesado ha insistido en su inocencia y busca que la Corte Suprema revise la decisión, en un proceso que ahora entra en una nueva etapa judicial y que será clave para definir la validez de la condena.
Denuncian al registrador Hernán Penagos por presunta irregularidad en convocatoria de consulta popular
Foto: Registraduría
Una nueva controversia rodea al registrador nacional, Hernán Penagos, tras la presentación de dos denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción relacionado con la convocatoria de una consulta popular.
El cuestionamiento se centra en la decisión de fijar una nueva fecha para el mecanismo de participación ciudadana sin reiniciar el procedimiento, manteniendo como base jurídica el trámite iniciado en julio de 2025. Según los argumentos expuestos en las denuncias, esta actuación habría desconocido los límites temporales establecidos por la ley.
De acuerdo con lo señalado, la Ley 1625 de 2013 establece un plazo específico para la realización de este tipo de consultas una vez se cumplen los requisitos legales. Sin embargo, en este caso la convocatoria fue proyectada para el 26 de julio de 2026, superando ampliamente el término de cinco meses contemplado en la normativa.
En ese sentido, los denunciantes sostienen que no existiría una disposición legal que permita extender el proceso más allá del plazo fijado, por lo que la decisión administrativa podría constituir una actuación contraria al ordenamiento jurídico.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo solicitó la adopción de una medida cautelar de suspensión provisional de la convocatoria, argumentando un posible riesgo de detrimento patrimonial en caso de que el proceso continúe bajo las condiciones actuales.
Este escenario abre un nuevo frente jurídico e institucional en torno a la organización de la consulta popular, que ahora quedará bajo análisis de los entes de control y de investigación.
Sin conciliación: buscan sentencia condenatoria en contra de Paloma Valencia
Foto: captura de pantalla x Paloma Valencia
La audiencia de conciliación en la demanda por injuria y calumnia contra la senadora Paloma Valencia, interpuesta por Deyanira Gómez, terminó sin acuerdo entre las partes.
La defensa de Gómez, encabezada por el abogado Miguel Ángel del Río, confirmó que el proceso continuará hasta una eventual sentencia, al considerar que los señalamientos hechos por la congresista carecen de veracidad y han generado un daño moral.
Según explicó el jurista, no existe intención de conciliar y el objetivo será que la justicia determine responsabilidades en el caso. Además, sostuvo que las afirmaciones atribuidas a Valencia no estarían sustentadas en hechos verificables ni en información de carácter público.
Tras el fracaso de la conciliación, el siguiente paso será el avance del proceso judicial, en el que se presentarán pruebas ante el despacho del magistrado encargado, quien deberá evaluar los elementos y tomar una decisión.
Se desploma intención de voto de De la Espriella: cae 16,7 puntos en siete semanas
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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella registra una fuerte caída en la intención de voto, según el seguimiento de las principales encuestas realizadas en las últimas semanas de cara a las elecciones de 2026.
De acuerdo con los datos más recientes del Centro Nacional de Consultoría para Revista Cambio, el aspirante se ubica en 15,4%, lo que lo deja en el tercer lugar de la contienda, por detrás de Iván Cepeda y Paloma Valencia.
La cifra representa un descenso significativo frente a mediciones anteriores. A inicios de febrero, una encuesta de Atlas Intel lo posicionaba como líder con 32,1%, superando incluso a Cepeda. Sin embargo, en menos de dos meses su respaldo se redujo de manera sostenida.
El 26 de febrero, la encuesta de Invamer ya mostraba una caída a 18,9%, ubicándolo en segundo lugar. Posteriormente, el estudio de GAD3 para RCN del 19 de marzo registró un leve repunte hasta 21,0%, aunque sin recuperar el liderazgo.
Finalmente, la medición del Centro Nacional de Consultoría del 22 de marzo consolidó la tendencia a la baja, al ubicarlo en 15,4%, lo que implica una caída acumulada de 16,7 puntos porcentuales en aproximadamente siete semanas.
En contraste, Cepeda ha mantenido el primer lugar en las distintas mediciones, mientras que Valencia ha mostrado un crecimiento progresivo que le permitió superar a De la Espriella en la encuesta más reciente.
Ficha técnica (CNC – Revista Cambio):
Fecha de campo: 17 al 21 de marzo de 2026 Muestra: 2.157 personas Cobertura: nacional Margen de error: ±3%
El comportamiento de las encuestas evidencia un reacomodo en la intención de voto, en el que De la Espriella pierde terreno frente a otros candidatos en el arranque de la contienda electoral.
Avión Hércules accidentado fue adquirido por Duque de segunda mano a EE. UU.
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El accidente del avión Hércules C-130H en Puerto Leguízamo, Putumayo, no solo dejó víctimas y encendió las alertas sobre la seguridad aérea militar, sino que también puso en el centro del debate el origen y las condiciones de la aeronave siniestrada, adquirida durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
Foto: Suministrada
La aeronave, identificada como FAC-1016, hacía parte de un lote de tres aviones C-130H obtenidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana tras un acuerdo bilateral firmado en 2018 con Estados Unidos. La adquisición se realizó mediante el programa Defense Surplus Items Sales (EDA), un mecanismo oficial que permite transferir equipos militares dados de baja por la Fuerza Aérea estadounidense a países aliados. Según reportes especializados del sector aeronáutico, el paquete completo tuvo un costo cercano a los 30 millones de dólares.
En su momento, el entonces ministro de Defensa Diego Molano anticipó la llegada de estas aeronaves con un mensaje en redes sociales: “Acaban de llegar dos grandes sorpresas para Colombia. Pronto sabrán de qué se trata…”, en referencia a la incorporación de los aviones Hércules a la flota de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Estos aviones provenían de inventarios fuera de servicio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y contaban con sistemas defensivos como dispensadores de contramedidas tipo chaff y flare, lo que los convirtió en los primeros Hércules en Colombia con esta capacidad. El FAC-1016 fue el primero en llegar al país en octubre de 2020, seguido por otras dos unidades que completaron la flota.
Foto: Jet Photos
Desde el punto de vista técnico, las aeronaves fueron sometidas a procesos de mantenimiento mayor antes de su incorporación. Estos incluyeron desensamble completo de la estructura —alas, estabilizadores, motores y tren de aterrizaje—, inspecciones de integridad estructural, reparación de sistemas hidráulicos, sellado de tanques y modernización de cabina con pantallas digitales tipo EFIS.
También se realizaron pruebas funcionales de sistemas eléctricos, de navegación y comunicaciones, así como inspecciones no destructivas en componentes críticos, siguiendo los estándares del fabricante.
Pese a estos procesos, el avión siniestrado tenía una vida operativa que se remontaba a 1983, acumulando más de cuatro décadas de uso en distintas misiones antes de su llegada a Colombia.
El accidente ocurrió cuando la aeronave transportaba personal del Ejército Nacional de Colombia. Según el balance preliminar entregado por el presidente Gustavo Petro, el hecho dejó decenas de heridos, una persona fallecida y varios ocupantes cuyo estado aún está por establecer, sin embargo fuentes no oficiales señalan que la cifra estaría rondando las 48 victimas fatales
Foto: Redes Sociales
Tras la emergencia, el mandatario señaló que existe un deterioro acumulado en el equipamiento militar y reiteró la necesidad de avanzar en la modernización de la flota aérea. Petro también mencionó retrasos en procesos administrativos como la aprobación del CONPES para la renovación del armamento.
Foto: Redes Sociales
El caso ha generado reacciones políticas y reabre la discusión sobre los mecanismos de adquisición de equipos militares, especialmente aquellos provenientes de programas de excedentes, en un momento en el que el país debate el futuro de su capacidad aérea.
Foto: Captura de pantalla X
Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas del accidente del FAC-1016, en un proceso que será clave para establecer responsabilidades y definir posibles correctivos en la operación de la flota militar.
Investigación de Vorágine detalla aportes a campaña de Oviedo y vínculos de financiadores con sectores del uribismo
Foto: Redes sociales, Oviedo
Una investigación de la Revista Vorágine puso en el centro del debate la financiación política de Juan Daniel Oviedo, actual candidato vicepresidencial en fórmula con Paloma Valencia, al exponer aportes recibidos durante su aspiración a la Alcaldía de Bogotá en 2023 y el perfil de algunos de sus financiadores.
De acuerdo con el reportaje, uno de los principales aportantes fue el empresario Manuel Santiago Mejía, quien figura en los registros oficiales del sistema Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. Según Vorágine, Mejía no solo realizó aportes directos a la campaña de Oviedo, sino que también participó mediante la empresa Soluciones y Desarrollos Empresariales, desde la cual se habrían canalizado recursos adicionales.
Reportes de financiación a la campaña a la Alcaldía de Juan Daniel Oviedo por parte de Soluciones y Desarrollos Empresariales y de Manuel Santiago Mejía, que fue socio de Santiago Uribe Vélez en la Hacienda La Carolina.
La publicación contextualiza estos aportes señalando que Mejía ha sido financiador de campañas asociadas al uribismo y ha tenido vínculos empresariales con Santiago Uribe Vélez, condenado en segunda instancia por homicidio agravado y por la conformación de un grupo paramilitar. Asimismo, el medio cita apartes de decisiones judiciales del Tribunal Superior de Antioquia que cuestionaron versiones entregadas por el empresario en ese proceso.
Participación de Manuel Santiago Mejía en la compañía Soluciones y Desarrollos Empresariales.
Además de Mejía, la investigación menciona otros aportes provenientes de empresarios y compañías que, según Vorágine, han tenido cercanía con sectores del uribismo. Entre ellos se encuentra el empresario Mario Hernández, quien a través de su firma Scorpio Inversiones realizó donaciones a la campaña de Oviedo, así como la empresa Diana Agrícola SAS, que también registró aportes en esa contienda.
