Gobierno habilita servicio social como alternativa al servicio militar

El Gobierno Nacional abrió oficialmente las inscripciones para el Servicio Social para la Paz, una alternativa al servicio militar obligatorio dirigida a jóvenes entre los 18 y 24 años que aún no hayan definido su situación militar.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Educación en articulación con otras entidades del Gobierno, busca vincular a los jóvenes en actividades relacionadas con la construcción de paz, protección ambiental, gestión del riesgo, promoción de la educación, cuidado del patrimonio cultural y apoyo a territorios priorizados por la violencia.

Desde el Gobierno señalaron que el programa hace parte de la estrategia de “Paz Total” y está enfocado especialmente en jóvenes de municipios PDET, zonas con altos índices de violencia y poblaciones en condición de vulnerabilidad o riesgo de reclutamiento forzado.

“El Servicio Social para la Paz no es un favor, es un derecho”, afirmó un vocero del Ministerio de Educación, quien aseguró que la propuesta busca ofrecer nuevas formas de servir al país más allá de las armas.

Los jóvenes seleccionados recibirán un apoyo económico equivalente al 80 % de lo que recibe un soldado regular, además de auxilio de transporte, seguro de vida, prima de Navidad, dotación semestral y una bonificación al finalizar el servicio. También obtendrán certificación de primer empleo, acceso a formación con el SENA y un documento equivalente a la libreta militar.

El Gobierno informó que las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 1 de junio a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación.

Procuraduría ordenó reiniciar investigación contra agente del Esmad por muerte de Dilan Cruz

La Procuraduría General de la Nación ordenó reiniciar el proceso disciplinario contra el exagente del Esmad Manuel Cubillos Rodríguez por la muerte de Dilan Cruz, ocurrida el 23 de noviembre de 2019 durante las manifestaciones del estallido social en Bogotá.

La decisión implica anular el proceso disciplinario adelantado hasta ahora y comenzar nuevamente la investigación bajo una nueva calificación jurídica, luego de que el Ministerio Público concluyera que el caso constituye una “grave violación a los derechos humanos”.

Según informó la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la determinación fue tomada el pasado 26 de marzo de 2026 y podría derivar en sanciones disciplinarias más severas contra el uniformado.

En noviembre de 2024, la Procuraduría había confirmado una sanción económica cercana a 14 millones de pesos contra Cubillos Rodríguez, calificando los hechos como una falta grave y no gravísima, decisión que generó fuertes cuestionamientos de la familia de Dilan Cruz y de sectores políticos y sociales.

La concejala Heidy Sánchez criticó en ese momento la determinación del ente de control y aseguró que “disparar un arma y matar a una persona en medio de una protesta” debía ser considerado una falta gravísima.

La nueva decisión también se produce luego de la difusión de un informe de Forensic Architecture que cuestionó la versión entregada por el uniformado sobre el disparo que terminó impactando a Dilan Cruz durante una jornada de protestas en el centro de Bogotá.

El caso de Dilan Cruz se convirtió en uno de los hechos más emblemáticos del estallido social en Colombia y ha sido constantemente citado en debates sobre uso de la fuerza, derechos humanos y actuación del antiguo Esmad.

JEP realiza audiencia contra exintegrantes de las Farc por crímenes cometidos en Caldas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta en Manizales una audiencia de seguimiento contra nueve exintegrantes del Frente 47 de las extintas Farc-EP por hechos ocurridos entre 2002 y 2008 en el departamento de Caldas.

Entre los casos abordados se encuentra el asesinato del alcalde electo de Marulanda, Rigoberto Castaño Tobar, así como desapariciones y amenazas atribuidas a esa estructura armada durante los años más intensos del conflicto en la región.

Uno de los testimonios más sensibles fue el relacionado con la desaparición del profesor Julio Quiceno Morales, rector de una institución educativa rural en Samaná, quien desapareció en octubre de 2007 luego de denunciar amenazas de la guerrilla y solicitar un traslado por motivos de seguridad.

Durante la audiencia, familiares de las víctimas insistieron en la necesidad de conocer la verdad sobre el paradero de varias personas desaparecidas. La magistrada de la JEP, Diana María Vega, explicó que el objetivo de estas jornadas es que los comparecientes reconozcan su responsabilidad y el daño causado a las comunidades.

