Más de 11.000 solicitudes y 623.000 víctimas: la restitución de tierras transforma Nariño

La restitución de tierras en el departamento de Nariño sigue siendo un proceso clave para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Más de 623.000 personas han sido reconocidas como víctimas del despojo, y más de 11.000 están registradas en solicitudes formales de restitución, según cifras oficiales.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha intensificado su trabajo en esta región estratégica por sus dinámicas de frontera, su acceso al Pacífico y su geografía de cordillera. Cada acción busca garantizar que las tierras vuelvan a manos de quienes fueron despojados, permitiendo que familias y comunidades puedan reconstruir sus vidas y retomar proyectos agrícolas y de vivienda.

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Inicia una nueva temporada con más territorios, más historias y más voces que transforman vidas.
Recorreremos Colombia para seguir contando cómo la restitución devuelve la tierra y reconstruye el futuro de miles de familias.

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— Unidad de Restitución de Tierras (@URestitucion) March 31, 2026

Expertos señalan que la restitución no solo implica la entrega de predios, sino también la recuperación del tejido social y económico, asegurando derechos territoriales y promoviendo desarrollo local. Los casos recientes en Nariño muestran cómo la restitución puede transformar la vida de las comunidades y generar oportunidades de crecimiento en zonas históricamente afectadas por la violencia.

Comisión Primera del Senado aprueba proyecto que prohíbe la mutilación genital femenina

La Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia, una iniciativa que busca erradicar de manera definitiva esta práctica y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de niñas y mujeres en todo el territorio nacional. Con este avance legislativo, el proyecto continúa su trámite en el Congreso en medio de un debate que trasciende lo jurídico y se centra en la dignidad, la salud y la vida de las mujeres.

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Durante la discusión, los congresistas coincidieron en que la mutilación genital femenina no puede ser entendida ni justificada como una práctica cultural o ancestral, sino como una forma de violencia que ha dejado graves consecuencias físicas y psicológicas en quienes la han padecido. En ese sentido, se reiteró la necesidad de que el Estado adopte medidas contundentes no solo para prohibirla, sino también para prevenirla y erradicarla desde un enfoque integral.

Hoy en Comisión Primera del Senado aprobamos en unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la mutilación genital femenina en nuestro país.

Reafirmamos que estas prácticas NO hacen parte ni son cultura; por el contrario, han marcado el horror en la vida de niñas y mujeres en los… pic.twitter.com/kwjn5yyt1T

— Aida Quilcué (@aida_quilcue) March 25, 2026

En el debate intervino la senadora Aida Quilcué, quien subrayó que este tipo de prácticas no hacen parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas ni de sus tradiciones, y advirtió sobre el riesgo de estigmatizar a estas comunidades. La congresista enfatizó que, por el contrario, muchas de estas violencias tienen raíces en procesos históricos de exclusión y colonialismo, y destacó experiencias en territorios donde, a través de sistemas propios de salud y educación, se ha logrado avanzar en la transformación cultural y la protección de niñas y mujeres.

Quilcué también planteó que la discusión no debe limitarse a la sanción, sino que debe avanzar hacia la construcción de políticas públicas efectivas que permitan prevenir este tipo de violencias. En ese contexto, hizo un llamado a articular esfuerzos institucionales para abordar problemáticas más amplias como los feminicidios y otras formas de violencia de género, que siguen siendo una preocupación en el país a pesar de la existencia de normas.

El proyecto, además, busca ampliar su alcance para que la protección no se limite a una comunidad específica, sino que cobije a todas las poblaciones donde puedan presentarse estas prácticas. Con ello, se pretende consolidar una respuesta integral del Estado que garantice los derechos de las mujeres y contribuya a la erradicación definitiva de la mutilación genital femenina en Colombia.

Corte Suprema decidirá sobre impugnación que busca anular condena contra Santiago Uribe

La Corte Suprema de Justicia asumirá el estudio de la impugnación especial presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, luego de su condena en segunda instancia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.

El recurso fue remitido por el Tribunal Superior de Antioquia, que en noviembre de 2025 revocó el fallo absolutorio de primera instancia y condenó a Uribe Vélez a 28 años y tres meses de prisión, al considerar que existía responsabilidad en la conformación y dirección de este grupo paramilitar que operó en el norte del departamento en la década de los 90.

El proceso judicial también incluye su presunta participación en el homicidio de un conductor de bus ocurrido el 25 de febrero de 1994, así como otros crímenes atribuidos a la estructura ilegal.

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Dentro del expediente se mantiene un debate jurídico sobre la prescripción de los delitos. Mientras una interpretación señala que los términos podrían vencerse entre 2026 y 2027, otra sostiene que el plazo se extendería hasta el año 2032.

La defensa del procesado ha insistido en su inocencia y busca que la Corte Suprema revise la decisión, en un proceso que ahora entra en una nueva etapa judicial y que será clave para definir la validez de la condena.

Denuncian al registrador Hernán Penagos por presunta irregularidad en convocatoria de consulta popular

Una nueva controversia rodea al registrador nacional, Hernán Penagos, tras la presentación de dos denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción relacionado con la convocatoria de una consulta popular.

El cuestionamiento se centra en la decisión de fijar una nueva fecha para el mecanismo de participación ciudadana sin reiniciar el procedimiento, manteniendo como base jurídica el trámite iniciado en julio de 2025. Según los argumentos expuestos en las denuncias, esta actuación habría desconocido los límites temporales establecidos por la ley.

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De acuerdo con lo señalado, la Ley 1625 de 2013 establece un plazo específico para la realización de este tipo de consultas una vez se cumplen los requisitos legales. Sin embargo, en este caso la convocatoria fue proyectada para el 26 de julio de 2026, superando ampliamente el término de cinco meses contemplado en la normativa.

En ese sentido, los denunciantes sostienen que no existiría una disposición legal que permita extender el proceso más allá del plazo fijado, por lo que la decisión administrativa podría constituir una actuación contraria al ordenamiento jurídico.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo solicitó la adopción de una medida cautelar de suspensión provisional de la convocatoria, argumentando un posible riesgo de detrimento patrimonial en caso de que el proceso continúe bajo las condiciones actuales.

Este escenario abre un nuevo frente jurídico e institucional en torno a la organización de la consulta popular, que ahora quedará bajo análisis de los entes de control y de investigación.

Sin conciliación: buscan sentencia condenatoria en contra de Paloma Valencia

La audiencia de conciliación en la demanda por injuria y calumnia contra la senadora Paloma Valencia, interpuesta por Deyanira Gómez, terminó sin acuerdo entre las partes.

La defensa de Gómez, encabezada por el abogado Miguel Ángel del Río, confirmó que el proceso continuará hasta una eventual sentencia, al considerar que los señalamientos hechos por la congresista carecen de veracidad y han generado un daño moral.

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Según explicó el jurista, no existe intención de conciliar y el objetivo será que la justicia determine responsabilidades en el caso. Además, sostuvo que las afirmaciones atribuidas a Valencia no estarían sustentadas en hechos verificables ni en información de carácter público.

Tras el fracaso de la conciliación, el siguiente paso será el avance del proceso judicial, en el que se presentarán pruebas ante el despacho del magistrado encargado, quien deberá evaluar los elementos y tomar una decisión.

Avión Hércules accidentado fue adquirido por Duque de segunda mano a EE. UU.

El accidente del avión Hércules C-130H en Puerto Leguízamo, Putumayo, no solo dejó víctimas y encendió las alertas sobre la seguridad aérea militar, sino que también puso en el centro del debate el origen y las condiciones de la aeronave siniestrada, adquirida durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

La aeronave, identificada como FAC-1016, hacía parte de un lote de tres aviones C-130H obtenidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana tras un acuerdo bilateral firmado en 2018 con Estados Unidos. La adquisición se realizó mediante el programa Defense Surplus Items Sales (EDA), un mecanismo oficial que permite transferir equipos militares dados de baja por la Fuerza Aérea estadounidense a países aliados. Según reportes especializados del sector aeronáutico, el paquete completo tuvo un costo cercano a los 30 millones de dólares.