El reportaje indica que estos respaldos quedaron consignados en los registros oficiales de financiación electoral y que, en algunos casos, los mismos aportantes también contribuyeron a campañas de otros candidatos en las elecciones territoriales de 2023.
Scorpio Inversiones, empresa de Mario Hernández, donó dinero a la campaña de Juan Daniel Oviedo por la Alcaldía de Bogotá.
Frente a estos señalamientos, la campaña de Oviedo fue consultada por Vorágine. Según la respuesta citada en la investigación, el equipo del candidato afirmó que no existe relación personal con los donantes y que las razones de los aportes deben ser explicadas por quienes los realizaron.
El informe también aborda la trayectoria profesional y política de Oviedo, incluyendo su relación con la exministra María del Rosario Guerra, con quien compartió espacios laborales en el pasado, tanto en el sector público como en el ámbito privado. Vorágine señala que esta cercanía ha sido interpretada como parte de sus vínculos con sectores políticos tradicionales, aunque el propio Oviedo ha manifestado en distintas ocasiones que no se identifica ideológicamente con el uribismo.
En ese contexto, la investigación adquiere relevancia en el escenario actual, donde Oviedo participa como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia en el proceso electoral, lo que reabre el debate sobre las alianzas políticas, la financiación de campañas y la independencia de los candidatos frente a los sectores que respaldan sus aspiraciones.
Foto: Redes sociales, Oviedo
El contenido publicado por Vorágine presenta estos elementos como parte de un análisis sobre la financiación política en Colombia, basado en registros oficiales y antecedentes documentados, sin que ello constituya una determinación judicial sobre responsabilidades o conductas ilegales por parte de los involucrados.
JEP investiga presunta relación de 35 militares con paramilitares en Barrancabermeja
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la investigación sobre la presunta relación entre 35 agentes de la fuerza pública y estructuras paramilitares en hechos ocurridos entre 1998 y el 2000 en Barrancabermeja.
El tema fue abordado en una audiencia de reconocimiento dentro del Caso 08, que analiza crímenes en el Magdalena Medio. En este espacio, víctimas y organizaciones sociales presentaron sus testimonios y denuncias sobre lo ocurrido en ese periodo.
Foto: InfoNación
Durante la diligencia, se expusieron versiones que apuntan a una posible articulación entre integrantes de la fuerza pública, grupos paramilitares y civiles. Estos señalamientos hacen parte del proceso de esclarecimiento que adelanta la jurisdicción.
También se presentaron relatos de familiares de víctimas sobre los hechos registrados a finales de los años 90, así como los impactos que estos han tenido a lo largo del tiempo.
En el mismo escenario, organizaciones como el colectivo 16 de mayo dieron a conocer su trayectoria de acompañamiento y resistencia frente a estos casos.
Adicionalmente, en la audiencia se mencionaron cuestionamientos sobre la posible responsabilidad de terceros civiles, incluidos directivos de Ecopetrol. Estos planteamientos forman parte de las intervenciones de las víctimas y continúan en análisis dentro de la JEP.
La diligencia se enmarca en el proceso que adelanta la jurisdicción para establecer responsabilidades en el conflicto armado, sin que en esta etapa se hayan anunciado decisiones de fondo.
URT reporta atención a más de 4.000 personas en jornadas de restitución de tierras
Unidad de restitución de tierras
La Unidad de Restitución de Tierras presentó avances en sus estrategias de atención a víctimas de despojo, destacando el alcance de las jornadas institucionales desarrolladas en diferentes regiones del país.
podcast Restitución en voz alta:
Según la información expuesta, la entidad ha atendido a más de 4.000 personas en 20 ferias realizadas en ocho departamentos y 20 municipios, como parte de una estrategia liderada desde la Dirección Territorial Bogotá.
Estas jornadas han buscado acercar la oferta del Estado a territorios donde las comunidades enfrentan dificultades para acceder a servicios institucionales, mediante la articulación con distintas entidades del orden nacional.
En estos espacios han participado instituciones del sector agropecuario como la Agencia Nacional de Tierras, el Banco Agrario y el ICA, así como entidades encargadas de atención social y formación como el SENA y la Unidad para las Víctimas.
De acuerdo con lo expuesto, la estrategia se construyó en conjunto con organizaciones sociales, juntas de acción comunal y autoridades locales, lo que permitió ampliar la convocatoria y facilitar la asistencia de población rural, incluso desde zonas veredales.
La iniciativa hace parte de las acciones de la URT orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en los procesos de restitución de tierras en distintas regiones del país.
Cepeda reta a Uribe a presentar pruebas ante la justicia por acusaciones sobre crimen de Miguel Uribe Turbay
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El candidato presidencial Iván Cepeda exigió al expresidente Álvaro Uribe Vélez que presente ante la justicia las pruebas que respalden las acusaciones que hizo en su contra en relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
A través de un comunicado público, Cepeda respondió a declaraciones recientes de Uribe, quien insinuó posibles responsabilidades del senador y del presidente Gustavo Petro en ese crimen. “Le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación”, escribió el candidato en su cuenta de X.
Cepeda fue enfático en que, en un Estado de derecho, afirmaciones de esa gravedad deben tramitarse ante las autoridades judiciales y no quedarse en el terreno de las insinuaciones. Además, advirtió que este tipo de señalamientos afectan el debate democrático en medio de la campaña presidencial.
Captura de pantalla x
Las declaraciones del expresidente Uribe se dieron tras conocerse avances judiciales en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay, en el que ya existen decisiones judiciales contra personas señaladas de participar como intermediarios en el crimen. Según lo expuesto públicamente, la Fiscalía ha sostenido que estructuras armadas ilegales estarían detrás del hecho, hipótesis que hace parte del proceso en curso.
En ese contexto, Uribe planteó cuestionamientos sobre una supuesta instigación por parte de dirigentes políticos, sin presentar pruebas judiciales, lo que motivó la respuesta directa de Cepeda.
El candidato rechazó que el caso sea utilizado en el debate electoral sin sustento probatorio. “Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática”, señaló, insistiendo en que la discusión debe darse en los escenarios institucionales.
Este cruce se produce en un momento de alta tensión política, con la campaña presidencial en marcha y con el caso de Miguel Uribe Turbay como uno de los hechos más sensibles del debate público reciente.
Hasta ahora, las investigaciones continúan en curso y no se han establecido responsabilidades penales contra dirigentes políticos en este proceso, más allá de las decisiones adoptadas frente a personas vinculadas directamente al crimen.
Consejo de Estado deja en firme el hundimiento de la consulta popular de Petro
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El Consejo de Estado dejó en firme el hundimiento de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, al negar las demandas que buscaban anular la votación del Senado que bloqueó la iniciativa en 2025.
Tras varios meses de análisis, el alto tribunal concluyó que no prosperó ninguno de los cargos presentados contra la decisión del Senado de la República, que había rechazado la propuesta con mayoría de votos. En su fallo, determinó que las irregularidades alegadas por los demandantes no se comprobaron.
Entre los cuestionamientos estudiados estaban diferencias entre senadores presentes y votos registrados, presuntas fallas en el procedimiento y posibles afectaciones al derecho al voto. Sin embargo, el Consejo de Estado estableció que la diferencia en el registro obedeció al retiro voluntario de un congresista y que la votación cumplió con los requisitos legales de quórum, publicidad y validez.
Foto: Consejo de estado
La decisión también descartó que existieran vicios en la participación de algunos senadores o en el desarrollo de la sesión, ratificando la legalidad del acto mediante el cual se negó la consulta popular.
Esta iniciativa del Gobierno buscaba llevar a las urnas varios puntos de las reformas laboral y de salud, en medio de las dificultades que enfrentaban en el Congreso. Tras el rechazo del Senado, el Ejecutivo optó por expedir un decreto para convocar la consulta, lo que generó un fuerte debate jurídico y político en el país.
En paralelo, la Corte Constitucional se había inhibido de emitir un fallo de fondo sobre ese decreto, al considerar que ya no tenía efectos jurídicos, luego de haber sido derogado en 2025.
Con esta decisión, el Consejo de Estado respalda la actuación del Senado y cierra la vía judicial que buscaba revivir la consulta popular, dejando sin efecto definitivo uno de los mecanismos con los que el Gobierno pretendía destrabar sus reformas estructurales.
DEA habría incluido a Petro como “objetivo prioritario” en investigación en EE. UU.
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El presidente Gustavo Petro habría sido incluido como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en el marco de investigaciones adelantadas por fiscales federales en ese país sobre presuntos vínculos con redes del narcotráfico.
La información, revelada por medios internacionales con base en fuentes y registros consultados, indica que el nombre del mandatario colombiano habría aparecido en múltiples líneas de investigación desde 2022, sustentadas en entrevistas con informantes confidenciales. Según esos reportes, las indagaciones incluyen señalamientos sobre posibles contactos con organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa y eventuales beneficios derivados de su política de “paz total”.
De acuerdo con los documentos citados, la clasificación de “objetivo prioritario” es utilizada por la DEA para casos que, según su criterio, podrían tener un impacto significativo en el tráfico de drogas. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que las investigaciones se encuentran en una fase inicial y que no está claro si existen cargos formales o responsabilidades penales establecidas contra el mandatario.
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En paralelo, fiscales federales en ciudades como Nueva York habrían adelantado interrogatorios a personas vinculadas con estructuras del narcotráfico para establecer posibles conexiones. Entre las hipótesis en revisión se menciona la supuesta intermediación de terceros en procesos relacionados con extradiciones, aunque no hay confirmación oficial sobre la vinculación directa del presidente en estos hechos.