La diligencia también estuvo marcada por solicitudes de reserva hechas tanto por víctimas como por comparecientes, quienes pidieron limitar la transmisión pública de la audiencia por razones de seguridad en los territorios donde aún residen.

Procuraduría sanciona a dos miembros del ESMAD por muerte de joven en protestas de 2021

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a dos integrantes del entonces ESMAD por la muerte del joven Daniel Alejandro Zapata durante las manifestaciones registradas el 1 de mayo de 2021 en Bogotá.

El organismo disciplinario suspendió e inhabilitó por ocho meses al subteniente Jorge Enrique Bombita Uriana, quien para la época se desempeñaba como comandante de la sección 1 del ESMAD.

Asimismo, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al patrullero Abberson de Jesús Salas Acosta, al considerar que accionó un fusil lanza gases contra la multitud causando las heridas que posteriormente provocaron la muerte del joven manifestante.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, los hechos ocurrieron en el Portal Banderas, en el suroccidente de Bogotá, en medio de las jornadas de protesta social de 2021. Según el fallo, el patrullero disparó el arma bajo órdenes del subteniente de intervenir a la multitud mediante el uso de la fuerza.

Daniel Alejandro Zapata, de 20 años, recibió un impacto en la cabeza y fue trasladado a un centro médico, donde falleció días después debido a la gravedad de las lesiones.

La Procuraduría concluyó que ambos uniformados vulneraron los principios de integridad personal, legalidad y proporcionalidad durante el procedimiento adelantado en medio de las manifestaciones.

Además, el ente de control calificó la conducta del patrullero Salas Acosta como gravísima a título de dolo, mientras que la del subteniente Bombita Uriana fue catalogada como grave, también a título de dolo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las denuncias por abuso de la fuerza pública durante el paro nacional de 2021 y las investigaciones contra integrantes del ESMAD por actuaciones durante las protestas.

Petro presentó el fusil Jaguar: así será el reemplazo del Galil israelí fabricado en 100% en Colombia

El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el fusil Jaguar, el nuevo armamento desarrollado por Indumil con el que el Gobierno busca reemplazar progresivamente el fusil Galil israelí utilizado actualmente por las Fuerzas Militares.

El lanzamiento se realizó en Soacha y fue presentado por el mandatario como uno de los proyectos estratégicos más importantes de la industria militar nacional en los últimos años.

Durante su intervención, Petro aseguró que Colombia debe avanzar hacia la capacidad de defenderse con tecnología y armamento propios, fortaleciendo la soberanía industrial y reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros.

“Un país debe defenderse con sus propias armas”, afirmó el jefe de Estado al anunciar el inicio de la producción del nuevo fusil colombiano.

Reemplazo gradual del Galil

El fusil Jaguar comenzará a sustituir de manera progresiva al Galil, arma fabricada originalmente en Israel y utilizada durante décadas por el Ejército y otras fuerzas de seguridad del país.

Según explicó el Gobierno, la meta oficial es fabricar cerca de 100 mil unidades hasta finales del próximo año para iniciar el proceso de modernización del armamento militar colombiano.

El presidente también indicó que el proyecto busca convertir a las Fuerzas Militares en un motor de industrialización y desarrollo tecnológico, siguiendo ejemplos históricos de países como Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia.

Diseñado para la geografía colombiana

De acuerdo con la información entregada por Indumil, el fusil Jaguar fue diseñado por ingenieros colombianos teniendo en cuenta las diferentes condiciones geográficas y climáticas del país.

El arma deberá operar en zonas selváticas, regiones húmedas, territorios desérticos y áreas montañosas, condiciones que el Gobierno considera fundamentales para garantizar la adaptabilidad del nuevo sistema de combate.

Petro aseguró que el fusil “probará la diversidad regional” de Colombia y destacó la participación de talento nacional en el desarrollo del proyecto.

Más liviano y modular

Según las especificaciones presentadas, el Jaguar incorpora polímeros de alta resistencia, un sistema modular adaptable a distintas operaciones y mejoras en ergonomía y movilidad para los uniformados.

