Juez envía a la cárcel a excandidato del Partido de la U.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro expolicías, investigados por presuntamente integrar una red que favorecía actividades de contrabando en el país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias, dentro de una investigación que los vincula con operaciones del contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido como alias “Papá Pitufo”.
Según el ente acusador, la estructura habría facilitado el ingreso de mercancía ilegal a Colombia mediante contactos con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la DIAN, además de gestionar pagos ilegales para permitir el paso de productos por puertos del Caribe.
La Fiscalía señaló que Gómez Castro habría actuado como articulador de la red, estableciendo enlaces con funcionarios del orden nacional y regional, incluidos servidores públicos y autoridades encargadas del control aduanero.
En la investigación se indicó que las dádivas para permitir el ingreso irregular de mercancías podrían alcanzar hasta 300 millones de pesos mensuales.
Pese a los señalamientos, los procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares.
Juez envía a la cárcel a excandidato del Partido de la U.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro expolicías, investigados por presuntamente integrar una red que favorecía actividades de contrabando en el país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias, dentro de una investigación que los vincula con operaciones del contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido como alias “Papá Pitufo”.
Según el ente acusador, la estructura habría facilitado el ingreso de mercancía ilegal a Colombia mediante contactos con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la DIAN, además de gestionar pagos ilegales para permitir el paso de productos por puertos del Caribe.
La Fiscalía señaló que Gómez Castro habría actuado como articulador de la red, estableciendo enlaces con funcionarios del orden nacional y regional, incluidos servidores públicos y autoridades encargadas del control aduanero.
En la investigación se indicó que las dádivas para permitir el ingreso irregular de mercancías podrían alcanzar hasta 300 millones de pesos mensuales.
Pese a los señalamientos, los procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares.
Petro ordena retenes y allanamientos para frenar compra de votos en jornada electoral
Durante la apertura de la jornada electoral de este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que ordenó a la Policía Nacional de Colombia realizar retenes y operativos de allanamiento en diferentes regiones del país con el objetivo de evitar la compra de votos.
El mandatario aseguró que estas acciones buscan combatir una de las prácticas que, según dijo, ha afectado durante años el funcionamiento de la democracia en Colombia.
“Que la Policía hoy por primera vez salga a las calles, ponga retenes, trate de allanar, y en esto la Fiscalía General de la Nación de Colombia debe ayudarnos, porque hay una larga lista de lugares donde se ha detectado dinero para comprar votos”, afirmó el jefe de Estado.
Petro sostuvo que las autoridades han detectado grandes cantidades de dinero que presuntamente estarían destinadas a la compra de votos en diferentes zonas del país. Según indicó, la Policía ya ha logrado incautar más de 4.000 millones de pesos que circulaban en barrios, veredas y ciudades con ese objetivo.
El presidente señaló que esta práctica suele afectar especialmente a poblaciones vulnerables y aseguró que detrás de estos mecanismos existirían redes vinculadas a economías ilícitas.
“Es el mecanismo por medio del cual agrupaciones muy poderosas de la delincuencia, ligadas al narcotráfico, a la economía ilícita del oro y a la corrupción, se apoderan de la ley y de las instituciones”, aseguró.
El mandatario también hizo un llamado a las autoridades judiciales para que autoricen los allanamientos necesarios en los lugares donde se ha detectado almacenamiento de dinero presuntamente destinado a la compra de votos.
Las declaraciones se dieron en medio del inicio de la jornada electoral de este domingo, en la que las autoridades desplegaron operativos de seguridad en todo el país para prevenir delitos contra el sufragio y garantizar la transparencia del proceso democrático.
Según el Gobierno, los controles de la Policía y los operativos coordinados con la Fiscalía buscan impedir que organizaciones criminales o redes de corrupción influyan en los resultados electorales mediante la compra de votos.