Tras conocerse la información, Petro rechazó los señalamientos y negó cualquier relación con organizaciones narcotraficantes. A través de sus redes sociales, aseguró que no recibió dinero ilegal durante su campaña y sostuvo que las investigaciones servirán para esclarecer las acusaciones que, según él, provienen de sectores políticos opositores.
El mandatario también afirmó que su trayectoria ha estado marcada por la denuncia de vínculos entre narcotráfico y política en Colombia, y reiteró que las autoridades electorales del país no encontraron irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.
Embajada de Colombia en EE.UU.
Hasta el momento, ni la DEA ni los fiscales federales han emitido pronunciamientos oficiales detallando el alcance de las investigaciones. Fuentes cercanas al caso han indicado que el proceso continúa en desarrollo y que no hay decisiones concluyentes.
Este nuevo episodio se suma a las tensiones internacionales y al debate interno sobre la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico en Colombia, en un contexto donde el Gobierno ha defendido su enfoque basado en la “paz total” y estrategias diferenciadas frente a distintos actores del conflicto.
Alza del salario mínimo no afectó el empleo, según la Universidad Externado
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Un análisis del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia señala que el incremento del salario mínimo en 2026 no afectó negativamente el empleo formal en el país, en contraste con las advertencias de distintos sectores económicos.
De acuerdo con el informe, entre enero de 2025 y enero de 2026 Colombia sumó cerca de 189 mil trabajadores formales, mientras que el empleo informal se redujo en más de 170 mil personas. Esto representa un cambio en la estructura del mercado laboral, con mayor participación de empleos con acceso a seguridad social.
El documento indica que el empleo asalariado formal creció un 2,5 % en ese periodo, mientras que el empleo informal cayó cerca de un 6 %. Estos resultados se registran tras un aumento del salario mínimo cercano al 23 %, uno de los más altos en los últimos años en el país.
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Al analizar por tipo de empresa, el crecimiento del empleo formal fue liderado por micro y pequeñas empresas. Las microempresas registraron un aumento del 10,9 %, las pequeñas del 3,2 % y las grandes del 1,5 %, según el Observatorio.
Sectores como comercio, transporte, tecnología y servicios profesionales concentraron buena parte de la generación de empleo formal, en medio de un contexto económico que ha sido calificado como desafiante.
El comportamiento del mercado laboral se da en paralelo a la defensa que ha hecho el Gobierno del incremento salarial. El presidente Gustavo Petro ha sostenido que el aumento responde al mandato constitucional de garantizar una remuneración digna, señalando que el salario mínimo debe ser “vital y móvil”, en línea con lo establecido en la Constitución.
Además, el mandatario ha defendido la medida como un mecanismo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir la desigualdad, insistiendo en que el incremento se sustenta en estudios técnicos y no será reversado, bajo la consigna de que no habrá “ni un peso atrás”.
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El aumento del salario mínimo para 2026, que supera el 23 %, fue adoptado por decreto tras no lograrse un acuerdo entre empresarios y trabajadores, y ha sido uno de los puntos centrales del debate económico en el país.
Aunque el informe del Externado no establece proyecciones a futuro, sí evidencia que, en el periodo analizado, el mercado laboral no registró una caída en el empleo formal y, por el contrario, mostró una reducción en la informalidad.
Este resultado introduce nuevos elementos al debate sobre los efectos del salario mínimo en Colombia, en un contexto donde persisten posiciones encontradas entre el Gobierno, los gremios y los analistas económicos.
Iván Duque arremete contra Cepeda: “Deje la cobardía”
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El expresidente Iván Duque lanzó fuertes críticas contra el candidato presidencial Iván Cepeda, a quien le pidió públicamente que participe en debates con otros aspirantes en el marco de la campaña electoral.
Durante sus declaraciones, Duque cuestionó la ausencia de Cepeda en estos espacios y utilizó un tono contundente para exigir su presencia. “Deje la cobardía. Quien quiera ser presidente de Colombia tiene que ir a debates en los gremios, en los medios, en las universidades. No puede pretender ser presidente de Colombia escondido en el burladero. Es realmente una vergüenza”, afirmó.
Foto: X Iván Duque
El exmandatario reiteró su mensaje insistiendo en que los debates son fundamentales para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano las propuestas de quienes aspiran a dirigir el país. En ese sentido, hizo un llamado no solo al candidato, sino también a distintos sectores de la sociedad para que promuevan estos escenarios.
“Vuelvo y se lo digo, que el señor Cepeda deje la cobardía. El que quiera ser presidente de Colombia tiene que ir a debates. A debates en los gremios, a debates en los medios, a debates en las universidades”, agregó Duque, reforzando su postura sobre la necesidad de confrontación de ideas en la contienda electoral.
Asimismo, el expresidente señaló que otros sectores políticos ya se encuentran recorriendo el país y presentando sus propuestas, por lo que consideró que la participación en debates resulta clave para garantizar que la ciudadanía escuche y compare las distintas visiones de país.
Finalmente, extendió una invitación a los medios de comunicación y a diferentes estamentos sociales para que exijan la realización de debates en el corto plazo, destacando que estos espacios son esenciales dentro de una democracia en periodo electoral.
Nueva encuesta posiciona a Iván Cepeda como líder en intención de voto presidencial
Foto: Redes sociales, Iván Cepeda
La más reciente encuesta de la firma GAD3, financiada por RCN Televisión, muestra un escenario en el que Iván Cepeda se posiciona como el principal favorito en la intención de voto para la primera vuelta presidencial, alcanzando un 35 %. El resultado lo ubica con una ventaja amplia frente a sus competidores directos en la contienda.
En segundo lugar aparece Abelardo De La Espriella con un 21 %, mientras que Paloma Valencia se ubica tercera con un 16 %, consolidando así el podio de los aspirantes con mayor respaldo en esta medición. El resultado de Valencia toma relevancia tras su victoria en la Gran Consulta por Colombia, lo que explica su crecimiento frente a mediciones anteriores.
Foto: Redes sociales
El sondeo también incluye a otros candidatos con menor intención de voto. Claudia López registra un 4 %, seguida por Sergio Fajardo con 3 %. Más abajo aparecen Miguel Uribe Turbay, Santiago Botero y Luis Gilberto Murillo, cada uno con un 1 %. Otros nombres como Carlos Caicedo, Clara López y Mauricio Lizcano no superan el 1 %.
Al comparar con la medición de febrero de la misma encuestadora, se evidencian movimientos clave. Cepeda sube un punto porcentual (de 34 % a 35 %), Valencia registra un crecimiento significativo de 12 puntos (de 4 % a 16 %) y De La Espriella cae cinco puntos (de 26 % a 21 %). En tanto, Fajardo y López también muestran leves incrementos de un punto.
En cuanto a las fórmulas vicepresidenciales, la encuesta señala que Aída Quilcué lidera la preferencia con un 28 %. Le siguen Juan Daniel Oviedo con 18 % y José Manuel Restrepo con una cifra similar. En el centro de la tabla aparecen Edna Bonilla y Leonardo Huerta, ambos con 3 %.
Los escenarios de segunda vuelta muestran variaciones relevantes. En un eventual enfrentamiento entre Cepeda y De La Espriella, el primero obtendría el 45 % frente al 36 % del segundo. Si el rival fuera Fajardo, Cepeda también se impondría con un 44 % frente a un 32 %. El escenario más ajustado se presenta entre Cepeda y Valencia, con 43 % y 40 % respectivamente, lo que configura un empate técnico dentro del margen de error.
Otros posibles cruces también arrojan resultados llamativos. En un escenario entre De La Espriella y Fajardo, el primero tendría una ventaja de ocho puntos. Mientras tanto, si se enfrentara con Valencia, ambos marcarían un empate del 27 %, con un voto en blanco que alcanzaría un 23 %, lo que refleja un nivel importante de indecisión en el electorado.
Consulta la encuesta completa:
La encuesta fue realizada entre el 16 y el 18 de marzo de 2026 mediante 1.200 entrevistas telefónicas a ciudadanos mayores de edad con derecho a voto. El estudio tiene un margen de error de ±3,0 % y un nivel de confianza del 95 %, con una muestra que incluyó variables como sexo, edad, estrato socioeconómico y comportamiento electoral previo.
Este nuevo panorama electoral muestra una contienda dinámica, con movimientos importantes entre los candidatos y un escenario aún abierto de cara a la primera vuelta. La ventaja de Cepeda lo posiciona como favorito, pero el crecimiento de otros aspirantes y los márgenes en segunda vuelta indican que la disputa sigue en evolución.
RTVC denunció penalmente a Daniel Briseño por injuria y calumnia
Foto: Redes sociales @Danielbricen
El sistema de medios públicos RTVC interpuso acciones judiciales contra Daniel Briseño por presuntas conductas que podrían configurar los delitos de injuria, calumnia, falsedad documental y fraude procesal. El caso marca un nuevo capítulo en la confrontación entre actores políticos y medios estatales, ahora trasladado al terreno legal.
La denuncia surge en medio de una serie de señalamientos públicos realizados por Briseño desde 2025, en los que ha cuestionado el funcionamiento de RTVC y ha emitido acusaciones sobre presuntas irregularidades dentro del sistema de medios. Según lo expuesto por la entidad, estas afirmaciones habrían traspasado los límites de la crítica legítima, dando paso a posibles conductas sancionables penalmente.
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Uno de los puntos centrales del caso es la presunta manipulación de material audiovisual. De acuerdo con lo explicado por el exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett, el congresista electo habría utilizado audios que, en realidad, corresponderían a momentos distintos, pero que habrían sido editados y fusionados para presentarlos como si fueran un solo registro continuo.