• En su momento, el entonces ministro de Defensa Diego Molano anticipó la llegada de estas aeronaves con un mensaje en redes sociales: “Acaban de llegar dos grandes sorpresas para Colombia. Pronto sabrán de qué se trata…”, en referencia a la incorporación de los aviones Hércules a la flota de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Estos aviones provenían de inventarios fuera de servicio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y contaban con sistemas defensivos como dispensadores de contramedidas tipo chaff y flare, lo que los convirtió en los primeros Hércules en Colombia con esta capacidad. El FAC-1016 fue el primero en llegar al país en octubre de 2020, seguido por otras dos unidades que completaron la flota.

Desde el punto de vista técnico, las aeronaves fueron sometidas a procesos de mantenimiento mayor antes de su incorporación. Estos incluyeron desensamble completo de la estructura —alas, estabilizadores, motores y tren de aterrizaje—, inspecciones de integridad estructural, reparación de sistemas hidráulicos, sellado de tanques y modernización de cabina con pantallas digitales tipo EFIS.

También se realizaron pruebas funcionales de sistemas eléctricos, de navegación y comunicaciones, así como inspecciones no destructivas en componentes críticos, siguiendo los estándares del fabricante.

Pese a estos procesos, el avión siniestrado tenía una vida operativa que se remontaba a 1983, acumulando más de cuatro décadas de uso en distintas misiones antes de su llegada a Colombia.

El accidente ocurrió cuando la aeronave transportaba personal del Ejército Nacional de Colombia. Según el balance preliminar entregado por el presidente Gustavo Petro, el hecho dejó decenas de heridos, una persona fallecida y varios ocupantes cuyo estado aún está por establecer, sin embargo fuentes no oficiales señalan que la cifra estaría rondando las 48 victimas fatales

Tras la emergencia, el mandatario señaló que existe un deterioro acumulado en el equipamiento militar y reiteró la necesidad de avanzar en la modernización de la flota aérea. Petro también mencionó retrasos en procesos administrativos como la aprobación del CONPES para la renovación del armamento.

El caso ha generado reacciones políticas y reabre la discusión sobre los mecanismos de adquisición de equipos militares, especialmente aquellos provenientes de programas de excedentes, en un momento en el que el país debate el futuro de su capacidad aérea.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas del accidente del FAC-1016, en un proceso que será clave para establecer responsabilidades y definir posibles correctivos en la operación de la flota militar.

URT reporta atención a más de 4.000 personas en jornadas de restitución de tierras

La Unidad de Restitución de Tierras presentó avances en sus estrategias de atención a víctimas de despojo, destacando el alcance de las jornadas institucionales desarrolladas en diferentes regiones del país.

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Según la información expuesta, la entidad ha atendido a más de 4.000 personas en 20 ferias realizadas en ocho departamentos y 20 municipios, como parte de una estrategia liderada desde la Dirección Territorial Bogotá.

Estas jornadas han buscado acercar la oferta del Estado a territorios donde las comunidades enfrentan dificultades para acceder a servicios institucionales, mediante la articulación con distintas entidades del orden nacional.

En estos espacios han participado instituciones del sector agropecuario como la Agencia Nacional de Tierras, el Banco Agrario y el ICA, así como entidades encargadas de atención social y formación como el SENA y la Unidad para las Víctimas.

De acuerdo con lo expuesto, la estrategia se construyó en conjunto con organizaciones sociales, juntas de acción comunal y autoridades locales, lo que permitió ampliar la convocatoria y facilitar la asistencia de población rural, incluso desde zonas veredales.

La iniciativa hace parte de las acciones de la URT orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en los procesos de restitución de tierras en distintas regiones del país.

RTVC denunció penalmente a Daniel Briseño por injuria y calumnia

El sistema de medios públicos RTVC interpuso acciones judiciales contra Daniel Briseño por presuntas conductas que podrían configurar los delitos de injuria, calumnia, falsedad documental y fraude procesal. El caso marca un nuevo capítulo en la confrontación entre actores políticos y medios estatales, ahora trasladado al terreno legal.

La denuncia surge en medio de una serie de señalamientos públicos realizados por Briseño desde 2025, en los que ha cuestionado el funcionamiento de RTVC y ha emitido acusaciones sobre presuntas irregularidades dentro del sistema de medios. Según lo expuesto por la entidad, estas afirmaciones habrían traspasado los límites de la crítica legítima, dando paso a posibles conductas sancionables penalmente.

Uno de los puntos centrales del caso es la presunta manipulación de material audiovisual. De acuerdo con lo explicado por el exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett, el congresista electo habría utilizado audios que, en realidad, corresponderían a momentos distintos, pero que habrían sido editados y fusionados para presentarlos como si fueran un solo registro continuo.

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Desde la perspectiva jurídica, este hecho podría configurar una falsedad en documento privado, ya que en el derecho penal colombiano los audios, videos o fotografías son considerados documentos cuando pueden servir como prueba. La alteración de estos elementos, si se comprueba, implicaría una distorsión de la verdad con potencial impacto en procesos judiciales o administrativos.

A esto se suma la posible comisión de fraude procesal, en caso de que dicho material haya sido utilizado con la intención de inducir en error a autoridades. Este delito se configura cuando, mediante un engaño, se busca que un funcionario adopte una decisión contraria a la ley, lo que agrava el alcance de la conducta investigada.

En paralelo, RTVC también sustenta su denuncia en una serie de declaraciones públicas que, según la entidad, constituyen injuria y calumnia. De acuerdo con lo señalado, Briseño habría atribuido conductas delictivas al sistema de medios y a sus integrantes, incluyendo afirmaciones sobre supuestas prácticas ilegales, lo que podría afectar directamente el buen nombre de la institución.

Otro elemento que hace parte de la controversia es la divulgación de información sobre un presunto gasto cercano a los 4,2 millones de pesos en una cena. Según la explicación entregada en el mismo espacio informativo, este hecho habría sido presentado sin contexto, omitiendo que se trataba de un evento institucional con participación de invitados internacionales en el marco de actividades propias de una entidad que opera bajo un régimen empresarial del Estado.

En ese sentido, se argumenta que la difusión de información incompleta o descontextualizada también podría tener implicaciones legales, especialmente si genera percepciones erróneas que deriven en investigaciones o afectaciones reputacionales.

Adicionalmente, se indicó que hasta el momento no se tiene conocimiento de denuncias formales presentadas por Briseño ante la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría en contra de RTVC, lo que ha sido interpretado por la entidad como una estrategia centrada en el ámbito mediático más que en instancias judiciales.

El caso ahora queda en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones formales y establecer responsabilidades. La posible configuración de delitos como falsedad documental, fraude procesal, injuria y calumnia implica un análisis detallado de las pruebas y del contexto en el que se produjeron los hechos.

Este episodio refleja un escenario cada vez más frecuente en el país: las disputas políticas y mediáticas que terminan trasladándose a los tribunales. En un entorno donde la libertad de expresión convive con la responsabilidad legal sobre lo que se afirma públicamente, serán las autoridades las encargadas de definir si se cruzaron los límites establecidos por la ley.

Más de 275 mil hectáreas han sido recuperadas en el Cauca

La política de restitución de tierras en el departamento del Cauca registra uno de sus avances más significativos en los últimos años. De acuerdo con el balance entregado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), más de 275.931 hectáreas han sido restituidas durante la actual gestión, beneficiando a miles de víctimas del conflicto armado en esta región del país.