El Gobierno también sostiene que el arma sería aproximadamente un 15 % más liviana y cerca de un 25 % más económica frente a algunos modelos importados utilizados actualmente por las tropas.

Además de abastecer a las Fuerzas Militares colombianas, el Ejecutivo planteó la posibilidad de exportar el fusil a otros países en el futuro.

Industria militar y soberanía

El lanzamiento del Jaguar hace parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la industria nacional de defensa y recuperar capacidades de producción militar dentro del país.

Petro insistió en que la fabricación local de armamento representa un paso hacia la soberanía tecnológica y económica, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y dependencia de mercados externos.

“Las Fuerzas Militares pueden estar en la vanguardia de la industrialización de Colombia”, afirmó el mandatario durante el evento de presentación.

El proyecto comenzó a desarrollarse desde 2020 y ahora entra oficialmente en fase de producción y despliegue progresivo dentro de la fuerza pública colombiana.

La Paz sea con el Cauca

 Fotorreportaje
Sebastián Marmolejo Mejía

La paz sea con el Cauca no es solo un título: es una intención que atraviesa cada imagen y cada historia. En el norte del Cauca, el pueblo indígena Nasa sostiene su vida cotidiana en medio de tensiones históricas, disputas territoriales y la persistencia de la violencia. 

Aquí, la paz no es un concepto abstracto ni una promesa lejana; es una práctica viva que se teje en comunidad. Se expresa en la defensa del territorio, en la transmisión de saberes ancestrales y en la decisión colectiva de seguir existiendo como pueblo. En medio de las adversidades, el movimiento indígena Nasa propone una forma de habitar el mundo donde la vida, la autonomía y el respeto por la tierra son el centro.

El recorrido de este reportaje transita de la cotidianidad a la irrupción del conflicto que se vive en el Cauca. De los espacios donde la comunidad convive, a los momentos en que el conflicto atraviesa sus cuerpos y su territorio. Las imágenes no solo documentan la guerra: la interpelan. Son un llamado de atención sobre la urgencia de nombrar lo que persiste y de reconocer cómo las comunidades Nasa han tenido que aprender a convivir con múltiples actores armados, sin renunciar a su autonomía.

En medio de un escenario donde se cuestionan los alcances de los procesos de paz, este trabajo insiste en algo fundamental: la necesidad de una salida política al conflicto sigue siendo inaplazable. Porque, más allá de los discursos sobre fracasos o avances, en el Cauca la guerra no es una abstracción, sino una realidad cotidiana. Y aun así, las comunidades continúan apostando a la vida, sosteniendo la esperanza de que, algún día, la paz deje de ser una promesa y se convierta en una posibilidad concreta.

El norte del Cauca, territorio de transición entre cordilleras, está atravesado por una profunda espiritualidad. Allí, la lucha histórica de las comunidades indígenas se centra en la defensa de la Madre Tierra.
Corinto, Cauca. 

Ana Doris, indígena Nasa del cabildo de Pueblo Nuevo, en la frontera que conecta el Valle del Cauca con el departamento del Cauca. Para ella, la paz es la posibilidad de habitar su territorio en comunidad.
Cordillera Occidental, Valle del Cauca.

Ana Doris es madre de varios hijos; algunos de ellos hacen parte de la Guardia Indígena. Su compromiso con la defensa del territorio los ha llevado a enfrentar a distintos grupos armados presentes en la zona, en una lucha constante por la autonomía.

“En 2016 se sintió la paz. Luego empezaron a llegar otros grupos que decían continuar la lucha de las FARC. Ahora, para transitar nuestros territorios, hay que pedir permiso a casi tres grupos distintos”.
Mayor indígena, recorrido de control territorial en zona rural de Toribío, Cauca.

En ejercicio de la jurisdicción indígena, las comunidades han asumido el control de su territorio, enfrentando a los actores armados que generan desarmonía.
Juicio indígena contra actores armados.

bajo la jurisdicción del pueblo Nasa, tras el asesinato de la gobernadora Sandra Liliana Peña, quien rechazaba la siembra de cultivos de uso ilícito en su territorio. Personas presuntamente vinculadas a este hecho fueron capturadas y juzgadas conforme a los usos y costumbres del pueblo indígena.