Desde la perspectiva jurídica, este hecho podría configurar una falsedad en documento privado, ya que en el derecho penal colombiano los audios, videos o fotografías son considerados documentos cuando pueden servir como prueba. La alteración de estos elementos, si se comprueba, implicaría una distorsión de la verdad con potencial impacto en procesos judiciales o administrativos.
A esto se suma la posible comisión de fraude procesal, en caso de que dicho material haya sido utilizado con la intención de inducir en error a autoridades. Este delito se configura cuando, mediante un engaño, se busca que un funcionario adopte una decisión contraria a la ley, lo que agrava el alcance de la conducta investigada.
Foto: Redes sociales @Danielbricen
En paralelo, RTVC también sustenta su denuncia en una serie de declaraciones públicas que, según la entidad, constituyen injuria y calumnia. De acuerdo con lo señalado, Briseño habría atribuido conductas delictivas al sistema de medios y a sus integrantes, incluyendo afirmaciones sobre supuestas prácticas ilegales, lo que podría afectar directamente el buen nombre de la institución.
Otro elemento que hace parte de la controversia es la divulgación de información sobre un presunto gasto cercano a los 4,2 millones de pesos en una cena. Según la explicación entregada en el mismo espacio informativo, este hecho habría sido presentado sin contexto, omitiendo que se trataba de un evento institucional con participación de invitados internacionales en el marco de actividades propias de una entidad que opera bajo un régimen empresarial del Estado.
En ese sentido, se argumenta que la difusión de información incompleta o descontextualizada también podría tener implicaciones legales, especialmente si genera percepciones erróneas que deriven en investigaciones o afectaciones reputacionales.
Adicionalmente, se indicó que hasta el momento no se tiene conocimiento de denuncias formales presentadas por Briseño ante la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría en contra de RTVC, lo que ha sido interpretado por la entidad como una estrategia centrada en el ámbito mediático más que en instancias judiciales.
Foto: Redes sociales @Danielbricen
El caso ahora queda en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones formales y establecer responsabilidades. La posible configuración de delitos como falsedad documental, fraude procesal, injuria y calumnia implica un análisis detallado de las pruebas y del contexto en el que se produjeron los hechos.
Este episodio refleja un escenario cada vez más frecuente en el país: las disputas políticas y mediáticas que terminan trasladándose a los tribunales. En un entorno donde la libertad de expresión convive con la responsabilidad legal sobre lo que se afirma públicamente, serán las autoridades las encargadas de definir si se cruzaron los límites establecidos por la ley.
Petro denuncia salida masiva de dinero de fondos de pensiones del país
Foto: Captura de pantalla X
El presidente Gustavo Petro denunció públicamente una presunta salida masiva de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, asegurando que se trataría de dinero perteneciente a los trabajadores colombianos que estaría siendo trasladado al exterior sin su autorización.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que “los administradores de pensiones están sacando rápidamente el dinero del país que no les pertenece”, y calificó la situación como una “verdadera fuga de capitales”. Según Petro, en los últimos dos meses habrían salido más de 2.400 millones de dólares, lo que encendió las alertas del Gobierno.
Los administradores de pensiones están sacando rápidamente el dinero del país que no les pertenece
Este es el dinero de las y los trabajadores depositados que sacan sin su autorización las administradores d pensiones en masa. Es una verdadera fuga de capitales.
El jefe de Estado también vinculó este fenómeno con el aumento en los traslados de afiliados hacia Colpensiones, asegurando que muchos trabajadores han optado por el sistema público en busca de mejores garantías de pensión. En ese contexto, cuestionó que las administradoras privadas no estén devolviendo los ahorros a quienes deciden cambiarse de régimen.
Las declaraciones se dan en medio de un ambiente de alta tensión por la reforma pensional impulsada por el Gobierno, que busca fortalecer el sistema público y modificar el papel de los fondos privados. Esta iniciativa ha generado un amplio debate político y jurídico en el país.
Uno de los puntos más recientes de controversia es la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia ante la Corte Constitucional, en la que solicita revisar la legalidad de la reforma. La congresista ha cuestionado tanto el trámite como el contenido del proyecto, lo que mantiene en incertidumbre su implementación. En este contexto, las afirmaciones del presidente añaden presión al debate sobre el futuro del sistema pensional en Colombia, especialmente en lo relacionado con la gestión de los recursos de los afiliados y la confianza en los fondos privados.
Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales de las administradoras de fondos de pensiones frente a las acusaciones del mandatario. Sin embargo, el presidente solicitó la intervención de la Superintendencia para que adelante investigaciones y, de ser necesario, imponga sanciones.
El cruce de declaraciones y acciones jurídicas refleja la intensidad del debate pensional en el país, en un momento clave donde se define el rumbo del sistema y el manejo de los ahorros de millones de trabajadores.
Gobierno desmonta subsidio al diésel usado en la industria
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El Gobierno nacional oficializó un cambio en la política de combustibles con la expedición del Decreto 0268 de 2026, mediante el cual se restringe el acceso a subsidios para ciertos usos del diésel. La medida establece que los combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados como materia prima para producir otros combustibles, incluidos los destinados a quemadores industriales, no podrán beneficiarse del mecanismo de estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
La decisión busca corregir distorsiones en el mercado y garantizar que los recursos públicos destinados a estabilizar los precios de los combustibles lleguen realmente a los consumidores finales. Según el Gobierno, el objetivo es evitar que estos subsidios terminen favoreciendo procesos industriales intermedios que no trasladan ese beneficio al ciudadano.
El ajuste se da en un contexto de creciente presión fiscal sobre el FEPC, un instrumento creado para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales en los precios de los combustibles. De acuerdo con análisis técnicos, el consumo de diésel destinado a quemadores industriales registró un incremento significativo en los últimos años, pasando de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones de galones en 2024.
Este aumento generó un impacto directo en las finanzas del fondo. Solo entre enero y abril de 2025, el uso de combustibles estabilizados en este tipo de aplicaciones industriales representó un costo cercano a los 131 mil millones de pesos, lo que encendió las alertas del Ejecutivo y llevó a la adopción de medidas para mejorar la focalización de los subsidios.
Gobierno cierra subsidio al diésel para procesos industriales y protege recursos del FEPC.
Con la expedición del Decreto 0268 de 2026, el gobierno de @petrogustavo estableció que los combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados como insumo en procesos industriales,… pic.twitter.com/tRXWOyv9BW
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la decisión responde a la necesidad de proteger los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad del sistema. Según el funcionario, el FEPC debe cumplir su función principal: amortiguar el impacto de los precios internacionales en los combustibles que utilizan los ciudadanos, y no convertirse en un mecanismo de apoyo indirecto para ciertos sectores industriales.
Además de la protección fiscal, el Gobierno sostiene que la medida también busca promover mayor transparencia en el mercado de combustibles. Al eliminar estos beneficios, se pretende evitar lo que el Ministerio calificó como “incentivos perversos”, que podían generar ventajas indebidas para algunos actores de la cadena productiva.
El decreto también establece que, en los casos excluidos del subsidio, el precio de los combustibles será determinado libremente entre los agentes del mercado, lo que implica un ajuste en las dinámicas comerciales del sector. Sin embargo, se mantienen excepciones para los combustibles utilizados en mezclas con biocombustibles como el etanol o el biodiésel, en línea con los objetivos de transición energética y reducción de emisiones.
Foto: InfoNación
En los próximos dos meses, el Ministerio de Minas y Energía definirá los lineamientos operativos para la implementación de la medida, así como los mecanismos de reporte que deberán cumplir los actores involucrados en la cadena de distribución.
Con esta decisión, el Gobierno busca enviar un mensaje claro sobre el uso eficiente de los recursos públicos, en medio de un escenario donde el manejo del FEPC ha sido clave para la estabilidad económica y el control del impacto de los combustibles en el costo de vida de los colombianos.
Más de 275 mil hectáreas han sido recuperadas en el Cauca
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La política de restitución de tierras en el departamento del Cauca registra uno de sus avances más significativos en los últimos años. De acuerdo con el balance entregado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), más de 275.931 hectáreas han sido restituidas durante la actual gestión, beneficiando a miles de víctimas del conflicto armado en esta región del país.
Las cifras evidencian un impulso importante en la reparación integral, especialmente en comunidades étnicas y campesinas. Según el informe, 17.787 personas han sido beneficiadas mediante la restitución de 274.124 hectáreas a través de la ruta étnica, y otras 1.807 hectáreas en procesos individuales, consolidando un alcance territorial amplio en zonas históricamente afectadas por la violencia.
Este avance cobra relevancia si se tiene en cuenta que el Cauca ha sido uno de los departamentos más golpeados por el despojo de tierras. Desde 2011 hasta el cierre de 2025, cerca de 905.890 hectáreas han sido inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, lo que refleja la magnitud del conflicto y las dificultades que durante años enfrentaron las víctimas para acceder a procesos de restitución.
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Uno de los cambios destacados en la actual administración ha sido el aumento en la inscripción de solicitudes. De las 1.655 decisiones de fondo adoptadas, el 57% resultó en inscripción, lo que permitió que más casos avanzaran en el proceso. A esto se suma la caracterización de 26 territorios colectivos, que representan 415.593 hectáreas, consolidando casi la mitad de la tierra inscrita en los últimos 15 años.
En el enfoque étnico se concentran los principales resultados. Durante el actual Gobierno se han emitido doce fallos de restitución colectiva, que han permitido recuperar más de 274 mil hectáreas, equivalentes al 77% de lo logrado en toda la vigencia de la Ley 1448. Estas decisiones han beneficiado a siete consejos comunitarios y cinco resguardos indígenas, fortaleciendo el reconocimiento de los derechos territoriales de estas comunidades.