Las cifras evidencian un impulso importante en la reparación integral, especialmente en comunidades étnicas y campesinas. Según el informe, 17.787 personas han sido beneficiadas mediante la restitución de 274.124 hectáreas a través de la ruta étnica, y otras 1.807 hectáreas en procesos individuales, consolidando un alcance territorial amplio en zonas históricamente afectadas por la violencia.

Este avance cobra relevancia si se tiene en cuenta que el Cauca ha sido uno de los departamentos más golpeados por el despojo de tierras. Desde 2011 hasta el cierre de 2025, cerca de 905.890 hectáreas han sido inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, lo que refleja la magnitud del conflicto y las dificultades que durante años enfrentaron las víctimas para acceder a procesos de restitución.

Uno de los cambios destacados en la actual administración ha sido el aumento en la inscripción de solicitudes. De las 1.655 decisiones de fondo adoptadas, el 57% resultó en inscripción, lo que permitió que más casos avanzaran en el proceso. A esto se suma la caracterización de 26 territorios colectivos, que representan 415.593 hectáreas, consolidando casi la mitad de la tierra inscrita en los últimos 15 años.

En el enfoque étnico se concentran los principales resultados. Durante el actual Gobierno se han emitido doce fallos de restitución colectiva, que han permitido recuperar más de 274 mil hectáreas, equivalentes al 77% de lo logrado en toda la vigencia de la Ley 1448. Estas decisiones han beneficiado a siete consejos comunitarios y cinco resguardos indígenas, fortaleciendo el reconocimiento de los derechos territoriales de estas comunidades.

Además, la entidad ha radicado 52 demandas colectivas que reclaman cerca de 891.692 hectáreas, de las cuales el 73% fueron presentadas en la actual administración. Este incremento ha sido acompañado por el fortalecimiento institucional, incluyendo la apertura de nuevos juzgados especializados en restitución, lo que busca agilizar los procesos judiciales.

En cuanto a la ruta individual, también se reportan avances importantes. Se han intervenido 3.869 hectáreas en 671 casos en proceso de demanda, en el marco de una estrategia que busca mejorar las condiciones de acceso a los territorios. Municipios como Cajibío se destacan por la implementación de modelos de seguridad que permiten el acompañamiento de comunidades organizadas, facilitando el trabajo en terreno.

El informe también resalta un hecho relevante: el reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo dentro de los procesos de restitución. Actualmente, se adelantan casos en municipios como Cajibío, Mercaderes y Miranda, marcando un precedente en la reparación integral para estas comunidades.

En materia de proyectos productivos, la entidad ha ejecutado el 51% de las iniciativas implementadas en el marco de la Ley 1448, con una inversión que supera los 5.800 millones de pesos. Estas acciones buscan garantizar no solo el retorno a la tierra, sino también condiciones de sostenibilidad económica para las familias beneficiarias.

Desde la entidad se destacó que estos avances han sido posibles gracias al fortalecimiento institucional y al trabajo articulado con comunidades y autoridades locales, en medio de un contexto que aún presenta desafíos en materia de orden público.

Operativos del Gobierno detectan estaciones que no bajaron la gasolina

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, confirmó que una parte importante de las estaciones de servicio en Colombia no aplicó la reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina, una medida que debía reflejarse desde febrero como parte de los ajustes en la política de combustibles. Según los resultados de operativos de inspección realizados en varias ciudades del país, más del 20% de los establecimientos verificados incumplió esta directriz, generando un impacto directo en el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con la información oficial, las visitas de control incluyeron al menos 86 estaciones de servicio, donde se evaluaron no solo los precios al público, sino también condiciones técnicas, operativas y laborales. En ese proceso, las autoridades detectaron que el incumplimiento no se limita únicamente al tema tarifario. Más del 75% de las estaciones inspeccionadas presentó algún tipo de irregularidad, lo que evidencia fallas estructurales en la operación del servicio.

Entre los hallazgos se identificaron inconsistencias en aspectos técnicos, deficiencias en protocolos operativos, incumplimientos en normativas laborales y problemas relacionados con la seguridad industrial. Este panorama encendió las alertas del Gobierno, que advirtió la necesidad de reforzar los controles para garantizar que el servicio de distribución de combustibles se preste bajo condiciones adecuadas y conforme a la regulación vigente.

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Desde el Ministerio de Minas y Energía se reiteró que el suministro de combustibles es considerado un servicio público esencial, por lo que su prestación debe garantizar estándares de calidad, seguridad y transparencia. En ese sentido, las autoridades aseguraron que continuarán los operativos de inspección en diferentes regiones del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas y proteger a los usuarios frente a posibles abusos o irregularidades.

En cuanto a los casos relacionados con el incumplimiento en la reducción del precio de la gasolina, el Gobierno anunció que serán trasladados a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de adelantar las investigaciones correspondientes. Esta autoridad podrá imponer sanciones a las estaciones que hayan incumplido la normativa, en el marco de sus competencias de vigilancia y control del mercado.

La intervención de la Superintendencia busca determinar si existieron prácticas que vulneren los derechos de los consumidores o que afecten la libre competencia. Dependiendo de los hallazgos, las estaciones podrían enfrentar multas u otras medidas correctivas, conforme a la legislación vigente.

Este escenario se presenta en medio de un contexto en el que el Gobierno ha venido implementando ajustes graduales en los precios de los combustibles, con el objetivo de estabilizar el mercado y reducir presiones fiscales. Sin embargo, para que estas decisiones tengan efecto real, es clave que los distribuidores minoristas reflejen oportunamente las variaciones en los precios al consumidor final.

Las autoridades insistieron en que el seguimiento a este sector será permanente, especialmente en momentos de cambios en la política de precios, para evitar distorsiones en el mercado y garantizar que los beneficios anunciados lleguen efectivamente a la ciudadanía.

Paloma Valencia propone que el Gobierno asuma deuda de $50 billones de las EPS

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia propuso que el Estado reconozca y asuma como deuda pública cerca de 50 billones de pesos correspondientes a obligaciones acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en medio del debate nacional sobre el futuro del sistema de salud.

La iniciativa plantea que estos recursos sean incorporados como deuda del Gobierno, lo que implicaría trasladar esa carga financiera al Estado con el fin de sanear las cuentas del sistema. La propuesta se conoce en un contexto de crisis estructural del sector salud y de discusión sobre posibles reformas.

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Desde distintos sectores han surgido críticas a la propuesta. El líder sindical Fabio Arias cuestionó la medida y advirtió que podría significar un mayor costo para el país, al duplicar el impacto económico si no se corrigen los problemas de fondo.

La candidata presidencial de la extrema derecha y del uribismo @PalomaValenciaL dice que el estado le debe 50 billones de pesos a las EPS y ella propone es reconocerlas como una deuda del estado, titularizándolas, con lo cual el robo ya no sería de $50 billones de corrupción sino…

— Fabio Arias Giraldo (@fabioariascut) March 15, 2026

Por su parte, la representante a la Cámara Martha Alfonso señaló que esta iniciativa podría generar incentivos negativos en la administración de los recursos públicos, al trasladar al Estado las consecuencias de una gestión que, según afirmó, debe ser revisada estructuralmente.

Alfonso también recordó que en el pasado se han implementado mecanismos similares para sanear deudas del sistema de salud, sin que ello haya solucionado de manera definitiva las fallas estructurales, lo que mantiene abierto el debate sobre la sostenibilidad del modelo.

No se puede seguir echando dinero público a un barril sin fondo.

Martha Alfonso, Representante a la Camara

La propuesta de Valencia se suma así a las distintas posturas que actualmente se enfrentan en el país sobre cómo resolver la crisis del sistema de salud y garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Gobierno convertirá la Nueva EPS en entidad pública bajo control estatal

El presidente Gustavo Petro anunció un reordenamiento estructural del sistema de salud en Colombia que incluye la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren quebradas y la conversión de la Nueva EPS en una entidad pública adscrita al Estado.