La comunidad Nasa se reúne alrededor del cuerpo de Sandra Liliana Peña. Según su cosmovisión, será sembrada para volver a la Madre Tierra. No muere: transita a otro plano, como parte de un ciclo continuo de vida.

El proceso de paz de 2016 representó la dejación de armas de más de 10.000 integrantes de las FARC. Aunque en ese momento se percibió una disminución del conflicto, posteriormente la violencia regresó en un estado de fragmentación. Hoy, las comunidades del Cauca continúan conviviendo con enfrentamientos armados, mientras líderes y lideresas siguen siendo asesinados.

Comunero indígena se resguarda en una trocha durante un ataque armado en El Pescador, Cauca.

Miembro de la Guardia Indígena es auxiliado tras enfrentamientos en El Pescador, Cauca.

La comunidad indígena se reúne en El Pital para hacer un llamado a los actores armados. Se esperaba la presencia de disidencias de las FARC y del ELN, pero nunca llegaron. Solo enviaron comunicados. El diálogo no se dio.

Los controles territoriales se han intensificado. La Guardia Indígena espera que estas acciones contribuyan a reducir los hechos de violencia en sus territorios.

Toribío, Cauca. Siembra de Carmelina Yule, lideresa asesinada por disidencias de las FARC.

Las comunidades Nasa insisten en una salida negociada y política al conflicto. La fragmentación posterior al proceso de paz ha generado nuevas dinámicas de violencia. Esperan que los próximos gobiernos prioricen el diálogo, para que, finalmente, la paz sea con el Cauca.

Militares vinculados a mina ilegal en zona de batallón serán expulsados

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, lanzó una advertencia directa a las Fuerzas Militares: cualquier uniformado que esté involucrado en actividades de minería ilegal será retirado de la institución de manera inmediata.

El pronunciamiento se dio durante una visita al municipio de Caucasia, donde el jefe de la cartera inspeccionó zonas cercanas al Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 31 Rifles, en medio de investigaciones por explotación ilícita de oro en predios como La Mandinga, ubicados entre Caucasia y Cáceres.

“Quien llegue a estar mezclado con este cáncer de la minería ilegal o del narcotráfico será retirado inmediatamente de la Fuerza Pública”, afirmó el ministro, al tiempo que rechazó cualquier tipo de relación, omisión o complacencia de uniformados con estructuras criminales.

Durante un sobrevuelo en el Bajo Cauca antioqueño, autoridades identificaron múltiples puntos de extracción ilegal con uso de dragas, maquinaria cuyo valor puede alcanzar los 5.000 millones de pesos. Según el Gobierno, estas actividades estarían ligadas a grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias, que operan en la región.

El Ejecutivo también informó que actualmente existen 17 solicitudes de formalización minera en la zona, mientras avanza un comité estratégico para revisar la situación y definir acciones contra la explotación ilícita de minerales en el área.

La advertencia del ministro se da en un contexto de creciente preocupación por la infiltración de economías ilegales en territorios con presencia militar, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar controles internos y operativos contra estas prácticas.

Niños sobrevivieron tres días ocultos en la selva tras huir de disidencias de las Farc en Caquetá

Tropas del Ejército Nacional lograron ubicar a los niños en zona rural de Cartagena del Chairá, luego de una misión que inició en la noche del lunes y se extendió hasta la madrugada, atravesando más de cinco horas de caminata en condiciones complejas.

De acuerdo con el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División, los menores fueron encontrados “deshidratados, asustados y sorprendidos”, tras permanecer durante tres días ocultos en la selva. Entre ellos se encontraba una niña de apenas tres años, junto a otros menores y adolescentes que resistieron en condiciones extremas para evitar ser ubicados por el grupo armado ilegal.

El alto oficial explicó que los niños estaban acompañados por un adulto mayor, trabajador de la finca, quien tomó la decisión de huir con ellos hacia la espesura de la selva tras conocer que las disidencias pretendían encontrarlos. “Colocar a una niña de tres años en estas condiciones evidencia la gravedad de lo ocurrido”, señaló el general, al describir el estado en que fueron hallados.