Además, la entidad ha radicado 52 demandas colectivas que reclaman cerca de 891.692 hectáreas, de las cuales el 73% fueron presentadas en la actual administración. Este incremento ha sido acompañado por el fortalecimiento institucional, incluyendo la apertura de nuevos juzgados especializados en restitución, lo que busca agilizar los procesos judiciales.
En cuanto a la ruta individual, también se reportan avances importantes. Se han intervenido 3.869 hectáreas en 671 casos en proceso de demanda, en el marco de una estrategia que busca mejorar las condiciones de acceso a los territorios. Municipios como Cajibío se destacan por la implementación de modelos de seguridad que permiten el acompañamiento de comunidades organizadas, facilitando el trabajo en terreno.
El informe también resalta un hecho relevante: el reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo dentro de los procesos de restitución. Actualmente, se adelantan casos en municipios como Cajibío, Mercaderes y Miranda, marcando un precedente en la reparación integral para estas comunidades.
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En materia de proyectos productivos, la entidad ha ejecutado el 51% de las iniciativas implementadas en el marco de la Ley 1448, con una inversión que supera los 5.800 millones de pesos. Estas acciones buscan garantizar no solo el retorno a la tierra, sino también condiciones de sostenibilidad económica para las familias beneficiarias.
Desde la entidad se destacó que estos avances han sido posibles gracias al fortalecimiento institucional y al trabajo articulado con comunidades y autoridades locales, en medio de un contexto que aún presenta desafíos en materia de orden público.
Operativos del Gobierno detectan estaciones que no bajaron la gasolina
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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, confirmó que una parte importante de las estaciones de servicio en Colombia no aplicó la reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina, una medida que debía reflejarse desde febrero como parte de los ajustes en la política de combustibles. Según los resultados de operativos de inspección realizados en varias ciudades del país, más del 20% de los establecimientos verificados incumplió esta directriz, generando un impacto directo en el bolsillo de los consumidores.
De acuerdo con la información oficial, las visitas de control incluyeron al menos 86 estaciones de servicio, donde se evaluaron no solo los precios al público, sino también condiciones técnicas, operativas y laborales. En ese proceso, las autoridades detectaron que el incumplimiento no se limita únicamente al tema tarifario. Más del 75% de las estaciones inspeccionadas presentó algún tipo de irregularidad, lo que evidencia fallas estructurales en la operación del servicio.
Entre los hallazgos se identificaron inconsistencias en aspectos técnicos, deficiencias en protocolos operativos, incumplimientos en normativas laborales y problemas relacionados con la seguridad industrial. Este panorama encendió las alertas del Gobierno, que advirtió la necesidad de reforzar los controles para garantizar que el servicio de distribución de combustibles se preste bajo condiciones adecuadas y conforme a la regulación vigente.
Desde el Ministerio de Minas y Energía se reiteró que el suministro de combustibles es considerado un servicio público esencial, por lo que su prestación debe garantizar estándares de calidad, seguridad y transparencia. En ese sentido, las autoridades aseguraron que continuarán los operativos de inspección en diferentes regiones del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas y proteger a los usuarios frente a posibles abusos o irregularidades.
En cuanto a los casos relacionados con el incumplimiento en la reducción del precio de la gasolina, el Gobierno anunció que serán trasladados a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de adelantar las investigaciones correspondientes. Esta autoridad podrá imponer sanciones a las estaciones que hayan incumplido la normativa, en el marco de sus competencias de vigilancia y control del mercado.
La intervención de la Superintendencia busca determinar si existieron prácticas que vulneren los derechos de los consumidores o que afecten la libre competencia. Dependiendo de los hallazgos, las estaciones podrían enfrentar multas u otras medidas correctivas, conforme a la legislación vigente.
Este escenario se presenta en medio de un contexto en el que el Gobierno ha venido implementando ajustes graduales en los precios de los combustibles, con el objetivo de estabilizar el mercado y reducir presiones fiscales. Sin embargo, para que estas decisiones tengan efecto real, es clave que los distribuidores minoristas reflejen oportunamente las variaciones en los precios al consumidor final.
Las autoridades insistieron en que el seguimiento a este sector será permanente, especialmente en momentos de cambios en la política de precios, para evitar distorsiones en el mercado y garantizar que los beneficios anunciados lleguen efectivamente a la ciudadanía.
Iván Cepeda realizará acto de campaña en Medellín tras polémica en Antioquia
Foto: Redes sociales
El senador y candidato presidencial Iván Cepeda anunció que realizará un acto oficial de campaña en Medellín el próximo 28 de marzo, en medio de la controversia generada por recientes declaraciones sobre Antioquia.
El anuncio se dio luego de que su equipo desmintiera la circulación de información en redes sociales sobre un supuesto evento no autorizado que se promovía en su nombre. La campaña aclaró que la única actividad oficial en la ciudad será la programada para esa fecha.
La jornada en Medellín se desarrollará en el marco de su agenda electoral de cara a las elecciones presidenciales, aunque hasta el momento no se han confirmado detalles como el lugar exacto ni el horario del evento.
Foto: Redes sociales
La visita ocurre en un contexto de tensión política, luego de las reacciones que generaron sus declaraciones sobre la historia de Antioquia, las cuales fueron cuestionadas por distintos sectores regionales. Incluso, desde instancias locales se promovieron críticas públicas y pronunciamientos en su contra.
En medio de esta situación, el equipo del candidato ha insistido en que se trata de una campaña de desinformación y ha reiterado que continuará con su agenda política en diferentes regiones del país.
El acto del 28 de marzo se perfila como uno de los primeros eventos clave de Cepeda en Medellín dentro de su aspiración presidencial, en una ciudad donde su candidatura enfrenta un escenario político complejo.
Energía solar supera al carbón en generación eléctrica en Colombia durante 2025
Foto: Presidencia
La UPME confirmó que, por primera vez, la energía solar superó al carbón en la generación anual de electricidad en Colombia durante 2025, marcando un punto de inflexión en la matriz energética del país.
De acuerdo con las cifras oficiales, la generación de energía solar alcanzó los 4.473,8 gigavatios hora (GWh), mientras que el carbón registró 3.564,2 GWh, lo que representa una diferencia cercana al 25 % a favor de la fuente solar. Este resultado evidencia un cambio significativo en la composición del sistema eléctrico nacional, históricamente dominado por fuentes tradicionales.
Foto: @UPMEOficial
El crecimiento de la energía solar en los últimos años ha sido sostenido y acelerado. Entre agosto y diciembre de 2022, la generación fue de 255,4 GWh. En 2023, la cifra aumentó a 1.205,2 GWh, lo que ya mostraba un avance considerable. Para 2024, el país alcanzó los 3.297,2 GWh, consolidando esta fuente como una alternativa real dentro del sistema energético. Finalmente, en 2025 se llegó al nivel más alto registrado hasta ahora, con 4.473,8 GWh.
En términos porcentuales, este comportamiento representa un crecimiento superior al 1.650 % en apenas tres años, lo que refleja no solo la entrada en operación de nuevos proyectos solares, sino también un cambio en la política energética del país orientada a diversificar las fuentes de generación.
☀️⚡ La energía solar superó al carbón en la generación anual de electricidad en Colombia. En 2025, el sol produjo 4.473,8 gigavatios hora, un 25 % más que el carbón, que registró 3.564,2 gigavatios. 🇨🇴
Entre 2022 y 2025, la energía solar dejó de tener una participación mínima y… pic.twitter.com/Yz2kE66sRp
— Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (@UPMEOficial) March 17, 2026
Este incremento permitió que la energía solar dejara de ser marginal y pasara a tener un papel relevante dentro del sistema eléctrico colombiano, superando incluso al carbón, una de las principales fuentes térmicas utilizadas durante décadas.
Tras conocerse el informe, el presidente Gustavo Petro destacó el avance de las energías renovables durante su gobierno y reiteró la necesidad de continuar transformando la matriz energética. El mandatario aseguró que el país debe avanzar hacia un modelo basado en fuentes limpias como el agua, el sol, el viento y la geotermia, e incluso planteó la posibilidad de incorporar energía nuclear en el futuro.
El comportamiento de la generación también refleja las dinámicas del mercado energético y la presión por reducir la dependencia de combustibles fósiles, en línea con compromisos ambientales y tendencias globales de transición energética. En este contexto, la energía solar ha ganado terreno no solo por su sostenibilidad, sino también por la reducción de costos tecnológicos y la mayor viabilidad de los proyectos en distintas regiones del país.
Foto: Captura de pantalla X
Además, este resultado tiene implicaciones en términos de seguridad energética, al diversificar las fuentes de generación y disminuir la exposición a factores como la variabilidad en los precios internacionales del carbón o las condiciones climáticas que afectan otras fuentes como la hidráulica.
El reporte de la UPME se da en medio de un debate nacional sobre el futuro del sistema energético colombiano, en el que se enfrentan distintas visiones sobre el ritmo y la forma en que debe avanzarse hacia una transición energética. Mientras algunos sectores impulsan una transformación acelerada hacia energías limpias, otros advierten sobre los retos técnicos, económicos y de confiabilidad que implica este proceso.
Por ahora, las cifras de 2025 confirman que la energía solar ya no es una promesa, sino una realidad dentro del sistema eléctrico del país, consolidándose como un componente clave en la generación de electricidad en Colombia.
Ecopetrol anuncia nuevo hallazgo de gas en el Caribe colombiano
Foto: Ecopetrol
Ecopetrol y Petrobras confirmaron un nuevo descubrimiento de gas natural costa afuera tras la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1, ubicado en aguas profundas del mar Caribe colombiano.