De acuerdo con el mandatario, la medida se aplicará conforme a la ley y no dejará desprotegidos a los usuarios. Explicó que los afiliados de las EPS que sean liquidadas serán trasladados a las entidades que permanezcan operando, tal como ha ocurrido en procesos anteriores dentro del sistema.

La orden de liquidar las EPS quebradas, tal como ordena la ley, no deja a las personas desamparadas en Colombia
Por:

1. El sistema de prevención ya en acción cubrirá al 100% de la población

2. Los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden, como hasta… https://t.co/RpwAta8vlo

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Uno de los puntos centrales del anuncio es que el Gobierno no asumirá las deudas de las EPS privadas. Petro fue enfático en señalar que los propietarios de estas entidades deberán responder por las obligaciones pendientes que no puedan ser cubiertas en los procesos de liquidación.

“Los propietarios de EPS liquidadas cuya deuda no se pueda financiar con la liquidación asumirán las deudas que falten”

En contraste, el Estado sí intervendrá en el caso de la Nueva EPS, que pasará a ser pública. Según explicó el presidente, esta entidad será adscrita a los ministerios de Salud y Hacienda, y el Gobierno nacional asumirá el pago de las deudas que le correspondan directamente, a través de la ADRES.

El rediseño del sistema también contempla cambios en el flujo de recursos. Petro aseguró que los pagos a hospitales y clínicas se realizarán directamente desde la ADRES, eliminando intermediaciones. Este mecanismo, dijo, se implementará mediante una fórmula automática que actualmente está en desarrollo.

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El mandatario reiteró que el modelo de salud se enfocará en la prevención. Según explicó, un sistema preventivo ya cubre cerca del 50% de la población y se proyecta su ampliación al 100%, con financiamiento estatal y operación territorial por parte de las EPS que continúen en funcionamiento.

Además, el Gobierno plantea fortalecer la red pública hospitalaria, que asumiría un papel central en la atención primaria, mientras que la Nación financiaría la especialización y la alta complejidad. En paralelo, las entidades territoriales tendrían mayor responsabilidad en el sostenimiento de hospitales públicos mediante transferencias.

En materia de medicamentos, Petro anunció que serán adquiridos a través de subasta inversa abierta, con participación de proveedores que cumplan condiciones financieras, y que el Estado continuará produciendo e importando fármacos.

El presidente también respondió a críticas sobre estas decisiones, señalando que la liquidación de EPS no es un hecho nuevo en el país. “Todos los presidentes en el pasado liquidaron EPS”, afirmó, y agregó que recibió un sistema con 28 EPS activas, las cuales, según dijo, no cumplían con las reservas técnicas exigidas.

Finalmente, el mandatario reiteró que las EPS que logren sanear sus finanzas podrán continuar operando, mientras que las que no cumplan con los requisitos serán liquidadas. Estas medidas, según anunció, serán formalizadas mediante decretos y un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso.

Petro advierte que mafias buscan asesinar a director de la ANT, Felipe Harman

Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro aseguró que mafias estarían intentando atentar contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, debido a su papel en la recuperación de bienes y su entrega a comunidades campesinas. “A Felipe Harman lo quieren asesinar porque reparte los bienes de la mafia a los campesinos”, afirmó el mandatario.

A Felipe Harman lo quieren asesinar porque reparte los bienes de la mafia a los campesinos.

El cartel de las marionetas de Antioquia y Caldas recibía los bienes de la SAE y se los devolvía al narcotráfico en el gobierno de Duque. pic.twitter.com/xIHxG5uY3P

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

La advertencia se da en medio del balance que presentó el Gobierno sobre la reforma agraria, donde se han reportado avances en la recuperación, compra y transferencia de tierras. Según lo expuesto en la sesión, el Ejecutivo ha logrado incorporar cerca de 763.000 hectáreas al Fondo de Tierras, provenientes de compras, transferencias de la Sociedad de Activos Especiales y del Fondo de Reparación de Víctimas.

De ese total, más de 300.000 hectáreas ya han sido entregadas a campesinos, mientras que el resto continúa en proceso de aprehensión, desalojo y formalización. De acuerdo con el Gobierno, estas etapas implican intervenciones predio a predio, lo que explica la diferencia entre las tierras gestionadas y las efectivamente adjudicadas.

En esa línea, también se informó que desde 2024 se han realizado 327 desalojos con apoyo de la Fuerza Pública, lo que ha permitido la recuperación de más de 85.000 hectáreas en distintas regiones del país.

Durante su intervención, Harman expuso el caso de la Ciénaga Corralito como ejemplo de las complejidades de estos procesos. Allí, según explicó, coexistían bienes fiscales vinculados a alias “Fritanga”, ocupaciones indebidas y afectaciones ambientales por la construcción de diques que estaban secando la ciénaga.

El funcionario detalló que, tras acciones recientes, se logró el desalojo de predios que llevaban años sin ser recuperados y se ordenó la demolición de estructuras que afectaban el ecosistema, en aplicación de resoluciones de la ANT. Además, indicó que comunidades campesinas ya han accedido a cerca de 180 hectáreas en la zona, con proyección de ampliar esa cifra.

Harman también señaló que estos procesos han evidenciado problemáticas históricas como el acaparamiento de baldíos, la ocupación irregular de bienes fiscales y las dificultades para garantizar el acceso a la tierra en regiones como Córdoba y Sucre.

En el mismo espacio, se mencionaron cuestionamientos sobre el manejo de bienes en administraciones anteriores, señalando que redes ilegales habrían logrado recuperar predios a través de intermediarios.

El Gobierno insistió en que la implementación de la reforma agraria requiere no solo la adquisición de tierras, sino también su recuperación material, lo que implica operativos de desalojo y presencia institucional en territorio.

Finalmente, el presidente Petro advirtió que estas acciones están generando resistencia de estructuras criminales, lo que, según dijo, se refleja en amenazas contra funcionarios y comunidades involucradas en los procesos de redistribución de tierras.

Más de 19 mil predios bajo control de la Fiscalía podrían volver a las mafias

En el consejo de ministros de este lunes, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, alertó que más de 19 mil predios incautados a estructuras criminales están en riesgo de ser devueltos, en medio de vacíos jurídicos y decisiones pendientes de las autoridades.

Según explicó, actualmente existen cerca de 19.800 predios que dependen de que la Fiscalía General de la Nación extienda las medidas cautelares que permiten mantenerlos bajo control del Estado. De no hacerlo, estos bienes podrían perder esa protección jurídica, pese a estar vinculados a procesos de extinción de dominio sin fallo definitivo.

La funcionaria también advirtió que una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro incrementa el riesgo, ya que facilitaría que terceros inicien procesos para recuperar estos predios.

Pérez Parra señaló que esta situación ya ha generado múltiples acciones judiciales contra la SAE, como tutelas e incidentes de desacato, e incluso denunció amenazas personales por no devolver de manera inmediata algunos bienes.

Durante su intervención, cuestionó que, mientras estos predios asociados a estructuras ilegales cuentan con garantías jurídicas prolongadas, campesinos enfrentan procesos más rápidos para la recuperación de tierras.

El caso se encuentra además bajo análisis del Consejo de Estado, que deberá tomar decisiones clave frente a la situación jurídica de estos bienes.

Fuerzas Militares y Policía recuperan 85.000 hectáreas para la reforma agraria desde 2024

En el marco de un consejo de ministros, el Director de la Agencia Nacional de Tierras presentó un balance de las acciones de recuperación de tierras, señalando que desde 2024 se han ejecutado 327 desalojos que han permitido la aprehensión de más de 85.000 hectáreas destinadas a la reforma agraria.