Según la información oficial, la situación se originó días antes cuando los padres de los menores, campesinos de la región, fueron retenidos por una estructura ilegal. Durante cerca de 12 días habrían sido sometidos a presiones y abusos, hasta que lograron escapar y alertar a las autoridades. Tras esa fuga, la reacción del grupo armado fue ordenar la búsqueda de los hijos como mecanismo de presión y represalia.

Las autoridades identifican como responsables a alias “La Morocha” y alias “Urías”, presuntos cabecillas de una facción disidente vinculada a alias “Calacá”. De acuerdo con el relato entregado por el Ejército, la intención era forzar la entrega de los menores e incluso utilizarlos para obligar al padre a presentarse ante la estructura armada.

#ProtegemosLaVida de nuestros niños y de cada colombiano. En una operación precisa y sostenida en zona rural de Cartagena del Chairá, nuestras @FuerzasMilCol, con el apoyo decisivo de la @FuerzaAereaCol, lograron rescatar sanos y salvos a cinco menores de edad que permanecían… pic.twitter.com/MkzKD1cd57

— Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 31, 2026

El operativo de rescate contó con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, incluyendo el uso del denominado “avión Fantasma”, lo que permitió ubicar a los menores en una zona de difícil acceso. Una vez rescatados, fueron trasladados para recibir atención médica especializada, especialmente por los signos de deshidratación.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó los hechos y anunció recompensas de hasta 400 y 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables. Además, desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ordenó intensificar las operaciones contra estas estructuras armadas.

El caso evidencia nuevamente el riesgo que enfrentan comunidades rurales en zonas bajo influencia de grupos ilegales y revive la alerta por el reclutamiento forzado de menores, una de las prácticas más graves del conflicto que persiste en regiones apartadas del país.

Fallo revela que Drummond compró tierras despojadas por paramilitares en Cesar

Una sentencia judicial vuelve a poner en el centro del debate la relación entre conflicto armado, despojo de tierras y minería en Colombia. Un fallo de restitución determinó que varios predios arrebatados a campesinos por estructuras paramilitares en el Cesar terminaron años después en manos de la multinacional Drummond, que los incorporó a su megaproyecto minero El Descanso.

La decisión del Tribunal Superior de Cartagena estableció que cerca de 997 hectáreas ubicadas en la vereda El Platanal, en Agustín Codazzi, fueron despojadas entre la década de los 90 y los primeros años del 2000. Según el fallo, los campesinos fueron desplazados por el frente paramilitar Juan Andrés Álvarez, estructura que operaba en la zona y que ejercía presión violenta para forzar la venta de las tierras.

El patrón documentado en la sentencia muestra que, tras el desplazamiento, intermediarios compraban los predios a precios bajos y posteriormente los vendían a la compañía minera. En 2010, varios de esos terrenos pasaron oficialmente a manos de Drummond, que los integró a su operación carbonífera en el proyecto El Descanso, uno de los más grandes del país.

Uno de los casos emblemáticos es el de Pedro Orozco, campesino desplazado en 1996 tras amenazas de hombres armados. Su predio fue vendido bajo presión y años después terminó en manos de la empresa. El tribunal concluyó que estas transacciones no fueron voluntarias, sino resultado del miedo, la violencia y la imposibilidad de retorno, por lo que declaró la nulidad de esas compras.

A pesar de reconocer el despojo, la sentencia señala que no es posible la restitución material de las tierras debido a la transformación del territorio por la actividad minera. En su lugar, ordena compensaciones económicas o la entrega de otros predios a las víctimas, una obligación que recaerá sobre el Estado.

El fallo también cuestiona la actuación de la empresa al considerar que no obró con “buena fe exenta de culpa”, señalando que pudo haber identificado irregularidades en la procedencia de los terrenos al revisar los antecedentes jurídicos de las propiedades.

Este caso coincide con una acusación vigente de la Fiscalía General de la Nación, que investiga a exdirectivos de la compañía por presunta financiación de grupos paramilitares, específicamente del mismo frente señalado en el despojo. De acuerdo con ese proceso, los recursos habrían sido canalizados a través de contratos con proveedores, aunque este expediente judicial es independiente del fallo de restitución.