Clinaltec anuncia acciones legales contra Katherine Miranda por señalamientos sobre “cartel del cáncer”
crédito @MirandaBogota/X
La Clínica Internacional de Alta Tecnología Clinaltec S.A.S., con sede en Ibagué (Tolima), anunció que presentará acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia contra la representante a la Cámara y candidata al Senado, Katherine Miranda, por presuntas declaraciones calumniosas en las que aludió a un supuesto “cartel del cáncer” relacionado con la atención oncológica y las remisiones de pacientes.
La acción penal, radicada por los delitos de injuria y calumnia, responde a los señalamientos públicos de Miranda sobre una presunta concentración irregular de exámenes PET-CT en la clínica, que según su análisis mostró un crecimiento acelerado en los últimos años.
Miranda había planteado que la Nueva EPS remitió de manera masiva a pacientes oncológicos hacia Clinaltec, con un incremento de remisiones de 176 personas en 2023 a más de 1.800 en 2025, lo que, a su juicio, sugeriría un esquema de favorecimiento que debería investigarse.
Ante estas afirmaciones, Clinaltec rechazó las acusaciones como infundadas y afirmó que su labor se centra en ofrecer atención especializada de alta complejidad a pacientes oncológicos, con más de 13.000 quimioterapias y 45.000 procedimientos anuales, además de más de 100.000 consultas médicas al año.
La clínica, a través de su jurídico, calificó las declaraciones como “irresponsables, injuriosas y calumniosas” y expresó su confianza en que la Corte Suprema de Justicia “restituya el derecho al buen nombre” de la institución.
Por su parte, la Nueva EPS, que fue mencionada por Miranda como posible fuente de remisiones masivas, se pronunció públicamente rechazando las denuncias y afirmó que la distribución de servicios se basa en criterios técnicos, de capacidad y demanda, y que no hay irregularidades en los contratos o remisiones hacia la clínica.
El caso ha generado un debate sobre la gestión de pacientes oncológicos dentro del sistema de salud y ha escalado al terreno judicial a pocos días de las elecciones legislativas de 2026, mientras Miranda sostiene que tiene pruebas que respaldan sus denuncias y continuará adelante con su denuncia.
Defensoría pide a Pastrana responder por menciones en los archivos Epstein
Redes Sociales
La Defensoría del Pueblo se sumó al llamado de 109 mujeres, entre escritoras, periodistas, abogadas y académicas, que solicitaron al expresidente Andrés Pastrana dar explicaciones públicas por las menciones de su nombre en los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el silencio no es una opción cuando están en juego los derechos de niñas, niños y adolescentes. “Nuestro mandato constitucional es claro: proteger y promover los derechos humanos”, afirmó.
Marín indicó que cuando documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionan a figuras públicas colombianas en contextos relacionados con redes de explotación de menores, el Estado tiene el deber de investigar y la ciudadanía el derecho de preguntar.
La funcionaria también citó cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, según las cuales en Colombia más de 50 menores de edad son víctimas de abuso sexual cada día, siendo la mayoría niñas y adolescentes.
En ese contexto, la Defensoría respaldó el manifiesto difundido por 109 mujeres bajo el lema “contra el pacto de silencio”, en el que se formulan 20 preguntas dirigidas al expresidente Pastrana para que aclare hechos mencionados en los archivos del caso Epstein.
El documento plantea interrogantes sobre fotografías, posibles encuentros y versiones relacionadas con viajes o correspondencia vinculada con Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en Estados Unidos por su participación en la red de explotación asociada a Epstein.
Las firmantes sostienen que cualquier persona con vínculos conocidos con Epstein o Maxwell debe ofrecer explicaciones públicas ante la ciudadanía. Además, solicitan aclaraciones sobre presuntas fotografías, correos electrónicos, viajes y reuniones que aparecen mencionadas en los documentos divulgados.
Hasta el momento, el expresidente Pastrana no ha emitido declaraciones públicas frente a las exigencias planteadas por el manifiesto y respaldadas por la Defensoría del Pueblo.