De acuerdo con la información expuesta, estas operaciones se han realizado con el acompañamiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en distintas regiones del país, con énfasis en zonas estratégicas para la política de tierras.

Uno de los principales avances se ha registrado en el Magdalena Medio, donde se han recuperado cerca de 44.000 hectáreas. También se reportaron acciones relevantes en Antioquia, en línea con las prioridades definidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante la intervención, el Presidente Petro advirtió además sobre riesgos de seguridad en territorios donde se adelantan estos procesos. Se mencionó el caso de Puerto Boyacá, donde, según lo expuesto, existirían amenazas contra funcionarios vinculados a la implementación de la reforma agraria.

El Gobierno señaló que estas acciones hacen parte de la estrategia para garantizar el acceso a la tierra y evitar que predios vinculados a economías ilegales o procesos judiciales regresen a manos de estructuras criminales.

Ministra de Agricultura reporta 763.545 hectáreas para la reforma agraria

En medio de un consejo de ministros, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó un balance sobre los avances de la reforma agraria, destacando la incorporación de 763.545 hectáreas al Fondo de Tierras, eje central de la política rural del gobierno de Gustavo Petro.

Según explicó, del total de hectáreas reportadas, 448.000 provienen de la Sociedad de Activos Especiales, correspondientes a bienes que estaban subutilizados o sin adecuada administración y que fueron recuperados para su uso en la reforma.

A estas se suman 70.000 hectáreas del Fondo de Reparación de Víctimas, que, de acuerdo con la ministra, se encontraban en condiciones de arriendo irregulares o sin gestión efectiva, por lo que fueron adquiridas para avanzar tanto en la reparación como en la entrega a campesinos.

También se reportó la compra de 279.000 hectáreas a particulares, en regiones priorizadas como Córdoba, Sucre, Magdalena Medio, Antioquia y Huila, con el objetivo de ampliar el acceso a la tierra en zonas rurales.

Durante la intervención, la funcionaria agregó que ya se han entregado 303.000 hectáreas a campesinos, de las cuales más de 290.000 cuentan con figuras jurídicas definidas. Además, se adelantan procesos agrarios en más de 288.000 hectáreas y se ha avanzado en la formalización de 453.000 hectáreas de pequeña propiedad campesina.

El balance fue presentado como parte del seguimiento del Gobierno a la implementación de la reforma agraria, uno de los compromisos clave derivados del acuerdo de paz.

El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes, en medio de un consejo de ministros, que la tasa de mortalidad infantil en el país se redujo a la mitad frente a los niveles registrados en 2022, destacando este resultado como uno de los principales logros de su política de salud.

Según el mandatario, la disminución en estos indicadores responde al fortalecimiento del sistema público y a la implementación de un enfoque preventivo que ha permitido ampliar la atención a niños, niñas y mujeres en estado de embarazo en distintas regiones del país.

“Simplemente hay más vida en Colombia”, afirmó Petro, al señalar que cada vez mueren menos menores y madres gestantes debido a una mayor cobertura en salud y a la presencia de equipos médicos en territorios apartados.

El presidente también defendió la inversión pública en el sector, en medio de críticas por el manejo de los recursos. “Salvar niños no es un derroche de dinero”, expresó durante la reunión del gabinete.

Las declaraciones se dan en un contexto de debate sobre el futuro de las EPS, que, según el propio mandatario, enfrentan una crisis financiera mientras el Gobierno impulsa cambios estructurales al modelo de atención.

Petro anuncia liquidación de EPS en crisis

El presidente Gustavo Petro anunció que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra serán liquidadas, en medio del nuevo impulso del Gobierno a la reforma al sistema de salud.

“El que esté en quiebra se liquida, dentro o fuera”, afirmó el mandatario al referirse a la situación financiera de varias EPS, dejando claro que su administración avanzará en medidas estructurales ante la falta de aprobación de la reforma en el Congreso.

Petro sostuvo que, ante el hundimiento del proyecto en el Legislativo, el Gobierno no tiene más alternativas y procederá con decisiones administrativas mientras se vuelve a presentar la iniciativa. Según indicó, la reforma a la salud será radicada nuevamente el próximo 20 de julio.

En ese contexto, el jefe de Estado también señaló que el manejo del sistema pasará a estar bajo control directo del Estado, mencionando al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud como ejes centrales de la administración de los recursos.

El anuncio se da en un escenario de alta tensión política por el futuro del sistema de salud en Colombia, mientras el Gobierno insiste en transformar el modelo actual y sectores críticos advierten sobre los riesgos de una liquidación masiva de EPS.

“Son diferencias mínimas”: el presidente del CNE tras la recuperación de miles de votos

Mientras el presidente Gustavo Petro ha insistido en denunciar presuntas irregularidades electorales, el proceso de escrutinios de las elecciones legislativas ha mostrado que miles de votos inicialmente no contabilizados terminaron siendo incorporados a los resultados finales tras las reclamaciones presentadas por campañas y testigos electorales.

Las revisiones realizadas durante el escrutinio permitieron que la coalición Pacto Histórico recuperara varias curules frente a los resultados preliminares del preconteo. En el Senado de la República de Colombia, el movimiento pasó de 25 escaños reportados inicialmente a 27 curules tras la verificación de votos, consolidando una de las bancadas más numerosas dentro de la corporación.

Como nunca antes se tiene la información completa de 50.000 alteraciones en formularios E14, los resultados de más de 3.000 mesas a los que el software se escrutinio puso en vez de votos la palabra Null, a solo un partido político, que inválida el conteo y el evidente caso de un…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2026

Un fenómeno similar se registró en la Cámara de Representantes de Colombia, donde el movimiento también habría recuperado una segunda curul por el departamento de Santander, luego de que en el proceso de revisión se identificaran más de 1.400 votos adicionales que no habían sido contabilizados en los resultados iniciales.

De acuerdo con voceros del movimiento político, en regiones como Antioquia también se habrían recuperado más de 20.000 votos durante el proceso de escrutinio, cifras que fueron incorporadas posteriormente al conteo oficial.

Pese a estos cambios, desde el Consejo Nacional Electoral de Colombia sostienen que las variaciones hacen parte de los procedimientos habituales de verificación de votos que se realizan después del preconteo.

El presidente del organismo, Cristian Quiroz, afirmó que las diferencias detectadas hasta el momento son reducidas y corresponden a reclamaciones normales dentro de este tipo de procesos.

“Las diferencias han sido mínimas; son las reclamaciones normales que tienen estos procesos”, señaló el funcionario, quien explicó que el trabajo de escrutinio continúa en coordinación con delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los diferentes departamentos del país.

Quiroz también indicó que la etapa de revisión sigue avanzando y pidió acompañamiento de veedores, partidos y ciudadanos durante la consolidación final de los resultados, señalando que una mayor observación del proceso puede brindar mayor tranquilidad a los candidatos, a las organizaciones políticas y a la ciudadanía.

Senadora Isabel Zuleta denuncia presunta participación política de EPM en evento con Abelardo de la Espriella

La senadora Isabel Zuleta presentó denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por una presunta participación en política de Empresas Públicas de Medellín durante el Congreso Nacional de Municipios 2026, realizado en Cartagena.

Según la congresista, durante el evento —realizado los días 13 y 14 de marzo— se habría presentado publicidad institucional del Grupo EPM en el mismo escenario donde intervino el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

He interpuesto denuncias por presunta participación en política de @EPMestamosahi ante la @CGR_Colombia, la @PGN_COL y la @Superservicios esperamos que actúen con prontitud y protejan nuestra empresa pública prestadora de servicios.

El presidente de la Junta directiva de EPM… pic.twitter.com/tDzfcNcGdA

— Isabel Zuleta (@ISAZULETA) March 16, 2026

De acuerdo con los documentos radicados ante los entes de control, la senadora solicitó investigar si la presencia institucional de la empresa pública en un espacio donde participaba un candidato podría implicar el uso indebido de recursos públicos en un contexto político-electoral.