En contraste, Drummond ha rechazado de manera reiterada cualquier vínculo con estructuras ilegales. La compañía sostiene que ha operado conforme a la ley y recuerda que recientemente obtuvo un fallo favorable en Estados Unidos en un proceso por difamación relacionado con estas acusaciones.

Investigaciones académicas y del Centro Nacional de Memoria Histórica han documentado que en regiones como el Cesar existió un patrón en el que el desplazamiento forzado facilitó la concentración de tierras y la expansión de proyectos extractivos, lo que ubica el caso de El Platanal dentro de una dinámica más amplia de transformación territorial.

La decisión judicial reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial en contextos de conflicto armado y deja en evidencia las dificultades para garantizar una restitución efectiva cuando los territorios han sido profundamente transformados por actividades económicas de gran escala.

Histórico: Colombia presenta su primera patrullera oceánica construida en el país

Un hito en la industria nacional y la defensa marítima. Colombia dio un paso significativo en su capacidad industrial y estratégica con la presentación de la patrullera oceánica ARC “24 de Julio”, la primera embarcación de este tipo diseñada y construida en el país.

El anuncio fue encabezado por el presidente Gustavo Petro, quien destacó que se trata del buque más grande fabricado en Colombia, con participación mayoritaria de talento nacional. “Estamos entregando el buque más grande hecho en Colombia y 100% confeccionado, diseñado por ingenieros e ingenieras colombianas. Aunque algunas partes son importadas por limitaciones tecnológicas, el componente nacional es muy, muy colombiano”, afirmó.

La embarcación es resultado de un proceso que se ha consolidado durante varios años en la Armada de Colombia, a través de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado en el ámbito industrial y de defensa.

Durante su intervención, el mandatario subrayó que el desarrollo de este tipo de proyectos hace parte de una visión de país que busca impulsar la industrialización a partir de sectores estratégicos. Señaló que, históricamente, potencias como Japón, Alemania o Estados Unidos han consolidado sus capacidades productivas apoyándose en la industria para la defensa, generando encadenamientos productivos y avances tecnológicos.

En ese contexto, Petro también resaltó el papel del conocimiento, la ciencia y el trabajo colectivo como motores de transformación. Indicó que la innovación y la capacidad de resolver problemas complejos han sido determinantes en momentos históricos, incluso en el desarrollo de tecnologías como el internet, que tuvo orígenes en el ámbito militar.

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La patrullera ARC “24 de Julio” permitirá fortalecer la presencia del Estado en aguas marítimas, con funciones clave en operaciones de búsqueda y rescate, atención de emergencias, apoyo humanitario y control de delitos transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y la migración irregular. También contribuirá a la protección del medio ambiente marino.

Este desarrollo representa no solo un avance en soberanía y seguridad, sino también un impulso a la industria nacional y a la consolidación de capacidades tecnológicas propias.

JEP investiga presunta relación de 35 militares con paramilitares en Barrancabermeja

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la investigación sobre la presunta relación entre 35 agentes de la fuerza pública y estructuras paramilitares en hechos ocurridos entre 1998 y el 2000 en Barrancabermeja.

El tema fue abordado en una audiencia de reconocimiento dentro del Caso 08, que analiza crímenes en el Magdalena Medio. En este espacio, víctimas y organizaciones sociales presentaron sus testimonios y denuncias sobre lo ocurrido en ese periodo.

Durante la diligencia, se expusieron versiones que apuntan a una posible articulación entre integrantes de la fuerza pública, grupos paramilitares y civiles. Estos señalamientos hacen parte del proceso de esclarecimiento que adelanta la jurisdicción.

También se presentaron relatos de familiares de víctimas sobre los hechos registrados a finales de los años 90, así como los impactos que estos han tenido a lo largo del tiempo.

En el mismo escenario, organizaciones como el colectivo 16 de mayo dieron a conocer su trayectoria de acompañamiento y resistencia frente a estos casos.

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Adicionalmente, en la audiencia se mencionaron cuestionamientos sobre la posible responsabilidad de terceros civiles, incluidos directivos de Ecopetrol. Estos planteamientos forman parte de las intervenciones de las víctimas y continúan en análisis dentro de la JEP.

