El fantasma de los falsos positivos vuelve a aparecer en el Gobierno de Abelardo De la Espriella

Durante el primer mes del Gobierno de Abelardo De la Espriella, al menos dos denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y un tercer caso relacionado con una presunta captura irregular han puesto nuevamente sobre la mesa en Colombia el debate sobre los llamados falsos positivos y la forma en que la Fuerza Pública presenta sus resultados operacionales.

El primer caso ocurrió el 21 de septiembre en la zona rural de Santa Marta, durante un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), realizado en medio de las acciones para contener el paro armado de esa organización. Las autoridades reportaron siete personas muertas y presentaron el resultado como un golpe contra la estructura criminal. Entre los fallecidos estaba Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años.

La familia del joven sostiene que Rodríguez no pertenecía al grupo armado. Según su versión, llevaba aproximadamente una semana trabajando como obrero en una finca ganadera de la zona y se encontraba vestido de civil. Sus familiares han pedido que se investigue su muerte y han cuestionado que inicialmente fuera presentado como integrante de la estructura criminal. La Defensoría del Pueblo también se pronunció y pidió esclarecer las circunstancias de su muerte.

El caso adquirió mayor relevancia porque el propio presidente De la Espriella mostró el operativo como un resultado de su estrategia de seguridad. La discusión se trasladó entonces de la efectividad militar a la necesidad de establecer con precisión quiénes eran las personas abatidas y bajo qué circunstancias murieron.

A esta denuncia se suma lo ocurrido en La Macarena, Meta. La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y el Ministerio de Defensa que tropas del Ejército habrían disparado contra Luis Carlos Mojica Guzmán, un campesino que, según la comunidad, se encontraba desarmado y se acercó a una vivienda donde los militares adelantaban un procedimiento.

La denuncia sostiene que Mojica fue impactado por los soldados y que posteriormente las tropas habrían retirado su cuerpo del lugar, sin que hasta ahora la comunidad conozca su paradero. Indepaz respaldó el llamado de la Junta y pidió una investigación urgente, independiente y transparente para establecer las circunstancias de la muerte, identificar las unidades que participaron y determinar qué ocurrió con el cuerpo.

Ambos casos tienen un elemento común: civiles o personas señaladas por sus familias como campesinos aparecen muertos durante operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas. Por eso, antes de establecer responsabilidades, las autoridades deberán determinar si las versiones oficiales corresponden con lo ocurrido y si hubo o no uso legítimo de la fuerza.

El tercer episodio corresponde a la captura de varios jóvenes durante el mismo contexto de violencia en Santa Marta. Los detenidos sostuvieron que no pertenecían a las estructuras armadas y solicitaron, entre otras actuaciones, pruebas dactiloscópicas sobre elementos que, según la acusación, les habrían sido incautados. En este caso no se trata de una ejecución extrajudicial, pero sí de un cuestionamiento sobre la identificación y judicialización de personas presentadas como integrantes de organizaciones criminales.

La controversia adquiere una dimensión mayor por las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre la utilización del número de bajas como indicador de efectividad de las operaciones militares. La entidad ha señalado que en el contexto colombiano resulta especialmente delicado medir los resultados operacionales de esa manera, precisamente por los antecedentes de ejecuciones extrajudiciales conocidos como falsos positivos.

El debate también llegó al Congreso. La senadora Alejandra Carvajal, del Pacto Histórico, calificó el caso de Santa Marta como un posible retorno de los falsos positivos y afirmó que al joven “lo hicieron pasar por un criminal cuando era un campesino”.

Las denuncias aún deben ser esclarecidas por las autoridades y no permiten afirmar que los tres casos correspondan a ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la coincidencia temporal y las dudas planteadas alrededor de operaciones que el Gobierno ha presentado como resultados de su política de seguridad vuelven a poner bajo la lupa una práctica que dejó uno de los capítulos más graves de la historia reciente de la Fuerza Pública colombiana.