“¿Por qué una empresa pública como EPM está participando en una campaña política?”, cuestionó Zuleta al anunciar la denuncia, al tiempo que pidió a los organismos de control revisar la situación.

La parlamentaria también solicitó explicaciones al presidente de la junta directiva de la empresa, Federico Gutiérrez, y al gerente de la compañía, John Maya Salazar, sobre lo ocurrido durante el encuentro.

En la denuncia presentada ante la Contraloría, Zuleta señala que en registros audiovisuales del evento se observa una pancarta institucional del Grupo EPM en el escenario donde se desarrollaba la actividad, lo que —según su interpretación— podría configurar una utilización indebida de recursos públicos.

Hasta el momento, Empresas Públicas de Medellín ni los funcionarios mencionados han emitido un pronunciamiento oficial frente a los señalamientos.

Petro respalda a Iván Cepeda en polémica por paramilitarismo

El presidente Gustavo Petro respaldó la posición del candidato presidencial Iván Cepeda Castro en medio de la controversia generada por un documento programático en el que el senador se refirió a la historia reciente de Antioquia.

Los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras, pero sobre ellos y ellas cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país.

Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos… https://t.co/mBnaK94DXL

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2026

La polémica surgió luego de que Cepeda afirmara en un texto de su programa de gobierno 2026-2030 que el departamento se convirtió en la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”. La frase generó fuertes reacciones de dirigentes regionales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió respeto por la región y señaló que reducir a Antioquia a esos estigmas desconoce la historia de millones de ciudadanos trabajadores. Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que el departamento es “inmune al veneno que destilan” esas afirmaciones y defendió el respaldo a la democracia.

En medio del debate, Cepeda también cuestionó al diario El Colombiano, al que acusó de sacar de contexto su discurso y solicitó que se publique de manera textual para que los lectores puedan contrastar sus palabras.

Señoras y señores @elcolombiano:

Respetuosamente solicito a ustedes publicar, de manera rigurosa y textual lo que dije en Medellín el pasado 12 de febrero, y que aparece en el comunicado anexo.

Esto con el fin de permitir a sus lectores una visión no descontextualizada y que… pic.twitter.com/zGLqSXd6k7

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 15, 2026

Desde el Gobierno nacional, Petro salió en defensa del senador y sostuvo que la región no puede desconocer su pasado de violencia. Según el mandatario, el paramilitarismo se expandió en el Magdalena Medio y dejó miles de víctimas.

“No reconocer la violencia y las víctimas es un absurdo de extrema derecha irracional, es negacionismo de alto nivel”, señaló el presidente.

El jefe de Estado también aseguró que, aunque los antioqueños son personas trabajadoras, el departamento fue golpeado por la expansión del narcotráfico y el paramilitarismo durante décadas, fenómeno que —según dijo— marcó profundamente la historia de la región.

¿Zapateiro ministro de Defensa? Exgeneral deja abierta la posibilidad en eventual gobierno de Abelardo de la Espriella

El excomandante del Ejército Nacional de Colombia, Eduardo Enrique Zapateiro, se refirió a la posibilidad de asumir el Ministerio de Defensa en un eventual gobierno del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Durante el lanzamiento político de la fórmula vicepresidencial del candidato en Cali, Zapateiro fue consultado sobre la posibilidad que lo ubican como jefe de la cartera de Defensa. Aunque no confirmó el cargo, el exgeneral dejó abierta la posibilidad al asegurar que está dispuesto a servir al país donde sea necesario.

Zapateiro estuvo al frente del Ejército Nacional durante momentos críticos del país, entre ellos la crisis de orden público que vivió Cali durante el estallido social de 2021, periodo en el que su postura frente a la recuperación del orden en la ciudad generó fuertes debates políticos.

En su intervención pública, el exgeneral también resaltó el papel de las Fuerzas Militares y la Policía en la protección del país y la necesidad —según dijo— de fortalecer estas instituciones en un eventual gobierno de De la Espriella.

Apartes de la entrevista

Eduardo Enrique Zapateiro:
“Estamos aquí en la Plaza de Toros Cañaveral, un sitio emblemático de los caleños. Santiago de Cali hoy se convierte en el epicentro del lanzamiento de la campaña de nuestro vicepresidente como fórmula del presidente Abelardo de la Espriella”.

“Cali ha sufrido muchísimo, pero es una ciudad que se levanta con fuerza. El caleño, el vallecaucano y la mujer vallecaucana son gente de bien, gente de buen corazón”.

“Las Fuerzas Militares hoy están protegiendo no solamente a Cali, sino a todo el territorio nacional. Mientras existan organizaciones criminales, es un deber institucional de nuestras fuerzas y de la Policía proteger a Colombia”.

Sobre la posibilidad de ser ministro de Defensa, Zapateiro respondió:

“Yo estaré firme por la patria, donde me necesite el país y donde el candidato crea que yo le puedo sumar, no solamente a él, sino a Colombia. Hoy más que nunca, estoy firme por la patria”.

Aunque el exgeneral no confirmó directamente si asumiría el Ministerio de Defensa, su respuesta dejó abierta la expectativa sobre el papel que podría desempeñar en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda pide a El Colombiano no manipular sus discursos

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro solicitó al diario El Colombiano publicar de manera textual y sin manipulaciones el discurso que pronunció en Medellín sobre la historia reciente de Antioquia.

A través de un comunicado, el dirigente aseguró que una publicación del medio habría sacado de contexto sus palabras durante un evento realizado el 12 de febrero en el Parque Berrío.

Cepeda explicó que, al referirse a episodios de violencia en la región, su intención era resaltar la identidad regional antioqueña, el espíritu emprendedor de su población y los aportes económicos, culturales y sociales que Antioquia ha hecho al país.

El candidato pidió al medio de comunicación publicar de forma completa y rigurosa su intervención para que los lectores puedan contrastar lo dicho durante ese evento.

Además, aseguró que desde comienzos de marzo ha denunciado campañas de desinformación en su contra, las cuales atribuye al crecimiento político del Pacto Histórico en el departamento de Antioquia.

Defensoría del Pueblo respalda decreto de salario mínimo firmado por Petro

La Defensoría del Pueblo de Colombia defendió ante el Consejo de Estado de Colombia el decreto mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23 %.

Durante su intervención, la entidad sostuvo que el ajuste salarial cumple con los parámetros establecidos por la Constitución y la ley. Según explicó, cuando no se alcanza un acuerdo en las mesas de concertación entre trabajadores, empresarios y Gobierno, el Ejecutivo puede fijar el aumento mediante decreto, siempre que tenga en cuenta criterios técnicos.

Entre esos criterios se encuentran variables como la inflación, la productividad, el crecimiento de la economía y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

En su concepto, la Defensoría también señaló que el salario mínimo debe entenderse como una garantía constitucional vinculada a la dignidad humana y no únicamente como una cifra económica establecida cada año.

La entidad agregó que este indicador tiene impacto directo en millones de hogares en el país, especialmente en poblaciones vulnerables y en personas beneficiarias de programas sociales cuyos subsidios están indexados al salario mínimo.

Tras conocerse el pronunciamiento, el presidente Petro afirmó que el salario vital es una orden de la Constitución y defendió que el incremento busca garantizar el mínimo vital de las familias colombianas.

Paloma Valencia dice que no está de acuerdo con la adopción por parejas del mismo sexo

La candidata presidencial Paloma Valencia afirmó que no está de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo durante una entrevista concedida al medio Cambio, en la que participó junto a Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial.

Durante la conversación sobre temas sociales y de familia, Valencia expresó: “Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay”. La declaración se produjo luego de que señalara que existen diferentes configuraciones familiares, incluyendo hogares conformados por dos hombres.