El hallazgo se realizó en el bloque GUA-OFF-0, a aproximadamente 36 kilómetros de la costa y a una profundidad de 964 metros, lo que refuerza el potencial gasífero de esta zona estratégica para el país.
Según las compañías, este descubrimiento contribuye a consolidar la provincia gasífera en el Caribe colombiano y permitirá adicionar nuevos volúmenes de gas, con impacto directo en la seguridad energética nacional.
El pozo Copoazú-1 se encuentra además a más de 8 kilómetros de los pozos Sirius-1 y Sirius-2, lo que amplía el alcance exploratorio en el área. La perforación inició el 11 de noviembre de 2025 y continúa en desarrollo bajo estándares de seguridad y protección ambiental.
Foto: Ecopetrol
Las evaluaciones técnicas, realizadas mediante perfiles eléctricos y muestreo de fluidos, confirmaron la presencia de gas incluso más allá del objetivo inicial, lo que incrementa la relevancia del descubrimiento. Estos intervalos serán analizados en mayor detalle en las siguientes fases.
El proyecto se desarrolla bajo contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con Petrobras como operador con el 44,4% de participación y Ecopetrol con el 55,6%.
Ambas compañías señalaron que continuarán avanzando en la exploración y desarrollo del bloque, con énfasis en el cumplimiento de las normas ambientales y el trabajo conjunto con las comunidades de La Guajira y Magdalena.
Paloma Valencia propone que el Gobierno asuma deuda de $50 billones de las EPS
Foto: captura de pantalla
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia propuso que el Estado reconozca y asuma como deuda pública cerca de 50 billones de pesos correspondientes a obligaciones acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en medio del debate nacional sobre el futuro del sistema de salud.
La iniciativa plantea que estos recursos sean incorporados como deuda del Gobierno, lo que implicaría trasladar esa carga financiera al Estado con el fin de sanear las cuentas del sistema. La propuesta se conoce en un contexto de crisis estructural del sector salud y de discusión sobre posibles reformas.
Desde distintos sectores han surgido críticas a la propuesta. El líder sindical Fabio Arias cuestionó la medida y advirtió que podría significar un mayor costo para el país, al duplicar el impacto económico si no se corrigen los problemas de fondo.
La candidata presidencial de la extrema derecha y del uribismo @PalomaValenciaL dice que el estado le debe 50 billones de pesos a las EPS y ella propone es reconocerlas como una deuda del estado, titularizándolas, con lo cual el robo ya no sería de $50 billones de corrupción sino…
Por su parte, la representante a la Cámara Martha Alfonso señaló que esta iniciativa podría generar incentivos negativos en la administración de los recursos públicos, al trasladar al Estado las consecuencias de una gestión que, según afirmó, debe ser revisada estructuralmente.
Alfonso también recordó que en el pasado se han implementado mecanismos similares para sanear deudas del sistema de salud, sin que ello haya solucionado de manera definitiva las fallas estructurales, lo que mantiene abierto el debate sobre la sostenibilidad del modelo.
No se puede seguir echando dinero público a un barril sin fondo.
Martha Alfonso, Representante a la Camara
La propuesta de Valencia se suma así a las distintas posturas que actualmente se enfrentan en el país sobre cómo resolver la crisis del sistema de salud y garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos.
Denuncian al gobernador de Antioquia por presunta participación política en acto con alcaldes
Foto: Gobernación de Antioquia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue denunciado por presunta participación en política tras encabezar un acto público junto a más de 60 alcaldes del departamento, en el que se apeló al regionalismo como eje de defensa institucional de la región.
Durante la jornada, en la que también participó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se emitieron mensajes que, según críticos, trascienden el ámbito administrativo y podrían tener un componente político en el contexto de la actual campaña presidencial. En el evento se escucharon afirmaciones como: “Ni los violentos en armas ilegales, ni los violentos desde la legalidad nos van a robar lo que hemos construido con tanto sacrificio. Antioquia está de pie”.
Foto: Suministrada
Desde sectores de veeduría ciudadana, el acto fue calificado como una posible extralimitación de funciones por parte de los mandatarios, al considerar que la participación conjunta de al menos 62 alcaldes —y según otras versiones hasta 72— podría configurar un escenario de intervención política prohibida por la Constitución.
Las críticas también han surgido desde la oposición en Antioquia, donde se advierte que este tipo de manifestaciones públicas, en plena coyuntura electoral, pueden interpretarse como un uso indebido del poder político. Según estos sectores, el mensaje emitido en el evento, acompañado de consignas como “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”, refuerza la percepción de un acto con tintes proselitistas.
Además, cuestionan que los mandatarios locales hayan participado en bloque en una actividad que, a su juicio, no se limita a la gestión institucional, sino que envía señales políticas en medio del proceso electoral hacia la Presidencia de la República.
Ante esta situación, diferentes voces han solicitado a la Procuraduría General de la Nación evaluar si el comportamiento de los funcionarios constituye una falta disciplinaria por participación indebida en política, lo cual está restringido para servidores públicos en ejercicio de sus funciones.
El caso se suma a las tensiones políticas que se viven en el país en medio del calendario electoral, donde el papel de los funcionarios públicos y sus pronunciamientos ha sido objeto de creciente escrutinio.
Asamblea de Antioquia declara persona no grata a Iván Cepeda por sus declaraciones
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La Asamblea Departamental de Antioquia declaró persona no grata al candidato presidencial Iván Cepeda Castro, tras cuestionar unas declaraciones en las que, según la corporación, presenta al departamento como escenario central de fenómenos delictivos y graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el pronunciamiento, los diputados consideran que dichas afirmaciones resultan “generalizantes y estigmatizantes” para la población antioqueña y para sus instituciones, por lo que expresaron su rechazo institucional frente a ese tipo de discursos en el contexto electoral.
La decisión se adoptó como una manifestación política de la Asamblea, en la que se argumenta que las palabras del candidato afectan la imagen del departamento al no reconocer la complejidad histórica del conflicto armado ni los procesos que ha adelantado la región para superar la violencia.
En ese sentido, la corporación también exhortó a Iván Cepeda a orientar la contienda presidencial hacia un debate “respetuoso y propositivo”, evitando formulaciones que, a su juicio, puedan reforzar estigmas territoriales.
El pronunciamiento de la Asamblea se da en medio del ambiente preelectoral, donde los discursos sobre seguridad, conflicto armado y responsabilidad regional han cobrado protagonismo en el debate público.
Hasta el momento, el candidato no se ha pronunciado públicamente sobre esta declaración.
Aída Quilcué pide a Uribe no estigmatizar a la minga indígena
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La senadora Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, envió un mensaje directo al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el que le pidió no estigmatizar a los pueblos indígenas en medio del actual contexto de movilización social.
El pronunciamiento se da tras declaraciones de Uribe en las que advirtió que “la ciudadanía no permitirá el bloqueo” frente a la minga indígena, lo que ha generado preocupación en distintos sectores por el posible impacto de ese tipo de mensajes en el orden público.
Señor @AlvaroUribeVel, sus estigmatizaciones hacia los Pueblos Indígenas y hacia la Minga indígena, social y popular, solo han traído episodios desastrosos en la historia de Colombia.
¿Recuerda usted que en el 2008, en el marco de la Minga Indígena, sus diversas declaraciones…
En respuesta, Quilcué cuestionó el tono de esas afirmaciones y recordó antecedentes similares. “¿Recuerda usted que en 2008, en el marco de la Minga Indígena, sus declaraciones estigmatizantes e irresponsables solo generaron zozobra y gran dolor?”, expresó la senadora.
La congresista insistió en que este tipo de discursos pueden agravar las tensiones sociales y derivar en escenarios de confrontación. En su mensaje, reiteró que la minga indígena no es una acción violenta, sino una expresión histórica de los pueblos indígenas. “La minga es una expresión social, cultural y espiritual de nuestros pueblos. Pueblos dignos que no necesitan ser ‘de bien’, porque ya somos semilla de la tierra”, afirmó.
Las declaraciones de Quilcué se producen en un contexto en el que la minga indígena, social y popular ha retomado movilizaciones en diferentes regiones del país, en medio de reclamos relacionados con derechos territoriales, condiciones sociales y presencia estatal.
Foto: Redes sociales
El debate se intensificó luego de que sectores cercanos al uribismo difundieran mensajes en los que se advierte sobre posibles bloqueos y se cuestiona la movilización indígena. Estas posiciones han sido interpretadas por algunos sectores como un traslado de la responsabilidad del orden público a la ciudadanía, lo que ha encendido alertas entre organizaciones sociales.
En paralelo, se han conocido reportes sobre la presencia de civiles en algunos puntos de concentración, lo que ha incrementado la preocupación por posibles escenarios de confrontación. Frente a esto, distintos actores han hecho llamados a evitar la estigmatización y a garantizar la protesta pacífica.
Quilcué también rechazó la narrativa que vincula la minga con intereses políticos o electorales, señalando que se trata de procesos organizativos propios de los pueblos indígenas. En ese sentido, reiteró que continuará recorriendo el país junto a Iván Cepeda, promoviendo el diálogo y la movilización social.
“Reiteramos que caminaremos la minga y la palabra para llegar a todas las regiones de Colombia”, expresó la senadora, al tiempo que insistió en la necesidad de reconocer estas expresiones como parte de la participación democrática.
El cruce de declaraciones se da en un momento de alta sensibilidad en torno a las movilizaciones sociales, donde el lenguaje y las posiciones de los líderes políticos pueden incidir directamente en el desarrollo de los hechos en territorio.