La diligencia se enmarca en el proceso que adelanta la jurisdicción para establecer responsabilidades en el conflicto armado, sin que en esta etapa se hayan anunciado decisiones de fondo.

JEP atribuye crímenes de lesa humanidad a ocho militares por hechos contra comunidades en Nariño

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a ocho comparecientes de la fuerza pública por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en el departamento de Nariño, dentro del Caso 02 que investiga violaciones ocurridas entre 2001 y 2012.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los hechos se registraron en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, donde las principales víctimas fueron comunidades del Pueblo Negro Afrocolombiano, así como los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, además de población campesina.

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La JEP concluyó que las conductas investigadas no corresponden a hechos aislados, sino que hacen parte de patrones macrocriminales sistemáticos dirigidos contra poblaciones con especial protección constitucional e internacional. En ese sentido, calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso, tortura y persecución.

Adicionalmente, la jurisdicción determinó que también se configuraron crímenes de guerra, como homicidio y tortura, en el marco de operaciones desarrolladas en la zona durante el conflicto armado.

En cuanto a los responsables, la Sala llamó a reconocer su responsabilidad a siete antiguos integrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 “General José María Cabal” y a un exintegrante del Batallón de Contraguerrillas 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.

De acuerdo con la investigación, los hechos respondieron a tres patrones principales: la estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, la ejecución de asesinatos que luego eran presentados como bajas en combate, y el control militar sobre territorios habitados por comunidades étnicas y campesinas.

La JEP también documentó afectaciones derivadas de las aspersiones aéreas con glifosato, las cuales, según el informe, se realizaron de forma indiscriminada y sin procesos de consulta previa con las comunidades, generando impactos en la salud, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

Otro de los hallazgos relevantes es que miles de denuncias no fueron atendidas de manera adecuada. De más de 5.000 reportes documentados, solo una parte recibió algún tipo de respuesta o compensación, lo que evidencia fallas institucionales en la atención a las víctimas.

En el Caso 02 fueron acreditadas 110.677 víctimas, pertenecientes a comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas, campesinos y otros sectores vulnerables, incluyendo mujeres, niños y personas con identidades diversas.

Para llegar a estas conclusiones, la JEP analizó múltiples fuentes, entre ellas informes, testimonios, documentos y espacios de diálogo con las víctimas, aplicando enfoques diferenciales étnico, territorial y de género.

Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por cerrada la fase de investigación del Caso 02. El proceso avanzará ahora hacia las etapas de reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes y, posteriormente, a juicio dentro del sistema de justicia transicional.

Se conocen primeras imágenes de presunta bomba lanzada desde Ecuador en territorio colombiano

En medio de la controversia por los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles bombardeos desde Ecuador, se conocieron las primeras imágenes de un artefacto explosivo que habría sido hallado en zona selvática y fronteriza del departamento de Nariño.

Las imágenes, divulgadas por el sistema de medios públicos RTVC, mostrarían una bomba que, según versiones preliminares, no habría detonado pese a llevar varios días en el lugar. El hallazgo coincide con las denuncias hechas por el mandatario durante un consejo de ministros, en el que aseguró que se investigan explosivos presuntamente lanzados desde el vecino país.

De acuerdo con analistas citados por el medio, resulta inusual que el artefacto se encuentre en ese estado sin haber explotado, lo que ha generado interrogantes sobre su origen, funcionamiento y tiempo en el terreno.

En respuesta a la situación, unidades de las Fuerzas Militares se desplazan hacia la zona para verificar el artefacto y adelantar las investigaciones correspondientes que permitan establecer su procedencia y nivel de riesgo.

El caso se mantiene en desarrollo y hace parte de las indagaciones que adelanta el Gobierno Nacional frente a los reportes de posibles hechos en la frontera sur del país.

“La soberanía se respeta”: Petro ante sospecha de bombardeos desde Ecuador

En medio de un consejo de ministros centrado en la reforma agraria, el presidente Gustavo Petro se refirió a la aparición de artefactos explosivos en zona de frontera con Ecuador, situación que, según indicó, está siendo objeto de investigación por parte del Gobierno Nacional.