Polo Polo enfrenta incidente de desacato por no disculparse con madres de falsos positivos de Soacha
Un juzgado de Bogotá abrió un incidente de desacato contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, luego de que no se evidenciara el cumplimiento de una orden judicial que le exigía ofrecer disculpas públicas al colectivo Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO).
El proceso fue iniciado por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, que busca verificar si el congresista acató lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-375 de 2025, mediante la cual el alto tribunal ordenó medidas de reparación simbólica en favor de las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La orden de la Corte Constitucional
La decisión judicial estableció que el congresista debía presentar disculpas públicas al colectivo de madres y garantizar la reinstalación de la exposición artística “Mujeres con las Botas bien Puestas”, una muestra que rinde homenaje a los jóvenes asesinados en el escándalo de los llamados falsos positivos.
Según el juzgado, el representante debe acreditar de manera inmediata que ha cumplido con las medidas ordenadas por la Corte. De no hacerlo, el despacho judicial evaluará si existe incumplimiento de la sentencia de tutela.
El origen del caso
La controversia se originó el 6 de noviembre de 2024, cuando Miguel Polo Polo retiró varias botas plásticas que formaban parte de una instalación artística en memoria de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Congreso de la República.
En un video difundido en redes sociales, el congresista arrojó las botas a una bolsa de basura mientras cuestionaba la cifra de 6.402 víctimas documentadas por la justicia transicional.
Las botas hacían parte de una intervención simbólica que representaba a jóvenes asesinados y presentados falsamente como bajas en combate por miembros de la fuerza pública durante el conflicto armado.
El hecho generó fuertes críticas de organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y sectores políticos que consideraron el gesto como una forma de revictimización hacia las familias de los jóvenes asesinados.
Denuncias y proceso judicial
Tras el episodio, el colectivo MAFAPO y el senador Iván Cepeda presentaron denuncias judiciales argumentando que la actuación del congresista vulneró la dignidad y la memoria de las víctimas.
Al estudiar el caso, la Corte Constitucional concluyó que las expresiones y acciones del representante afectaron los derechos fundamentales de las madres de Soacha, particularmente su dignidad, honra y memoria.
El alto tribunal señaló además que la libertad de expresión de los funcionarios públicos tiene límites cuando puede derivar en estigmatización o revictimización de personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Posibles sanciones
Con la apertura del incidente de desacato, el juzgado evaluará si el congresista cumplió o no con las órdenes emitidas por la Corte.
En caso de comprobarse el desacato, el despacho judicial podría imponer sanciones que incluyen multas económicas o incluso arresto, dependiendo de la valoración que haga el juez sobre el incumplimiento.
El proceso judicial entra ahora en una nueva etapa que busca establecer si el representante Miguel Polo Polo acató las medidas de reparación ordenadas en favor de las madres de víctimas de falsos positivos de Soacha.
Más de Un millón de testigos electorales se inscribieron para las elecciones del domingo
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, informó que más de un millón de testigos electorales fueron acreditados para vigilar las elecciones que se realizarán este domingo en Colombia.
El anuncio se realizó durante la instalación de la misión de observación internacional. Según explicó Quiroz, el plazo de inscripción cerró a las 12:00 de la medianoche del día anterior, momento en el que ya se había superado la cifra del millón de testigos pertenecientes a distintas agrupaciones políticas.
De acuerdo con el CNE, estos testigos estarán distribuidos en más de 123.000 mesas de votación que se instalarán en todo el país durante la jornada electoral.
El funcionario también señaló que para estos comicios se contará con una amplia presencia de observadores. En total participarán 8.444 observadores electorales, entre ellos más de 400 internacionales, quienes tendrán presencia en los 32 departamentos y en los 1.104 municipios del país.
Quiroz destacó que, además, se acreditaron más de 10.000 auditores de sistemas, una cifra muy superior a la registrada en las elecciones de 2022, cuando participaron 198 auditores.