Sin embargo, al ser consultada directamente sobre si estaría de acuerdo con que Oviedo adoptara un niño, la candidata respondió que le resulta difícil respaldar esa posibilidad. “Me cuesta… Yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo porque creo que ahí prevalece el niño”, afirmó.

Por su parte, Oviedo manifestó una posición distinta frente al tema. El exdirector del DANE aseguró que considera válida la adopción por parte de parejas del mismo sexo y recordó que esta posibilidad está permitida en el país.

Durante la entrevista también contó que en el pasado contempló la posibilidad de adoptar, aunque posteriormente desistió por razones personales relacionadas con una afectación auditiva que le genera preocupaciones frente al cuidado de un menor. 

La discusión se dio en medio de un debate sobre dónde estaría mejor un niño en situación de abandono. Valencia sostuvo que el problema de fondo es evitar que los menores queden sin el cuidado de sus familias, señalando que muchas mujeres entregan a sus hijos en adopción por falta de oportunidades económicas.

En Colombia, la Corte Constitucional reconoció en 2015 el derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, decisión que permitió ampliar las posibilidades de adopción en el país.

En Tumaco habría más votos que personas registradas para votar

Una denuncia sobre posibles irregularidades electorales surgió en el municipio de Tumaco, en Nariño, donde, según versiones conocidas durante el proceso de revisión de resultados, en algunas mesas de votación estarían apareciendo más votos que ciudadanos registrados para sufragar.

La alerta fue expuesta por el candidato presidencial Mauricio Lizcano, quien aseguró que existen puestos de votación donde el número de sufragios contabilizados superaría la cantidad de personas habilitadas para votar, lo que, según indicó, podría evidenciar irregularidades en el proceso electoral.

De acuerdo con el dirigente político, una situación similar también se estaría presentando en el municipio de Sahagún, por lo que solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil revisar los registros y verificar lo ocurrido durante los escrutinios.

Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias, mientras avanza el proceso de verificación de resultados.

Cabal sobre la “quemada” de Polo Polo: “Se dejó embelesar por las mieles del poder”

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se refirió a la derrota electoral de Miguel Polo Polo, quien no logró conservar su curul en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Durante una intervención en el programa Debate de Semana, Cabal aseguró que el congresista se desvió de las causas por las que había sido elegido y cuestionó su actuación política durante el periodo en el Congreso. Según la senadora, Polo Polo debía concentrar su trabajo en representar a las comunidades afrodescendientes que respaldaron su elección.

“Creo que de alguna manera ese nuevo mundo que encontró él, donde encontró mucho cariño, terminó desviándolo de un mundo responsable que es el que ha debido asumir”, afirmó Cabal, quien también señaló que el representante se habría dejado “embelesar por las mieles del poder”.

Las declaraciones se producen luego de que Polo Polo reapareciera en redes sociales para agradecer a los cerca de 50 mil votantes que respaldaron su candidatura a la Cámara por la circunscripción afro. En su mensaje, el dirigente aseguró que su proyecto político “no ha terminado” y reiteró su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

ANT y Fuerzas Militares inician destrucción de diques para recuperar ciénagas en Córdoba

La Agencia Nacional de Tierras anunció el inicio de operativos para destruir diques y terraplenes que bloquean el flujo natural del agua en ciénagas y playones del departamento de Córdoba.

Las acciones se realizarán con acompañamiento del Ejército Nacional de Colombia y buscan recuperar el paso del agua en estos ecosistemas, afectados por estructuras que han alterado el comportamiento natural de las corrientes.

Según explicó la entidad, la intervención se adelanta en cumplimiento de una orden del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de mitigar los efectos de la temporada invernal que ha dejado miles de familias afectadas en esta región del Caribe.

De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, los operativos cuentan con equipos de ingenieros y apoyo técnico y operativo del Ejército para demoler los obstáculos que impiden la interconexión hidráulica entre diferentes cuerpos de agua.

Las labores incluirán el uso de maquinaria amarilla y trabajo articulado con campesinos y pescadores que han identificado previamente puntos críticos en territorios comunales.

La intervención busca restablecer el flujo del agua en estos ecosistemas, recuperar territorios comunales y avanzar en el ordenamiento del uso de la tierra y los recursos hídricos en la región.

Denuncian presunta inflación de votos a favor de Cambio Radical en Atlántico

Durante el proceso de escrutinios que se adelanta en el departamento del Atlántico, se han conocido denuncias sobre presuntas inconsistencias en algunos formularios electorales que actualmente están siendo revisadas por las comisiones escrutadoras.

Según información reportada por el equipo periodístico de RTVC Sistema de Medios Públicos, que se encuentra en el lugar donde se desarrollan los escrutinios en Barranquilla, uno de los casos se registró en el municipio de Malambo.

De acuerdo con lo informado, en un formulario E14 aparecían registrados 98 votos a favor del partido Cambio Radical. Sin embargo, tras la reclamación presentada por testigos electorales y la revisión de las bolsas con los votos físicos, se habría encontrado que no había sufragios para esa colectividad en esa mesa.

Los reportes también señalan que situaciones similares estarían siendo revisadas en otras mesas durante el proceso de escrutinio, lo que ha llevado a que se presenten reclamaciones por parte de testigos electorales de distintos partidos.

Mientras tanto, las comisiones escrutadoras continúan con la verificación de los formularios y de los votos depositados en cada mesa para establecer los resultados definitivos de la jornada electoral en el departamento.

Procuraduría alerta sobre presunta suplantación de funcionarios en medio de denuncias por irregularidades electorales

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta sobre la posible suplantación de funcionarios de la entidad en la regional de Amazonas, luego de conocer denuncias difundidas en medios de comunicación que mencionan la supuesta participación de servidores de la institución en presuntas irregularidades de carácter electoral.

De acuerdo con el pronunciamiento del Ministerio Público, las situaciones reportadas podrían corresponder a casos de suplantación o uso indebido del nombre de la Procuraduría, en los que terceros estarían haciéndose pasar por funcionarios de la entidad.

Según la advertencia de la institución, estas personas estarían siendo mencionadas o vinculadas a hechos relacionados con posibles conductas como tráfico de influencias, delitos electorales, falso testimonio o fraude.

Ante esta situación, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer si se trata de casos de suplantación y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

La entidad también reiteró su compromiso con la vigilancia de los procesos electorales y con la defensa de la legalidad y la transparencia en la función pública.

Finalmente, el Ministerio Público invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la identidad y la vinculación institucional de las personas que se presenten como funcionarios públicos.

Registraduría confirma hurto de computadores en comisión escrutadora

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el hurto de tres equipos portátiles ocurrido en la subcomisión escrutadora 11.24 correspondiente a Suba Tibabuyes, ubicada en el pabellón 8 de Corferias, donde se adelantan los escrutinios de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales.

Según informó la entidad en un boletín oficial, el hecho ocurrió hacia el mediodía del 13 de marzo. De los equipos hurtados, dos pertenecían a jueces de la República que integran la comisión escrutadora y uno era de propiedad de la Registraduría.

La denuncia fue interpuesta de manera inmediata ante la Policía Nacional de Colombia, que adelanta las investigaciones para identificar a los responsables del hurto.

La Registraduría también aclaró que el incidente no compromete la seguridad ni la integridad de la información electoral, al señalar que los datos del escrutinio se encuentran almacenados en el software oficial bajo protocolos de seguridad.

Tras conocerse la confirmación del hurto, el concejal de Bogotá José Cuesta Novoa reaccionó públicamente al hecho y afirmó que lo ocurrido constituye un hecho grave que debe ser investigado.