Hasta el momento, no se han anunciado medidas adicionales por parte de las autoridades frente a estas tensiones, mientras continúa el llamado de distintos sectores a mantener el respeto por la protesta social y evitar discursos que puedan aumentar la conflictividad.
JEP atribuye crímenes de lesa humanidad a ocho militares por hechos contra comunidades en Nariño
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a ocho comparecientes de la fuerza pública por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en el departamento de Nariño, dentro del Caso 02 que investiga violaciones ocurridas entre 2001 y 2012.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los hechos se registraron en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, donde las principales víctimas fueron comunidades del Pueblo Negro Afrocolombiano, así como los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, además de población campesina.
La JEP concluyó que las conductas investigadas no corresponden a hechos aislados, sino que hacen parte de patrones macrocriminales sistemáticos dirigidos contra poblaciones con especial protección constitucional e internacional. En ese sentido, calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso, tortura y persecución.
Foto: JEP
Adicionalmente, la jurisdicción determinó que también se configuraron crímenes de guerra, como homicidio y tortura, en el marco de operaciones desarrolladas en la zona durante el conflicto armado.
En cuanto a los responsables, la Sala llamó a reconocer su responsabilidad a siete antiguos integrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 “General José María Cabal” y a un exintegrante del Batallón de Contraguerrillas 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.
De acuerdo con la investigación, los hechos respondieron a tres patrones principales: la estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, la ejecución de asesinatos que luego eran presentados como bajas en combate, y el control militar sobre territorios habitados por comunidades étnicas y campesinas.
La JEP también documentó afectaciones derivadas de las aspersiones aéreas con glifosato, las cuales, según el informe, se realizaron de forma indiscriminada y sin procesos de consulta previa con las comunidades, generando impactos en la salud, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
Otro de los hallazgos relevantes es que miles de denuncias no fueron atendidas de manera adecuada. De más de 5.000 reportes documentados, solo una parte recibió algún tipo de respuesta o compensación, lo que evidencia fallas institucionales en la atención a las víctimas.
En el Caso 02 fueron acreditadas 110.677 víctimas, pertenecientes a comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas, campesinos y otros sectores vulnerables, incluyendo mujeres, niños y personas con identidades diversas.
Para llegar a estas conclusiones, la JEP analizó múltiples fuentes, entre ellas informes, testimonios, documentos y espacios de diálogo con las víctimas, aplicando enfoques diferenciales étnico, territorial y de género.
Foto: InfoNación
Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por cerrada la fase de investigación del Caso 02. El proceso avanzará ahora hacia las etapas de reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes y, posteriormente, a juicio dentro del sistema de justicia transicional.
Abren nuevo incidente de desacato contra Polo Polo por no disculparse con madres de falsos positivos
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El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, por presuntamente incumplir una orden judicial que le exige ofrecer disculpas públicas a las madres de víctimas de los llamados “falsos positivos”.
La decisión se origina tras verificar que el congresista no habría acatado lo dispuesto por la Corte Constitucional, que ordenó medidas de reparación simbólica luego de un hecho ocurrido en un acto de memoria. En ese episodio, Polo Polo arrojó a la basura varias botas que hacían parte de la intervención denominada “Mujeres con las botas bien puestas”.
De acuerdo con el juzgado, el representante cuenta con un plazo de tres días para acreditar el cumplimiento de la sentencia y demostrar que ha emitido las disculpas ordenadas. En caso de no hacerlo, podría enfrentar sanciones que incluyen arresto hasta por seis meses y una multa de hasta 20 salarios mínimos legales vigentes.
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Este nuevo incidente se suma a procesos previos relacionados con el mismo caso, en el que organizaciones de víctimas han solicitado el cumplimiento de las decisiones judiciales como parte de las garantías de reparación y no repetición.
El acto simbólico en cuestión buscaba rendir homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, un tema que ha sido objeto de múltiples pronunciamientos judiciales y de organismos de derechos humanos en Colombia.
El juzgado reiteró que las órdenes emitidas por la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y que su desacato puede derivar en sanciones personales para el funcionario involucrado.
Por ahora, el proceso queda a la espera de que el congresista responda dentro del plazo establecido y cumpla con lo ordenado por las autoridades judiciales.
El presidente Gustavo Petro confirmó este 17 de marzo que Estados Unidos le devolvió su visa como jefe de Estado, la cual estará vigente hasta el final de su mandato. El anuncio se da tras varios meses de tensiones diplomáticas y luego de recientes acercamientos con el gobierno estadounidense.
A través de un mensaje público, el mandatario aseguró que recuperó el documento migratorio necesario para sus desplazamientos oficiales. “Mi visa hacia EE. UU. como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato”, afirmó, al tiempo que expresó su expectativa de ser retirado de la denominada lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘lista Clinton’.
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En su pronunciamiento, Petro señaló que no encuentra razones para continuar en ese listado y manifestó que espera una decisión del Gobierno estadounidense en ese sentido. Además, indicó que no tiene restricciones para viajar a otras regiones del mundo.
La situación consular del jefe de Estado había generado controversia desde septiembre de 2025, cuando su visa fue retirada tras un episodio ocurrido en Nueva York, lo que marcó un momento de tensión en la relación entre ambos países.
La canciller Rosa Villavicencio se refirió al tema en una entrevista con el diario El País, donde aseguró que el presidente contará con su visa durante el tiempo que permanezca en el cargo. También indicó que se han presentado avances en la reconstrucción de la confianza entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
Según explicó la funcionaria, parte de las tensiones surgieron por percepciones sobre la política del Gobierno colombiano en la lucha contra las drogas. Sin embargo, afirmó que esas diferencias han comenzado a superarse tras los encuentros recientes entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump.
En ese contexto, ambos gobiernos han manifestado su interés en reactivar proyectos de cooperación, especialmente en temas relacionados con el desarrollo económico y la dinámica en zonas fronterizas.
Sobre la inclusión del mandatario en la lista de la OFAC, Villavicencio señaló que el Gobierno colombiano ha adelantado gestiones diplomáticas para buscar el levantamiento de estas medidas, aunque aclaró que el tema no ha sido abordado formalmente en reuniones bilaterales.
Cabe recordar que esta lista implica restricciones financieras y bloqueos de activos para las personas incluidas, en el marco de políticas de control contra actividades ilícitas. En el caso colombiano, la medida también alcanzó a personas del entorno cercano del presidente.
Pese a la cancelación inicial de la visa, Petro ya había viajado a Estados Unidos en dos ocasiones mediante permisos temporales. Uno de esos viajes ocurrió el 3 de febrero, cuando sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, en lo que fue un paso clave para recomponer la relación bilateral.
Foto: Presidencia
Posteriormente, el mandatario también se desplazó a Chicago para asistir a eventos oficiales, lo que evidenció un canal diplomático activo pese a las restricciones.
La restitución de la visa se interpreta como un nuevo avance en el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, en un contexto en el que los dos gobiernos han manifestado su intención de fortalecer la cooperación y superar los episodios de tensión registrados en 2025.
Investigación revela congresistas vinculados a ocupación ilegal de baldíos de la nación
Foto: Senado de la república / ANT
Una investigación de Señal Investigativa reveló que 14 congresistas de distintos partidos políticos están vinculados a procesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por la presunta ocupación irregular de baldíos de la nación. De ese grupo, diez fueron reelegidos en las elecciones del 8 de marzo y harán parte del nuevo Congreso que inicia funciones el 20 de julio.
Según el informe, los casos involucran a miembros del Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal y Centro Democrático. Entre los nombres mencionados están Luis Eduardo Díaz Mateus, Wadith Manzur, Marcos Daniel Pineda, Nicolás Barguil, Carlos Mario Farelo, Ana Paola García Soto, José Alfredo Gnecco Zuleta, Lidio García, Óscar Villamizar y Enrique Cabrales.
La investigación señala que estos procesos están relacionados con predios que, según la ANT, tendrían carácter de baldíos, es decir, tierras que pertenecen al Estado y que deben ser destinadas a programas como la reforma agraria.
Foto: ANT
Uno de los casos más llamativos involucra a un familiar de la candidata presidencial Paloma Valencia. De acuerdo con el reporte, su primo, Nicolás Laserna Serna, habría ocupado durante más de ocho años una finca de aproximadamente 6.000 hectáreas en el municipio de La Primavera, Vichada. La ANT determinó que este predio, conocido como Buenavista, tiene condición de baldío y ordenó su recuperación para ser entregado a campesinos.
En la misma región, cerca de Puerto Carreño, también se investiga un predio de más de 370 hectáreas que, según la ANT, estaría siendo explotado por personas cercanas al congresista Carlos Cuenca Chaux. Este proceso se encuentra en etapa de apelación y, de confirmarse la condición de baldío, el terreno pasaría a formar parte de los programas de redistribución de tierras.
El informe también plantea que existe un posible conflicto de intereses en el Congreso frente al trámite de la Jurisdicción Agraria, un mecanismo contemplado en el Acuerdo de Paz de 2016 para resolver disputas sobre tierras rurales. Según Señal Investigativa, esta iniciativa ha tenido múltiples bloqueos legislativos, pese a que ya cuenta con avances en su marco constitucional y legal.
De acuerdo con la investigación, algunos de los congresistas señalados hacen parte de los sectores que han frenado el avance de esta jurisdicción, lo que ha impedido la creación de jueces especializados para resolver conflictos sobre la propiedad rural y facilitar la recuperación de baldíos.
Informe completo
Otro de los casos documentados corresponde a las Islas del Rosario, donde durante años se han mantenido ocupaciones mediante contratos de arrendamiento a bajo costo. El Gobierno nacional ha anunciado acciones para recuperar estos territorios como parte de su política de tierras.