Tras conocerse la cifra de testigos electorales acreditados, el presidente Gustavo Petro reaccionó señalando que este hecho refleja una amplia movilización ciudadana para proteger el voto.
“Si un millón de testigos se han inscrito, hemos desatado un enorme movimiento ciudadano para cuidar el voto. Solo el pueblo cuida el voto”, afirmó el mandatario.
El jefe de Estado también hizo un llamado para que los testigos reciban sus credenciales y estén atentos al desarrollo de la jornada electoral, comparando los resultados de los formularios E-14 que publica la Registraduría con los datos observados directamente en cada mesa, con el fin de reportar posibles irregularidades.
Capturan a escolta con $145 millones y publicidad de candidato conservador en La Guajira Política Capturan a escolta con $145 millones y publicidad de candidato conservador en La Guajira
En un operativo realizado en el municipio de Hatonuevo (La Guajira) fue capturado Luis Alfredo Acuña, escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, cuando se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla con 145 millones de pesos en efectivo y material de propaganda política.
Según la información conocida del procedimiento, en el automóvil fue hallada publicidad del candidato al Senado Daniel Restrepo, vinculado al Partido Conservador Colombiano.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, confirmó la captura y precisó que, aunque Acuña hace parte de la entidad, el vehículo en el que se transportaba no es propiedad del organismo estatal.
Tras conocerse el caso, el presidente Gustavo Petro retuiteó la noticia y afirmó que la Policía Nacional tiene orden de capturar a los compradores de votos y ponerlos a disposición de la Fiscalía por delitos contra el sufragio.
Por su parte, el procurador Gregorio Eljach no descartó abrir una investigación y señaló que, hasta el momento, no se puede atribuir responsabilidad directa a ninguna persona distinta al capturado mientras se esclarecen los hechos.
Horas después, Lacouture emitió un comunicado público en el que informó que un juez de la República declaró ilegal la captura del escolta, ordenó su libertad inmediata y dispuso la devolución del dinero y de los vehículos aprehendidos. En el documento, el secretario general aseguró que no se movilizaba en el vehículo ni participó en los hechos conocidos, rechazó los señalamientos que lo vincularon con delitos electorales y sostuvo que cualquier insinuación en su contra queda desvirtuada. Además, pidió que se investiguen posibles irregularidades en el procedimiento, especialmente por parte del comando de Policía de La Guajira y de actores políticos con fines electorales.
Lacouture se desempeña como secretario general de la Cámara desde julio de 2022 y es reconocido como un líder cercano al Partido Conservador en el departamento de La Guajira.
“Hoy se puede vivir mejor en Colombia” Petro reitera llamado a migrantes a regresar al país
El presidente Gustavo Petro reiteró su invitación a las colombianas y colombianos que se encuentran en el exterior, especialmente a quienes no tienen estatus migratorio regular, para que regresen al país. El mandatario aseguró que las condiciones económicas actuales permiten proyectar mejores oportunidades de vida en Colombia.
“Queremos que las colombianas y colombianos que estén sin papeles en el exterior regresen a Colombia. Hoy se puede vivir mejor en Colombia hermosa”, expresó el jefe de Estado, al fundamentar su mensaje en indicadores económicos recientes.
El pronunciamiento se apoya en el crecimiento económico registrado en 2025, la recuperación de sectores como la industria y el turismo, el aumento del salario mínimo —denominado por el Gobierno como salario vital— y la reducción en la tasa de desempleo. Según cifras oficiales, estos factores reflejan una dinámica interna que, en criterio del Ejecutivo, fortalece el mercado laboral y amplía las oportunidades productivas.
El presidente ha sostenido que el país atraviesa una etapa de reactivación con mayor demanda interna y mejores condiciones para el emprendimiento, lo que —afirma— permitiría a quienes migraron encontrar alternativas de estabilidad económica si deciden retornar.