El cabildante aseguró que el robo de los equipos se registró en la comisión escrutadora de la localidad 11 de Suba y calificó el hecho como un “crimen organizado”. Según sus declaraciones, personas habrían sustraído tres computadores, entre ellos uno que —según afirmó— contenía información relacionada con el proceso de escrutinio.

Cuesta Novoa también señaló que el hecho debe esclarecerse para determinar las responsabilidades correspondientes y reiteró la importancia de garantizar la transparencia del proceso electoral.

Petro pide software electoral diferente al operado por privados como Thomas Greg

Durante una diligencia judicial relacionada con una acción popular sobre el sistema electoral, la defensa del presidente Gustavo Petro solicitó que se garantice el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que ordenó al país contar con un software electoral propio del Estado y no depender de operadores privados.

En la audiencia, la defensa del mandatario sostuvo que el debate de fondo no debería centrarse en las declaraciones del presidente sobre el sistema electoral, sino en el cumplimiento de la sentencia emitida en 2018 por el alto tribunal.

#InfoNación Durante una audiencia judicial, la defensa del presidente @petrogustavo pidió que se cumpla el fallo del Consejo de Estado de 2018 que ordena implementar un software electoral propio del Estado y no depender de operadores privados en el sistema de escrutinio. pic.twitter.com/1EUbvy0irX

— InfoNación (@infonacioncol) March 14, 2026

Según lo expuesto durante la diligencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró parcialmente nula la elección del Senado de 2014 tras identificar irregularidades en el sistema de escrutinio utilizado en ese proceso electoral.

De acuerdo con la argumentación presentada, en ese proceso se documentaron situaciones como datos precargados con fechas anteriores a la jornada electoral, desactivación de sistemas biométricos en algunas mesas, usuarios no identificados en el sistema, contraseñas genéricas y modificaciones en horarios no autorizados.

Foto: Captura de Pantalla

Como resultado de esas irregularidades, el fallo judicial concluyó que 1.412 mesas habrían sido afectadas y que más de 236.000 votos fueron excluidos del proceso, situación que impactó particularmente al partido Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), al que se le habrían afectado tres curules.

La defensa del presidente señaló que la sentencia del Consejo de Estado no fue una recomendación, sino una orden expresa para que el país desarrollara un sistema de escrutinio administrado directamente por el Estado, con trazabilidad completa, auditoría permanente y personal técnico estatal, sin depender de empresas privadas.

Entre las medidas ordenadas por el tribunal también se incluyó la implementación de copias de seguridad, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del sistema electoral y la conservación de los registros o “logs” del sistema operativo, bases de datos y software, con el fin de permitir auditorías posteriores.

Durante la audiencia se insistió en que el mandatario ha planteado públicamente desde 2022 la necesidad de avanzar hacia ese modelo tecnológico, argumentando que un software estatal permitiría mayor transparencia y control sobre los procesos de escrutinio electoral.

En ese contexto, la defensa sostuvo que la discusión jurídica debe centrarse en si existe o no incumplimiento de la orden del Consejo de Estado por parte de las autoridades electorales, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

El planteamiento presentado ante el juez también busca establecer si las declaraciones del presidente denunciando ese presunto incumplimiento pueden considerarse una vulneración de derechos colectivos o si, por el contrario, se trata de un pronunciamiento sobre una orden judicial que aún debe ejecutarse.

La decisión final sobre la acción popular y las solicitudes planteadas en la diligencia quedará en manos de la autoridad judicial encargada del proceso.

Registraduría aparta a funcionaria tras video en el que presuntamente respalda a Paloma Valencia

Foto: Redes Sociales

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que decidió apartar de su cargo a una funcionaria supernumeraria luego de que en redes sociales circulara un video en el que presuntamente participa en actividades de carácter político relacionadas con la senadora Paloma Valencia.

En un comunicado divulgado este 13 de marzo, la entidad señaló que la decisión se tomó de manera inmediata tras conocerse el material audiovisual. Según indicó la Registraduría, la medida responde a los deberes legales y constitucionales que obligan a los servidores públicos a mantener neutralidad frente a los procesos políticos.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que, frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata”, señaló la institución en el pronunciamiento oficial.

¡Ay dios!, ahí no más van como 50.0000 hectáreas de tierra juntas en dos personas de este video y sin producir una mata de yuca y así quieren volver a gobernar a Colombia. pic.twitter.com/4s0s5KoHvJ

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026

El organismo también confirmó que el video que circula en plataformas digitales fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determine si existió una conducta irregular por parte de la funcionaria.

De acuerdo con la entidad electoral, de forma permanente se recuerda a los funcionarios la obligación de abstenerse de participar en actividades políticas mientras ejercen funciones públicas, especialmente en periodos electorales.

La Registraduría advirtió que este tipo de comportamientos puede constituir faltas disciplinarias graves e incluso derivar en responsabilidades penales, de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana sobre la intervención de servidores públicos en política.

Tras la difusión del video, el presidente Gustavo Petro reaccionó en la red social X con un mensaje en el que cuestionó a los participantes del material. “¡Ay dios!, ahí no más van como 50.000 hectáreas de tierra juntas en dos personas de este video y sin producir una mata de yuca y así quieren volver a gobernar a Colombia”, escribió el mandatario.

Finalmente, la Registraduría reiteró el llamado a todos sus funcionarios para mantener la neutralidad política y reafirmó su compromiso con la integridad, la transparencia y la imparcialidad del proceso electoral en el país.

Exdirector del DAS Miguel Maza Márquez recibe libertad condicional

Un juez 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá concedió la libertad condicional al general (r) Miguel Maza Márquez, quien dirigió el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Maza fue condenado a 30 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia tras ser declarado coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas por su participación en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido en 1989.

La sentencia también le atribuyó responsabilidad por las muertes del concejal Julio César Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez, así como por las heridas causadas a otro miembro del esquema de seguridad durante el atentado.

De acuerdo con la decisión judicial, el exdirector del DAS quedará bajo un periodo de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas —aproximadamente 11 años y un mes— contados a partir de la suscripción del acta de compromiso y previa constitución de una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá garantizar mediante título de depósito judicial.

Maza Márquez completó 12 años y tres meses de prisión desde su captura en noviembre de 2013. Durante el periodo de prueba deberá cumplir estrictamente las condiciones fijadas por el juzgado. En caso de incumplimiento, el beneficio podrá ser revocado y la pena retomaría su ejecución intramural.

El Juzgado Especializado de Restitución de Tierras de Pereira profirió 52 sentencias mediante las cuales ordenó la restitución de 6.917.938 metros cuadrados de tierra, en beneficio de 264 campesinos en municipios del Eje Cafetero.

Las decisiones judiciales impactan territorios en Samaná, Pensilvania, Supía, Aguadas y Marulanda, en Caldas; así como en Pueblo Rico, Quinchía, Mistrató, Belén de Umbría y Apía, en Risaralda. Como resultado, se ordenó la restitución material de 26 predios que permitirá el retorno de 26 familias a sus tierras. Además, se dispuso la restitución por equivalencia de 25 predios de similares condiciones y la compensación económica para 17 familias, conforme al avalúo correspondiente.

Desde la Unidad de Restitución de Tierras destacaron que los fallos reconocen derechos territoriales y fortalecen la protección jurídica de las víctimas del conflicto armado. La jueza primera del circuito especializado en restitución de tierras de Pereira señaló que las sentencias, de carácter individual, benefician a más de 200 personas y resaltó una decisión étnica dirigida al Consejo Comunitario Piedras Bachichí, en Pueblo Rico, que protege derechos colectivos.

Autoridades territoriales calificaron la jornada como un avance significativo en el proceso de restitución y en la implementación de la Ley 1448 de 2011, que establece medidas de reparación para víctimas del desplazamiento forzado.

Las sentencias deberán cumplirse conforme a los procedimientos establecidos, garantizando el retorno, la compensación o la protección jurídica según cada caso.