El reportaje también anticipa que la Agencia Nacional de Tierras prepara un nuevo informe con más nombres de congresistas que estarían vinculados a investigaciones similares, el cual sería presentado antes de la posesión del nuevo Congreso.
En un hecho adicional, la investigación reveló que días antes de las elecciones, la Policía interceptó en La Guajira a un escolta vinculado al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, con 145 millones de pesos en efectivo y material político. Lacouture negó relación con posibles irregularidades, aunque se conoció que gestionó la defensa del implicado.
El informe también menciona que existen procesos en la Fiscalía en los que el funcionario ha sido señalado por presuntos hechos de corrupción en etapas anteriores de su carrera pública.
Los hallazgos se conocen en medio del debate nacional sobre la reforma agraria y el acceso a la tierra, un tema central en la agenda del Gobierno y en el que la recuperación de baldíos ha sido uno de los ejes principales.
Gobierno convertirá la Nueva EPS en entidad pública bajo control estatal
Foto: Presidencia / Redes Sociales
El presidente Gustavo Petro anunció un reordenamiento estructural del sistema de salud en Colombia que incluye la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren quebradas y la conversión de la Nueva EPS en una entidad pública adscrita al Estado.
De acuerdo con el mandatario, la medida se aplicará conforme a la ley y no dejará desprotegidos a los usuarios. Explicó que los afiliados de las EPS que sean liquidadas serán trasladados a las entidades que permanezcan operando, tal como ha ocurrido en procesos anteriores dentro del sistema.
La orden de liquidar las EPS quebradas, tal como ordena la ley, no deja a las personas desamparadas en Colombia Por:
1. El sistema de prevención ya en acción cubrirá al 100% de la población
2. Los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden, como hasta… https://t.co/RpwAta8vlo
Uno de los puntos centrales del anuncio es que el Gobierno no asumirá las deudas de las EPS privadas. Petro fue enfático en señalar que los propietarios de estas entidades deberán responder por las obligaciones pendientes que no puedan ser cubiertas en los procesos de liquidación.
“Los propietarios de EPS liquidadas cuya deuda no se pueda financiar con la liquidación asumirán las deudas que falten”
En contraste, el Estado sí intervendrá en el caso de la Nueva EPS, que pasará a ser pública. Según explicó el presidente, esta entidad será adscrita a los ministerios de Salud y Hacienda, y el Gobierno nacional asumirá el pago de las deudas que le correspondan directamente, a través de la ADRES.
El rediseño del sistema también contempla cambios en el flujo de recursos. Petro aseguró que los pagos a hospitales y clínicas se realizarán directamente desde la ADRES, eliminando intermediaciones. Este mecanismo, dijo, se implementará mediante una fórmula automática que actualmente está en desarrollo.
El mandatario reiteró que el modelo de salud se enfocará en la prevención. Según explicó, un sistema preventivo ya cubre cerca del 50% de la población y se proyecta su ampliación al 100%, con financiamiento estatal y operación territorial por parte de las EPS que continúen en funcionamiento.
Además, el Gobierno plantea fortalecer la red pública hospitalaria, que asumiría un papel central en la atención primaria, mientras que la Nación financiaría la especialización y la alta complejidad. En paralelo, las entidades territoriales tendrían mayor responsabilidad en el sostenimiento de hospitales públicos mediante transferencias.
En materia de medicamentos, Petro anunció que serán adquiridos a través de subasta inversa abierta, con participación de proveedores que cumplan condiciones financieras, y que el Estado continuará produciendo e importando fármacos.
El presidente también respondió a críticas sobre estas decisiones, señalando que la liquidación de EPS no es un hecho nuevo en el país. “Todos los presidentes en el pasado liquidaron EPS”, afirmó, y agregó que recibió un sistema con 28 EPS activas, las cuales, según dijo, no cumplían con las reservas técnicas exigidas.
Finalmente, el mandatario reiteró que las EPS que logren sanear sus finanzas podrán continuar operando, mientras que las que no cumplan con los requisitos serán liquidadas. Estas medidas, según anunció, serán formalizadas mediante decretos y un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso.
Petro advierte que mafias buscan asesinar a director de la ANT, Felipe Harman
Foto: Presidencia
Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro aseguró que mafias estarían intentando atentar contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, debido a su papel en la recuperación de bienes y su entrega a comunidades campesinas. “A Felipe Harman lo quieren asesinar porque reparte los bienes de la mafia a los campesinos”, afirmó el mandatario.
A Felipe Harman lo quieren asesinar porque reparte los bienes de la mafia a los campesinos.
El cartel de las marionetas de Antioquia y Caldas recibía los bienes de la SAE y se los devolvía al narcotráfico en el gobierno de Duque. pic.twitter.com/xIHxG5uY3P
La advertencia se da en medio del balance que presentó el Gobierno sobre la reforma agraria, donde se han reportado avances en la recuperación, compra y transferencia de tierras. Según lo expuesto en la sesión, el Ejecutivo ha logrado incorporar cerca de 763.000 hectáreas al Fondo de Tierras, provenientes de compras, transferencias de la Sociedad de Activos Especiales y del Fondo de Reparación de Víctimas.
De ese total, más de 300.000 hectáreas ya han sido entregadas a campesinos, mientras que el resto continúa en proceso de aprehensión, desalojo y formalización. De acuerdo con el Gobierno, estas etapas implican intervenciones predio a predio, lo que explica la diferencia entre las tierras gestionadas y las efectivamente adjudicadas.
En esa línea, también se informó que desde 2024 se han realizado 327 desalojos con apoyo de la Fuerza Pública, lo que ha permitido la recuperación de más de 85.000 hectáreas en distintas regiones del país.
Durante su intervención, Harman expuso el caso de la Ciénaga Corralito como ejemplo de las complejidades de estos procesos. Allí, según explicó, coexistían bienes fiscales vinculados a alias “Fritanga”, ocupaciones indebidas y afectaciones ambientales por la construcción de diques que estaban secando la ciénaga.
Foto: Presidencia
El funcionario detalló que, tras acciones recientes, se logró el desalojo de predios que llevaban años sin ser recuperados y se ordenó la demolición de estructuras que afectaban el ecosistema, en aplicación de resoluciones de la ANT. Además, indicó que comunidades campesinas ya han accedido a cerca de 180 hectáreas en la zona, con proyección de ampliar esa cifra.
Harman también señaló que estos procesos han evidenciado problemáticas históricas como el acaparamiento de baldíos, la ocupación irregular de bienes fiscales y las dificultades para garantizar el acceso a la tierra en regiones como Córdoba y Sucre.
En el mismo espacio, se mencionaron cuestionamientos sobre el manejo de bienes en administraciones anteriores, señalando que redes ilegales habrían logrado recuperar predios a través de intermediarios.
El Gobierno insistió en que la implementación de la reforma agraria requiere no solo la adquisición de tierras, sino también su recuperación material, lo que implica operativos de desalojo y presencia institucional en territorio.
Finalmente, el presidente Petro advirtió que estas acciones están generando resistencia de estructuras criminales, lo que, según dijo, se refleja en amenazas contra funcionarios y comunidades involucradas en los procesos de redistribución de tierras.
Se conocen primeras imágenes de presunta bomba lanzada desde Ecuador en territorio colombiano
Foto: RTVC
En medio de la controversia por los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles bombardeos desde Ecuador, se conocieron las primeras imágenes de un artefacto explosivo que habría sido hallado en zona selvática y fronteriza del departamento de Nariño.
Las imágenes, divulgadas por el sistema de medios públicos RTVC, mostrarían una bomba que, según versiones preliminares, no habría detonado pese a llevar varios días en el lugar. El hallazgo coincide con las denuncias hechas por el mandatario durante un consejo de ministros, en el que aseguró que se investigan explosivos presuntamente lanzados desde el vecino país.
De acuerdo con analistas citados por el medio, resulta inusual que el artefacto se encuentre en ese estado sin haber explotado, lo que ha generado interrogantes sobre su origen, funcionamiento y tiempo en el terreno.
En respuesta a la situación, unidades de las Fuerzas Militares se desplazan hacia la zona para verificar el artefacto y adelantar las investigaciones correspondientes que permitan establecer su procedencia y nivel de riesgo.
El caso se mantiene en desarrollo y hace parte de las indagaciones que adelanta el Gobierno Nacional frente a los reportes de posibles hechos en la frontera sur del país.
Más de 19 mil predios bajo control de la Fiscalía podrían volver a las mafias
Foto: Redes Sociales
En el consejo de ministros de este lunes, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, alertó que más de 19 mil predios incautados a estructuras criminales están en riesgo de ser devueltos, en medio de vacíos jurídicos y decisiones pendientes de las autoridades.
Según explicó, actualmente existen cerca de 19.800 predios que dependen de que la Fiscalía General de la Nación extienda las medidas cautelares que permiten mantenerlos bajo control del Estado. De no hacerlo, estos bienes podrían perder esa protección jurídica, pese a estar vinculados a procesos de extinción de dominio sin fallo definitivo.
La funcionaria también advirtió que una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro incrementa el riesgo, ya que facilitaría que terceros inicien procesos para recuperar estos predios.
Pérez Parra señaló que esta situación ya ha generado múltiples acciones judiciales contra la SAE, como tutelas e incidentes de desacato, e incluso denunció amenazas personales por no devolver de manera inmediata algunos bienes.
Durante su intervención, cuestionó que, mientras estos predios asociados a estructuras ilegales cuentan con garantías jurídicas prolongadas, campesinos enfrentan procesos más rápidos para la recuperación de tierras.
El caso se encuentra además bajo análisis del Consejo de Estado, que deberá tomar decisiones clave frente a la situación jurídica de estos bienes.