El mandatario señaló que se han registrado varios estallidos en áreas cercanas al límite entre ambos países y que existen indicios que apuntan a la posible caída de bombas lanzadas desde el aire.

“Han aparecido bombas tiradas de avión. Tenemos que investigar bien si están bombardeándonos desde Ecuador y no solo grupos armados”, afirmó.

Durante su intervención, Petro mencionó la existencia de una grabación que, según dijo, podría hacerse pública y que habría llegado desde territorio ecuatoriano, lo que incrementa las dudas sobre el origen de los explosivos.

El jefe de Estado también indicó que solicitó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que establezca comunicación con el gobierno ecuatoriano frente a la situación.

Finalmente, reiteró que Colombia no busca un conflicto internacional, pero advirtió que se tomarán decisiones una vez se establezca con claridad el origen y nivel de riesgo de los artefactos encontrados. “No queremos ir a una guerra, pero la soberanía nacional se respeta”, concluyó.

Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por maniobras sin autorización en El Dorado

Una denuncia penal fue presentada contra los pilotos de un helicóptero militar que, según registros de comunicación aérea conocidos públicamente, habría atravesado en varias ocasiones la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado sin autorización de la torre de control.

El hecho generó preocupación entre especialistas en seguridad aérea debido al riesgo que pudo representar para las operaciones que se desarrollaban en la principal terminal aérea del país.

La aeronave involucrada sería un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk perteneciente al Ejército Nacional de Colombia, que habría realizado varias maniobras en inmediaciones del aeropuerto mientras se desarrollaban operaciones de despegue y aterrizaje.

La denuncia se conoció luego de que se difundieran fragmentos de comunicaciones entre la torre de control y la tripulación de la aeronave. En uno de los audios divulgados se escucha a la operadora aérea expresar dudas frente a las maniobras que estaba realizando el helicóptero en el área de influencia del aeropuerto.

Según lo revelado en un programa radial, la aeronave habría cruzado repetidamente sobre la pista sin autorización previa, lo que —de acuerdo con los denunciantes— generó un escenario de riesgo para otras aeronaves que operaban en ese momento en el aeropuerto con mayor tráfico aéreo de Colombia.

La acción judicial busca que las autoridades determinen si se incumplieron los protocolos establecidos para operar dentro del espacio aéreo controlado del aeropuerto.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al caso y señaló que la entidad competente para pronunciarse sobre lo ocurrido es la Aerocivil, encargada de regular la navegación aérea en el país.

El funcionario indicó además que el audio difundido corresponde solo a un fragmento de la comunicación total entre la torre de control y la tripulación, conversación que —según explicó— habría durado varios minutos.

Fuerzas Militares adelantan bombardeo contra disidencias de Iván Mordisco en Arauca y Casanare

Las Fuerzas Militares de Colombia adelantan un bombardeo contra estructuras de las disidencias de las FARC-EP que operan bajo el mando de Iván Mordisco en una zona limítrofe entre Arauca y Casanare.

La operación aérea se dirige contra la Estructura 28 de las disidencias de las FARC y contra su cabecilla Antonio Medina, considerado por las autoridades como uno de los objetivos de alto valor para el Gobierno nacional.

De acuerdo con información preliminar, el operativo militar comenzó en la noche del viernes y forma parte de las acciones que adelantan las autoridades contra esta estructura armada, señalada de narcotráfico, homicidios selectivos y extorsiones en la región.

Las Fuerzas Militares continúan desarrollando la operación en la zona y se espera que en las próximas horas se entregue un balance oficial sobre los resultados del bombardeo.

Capturan en Antioquia a 14 integrantes de disidencias de las Farc al mando de “Mordisco”

El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez confirmó la captura de 14 integrantes de las disidencias de las FARC-EP que operan bajo el mando de Iván Mordisco en el departamento de Antioquia.

El operativo se realizó en la vereda Filadelfia, zona rural del municipio de Ituango, donde tropas del Ejército Nacional de Colombia adelantaron acciones contra esta estructura armada.

Durante el procedimiento, las autoridades reportaron la recuperación de dos menores de edad que habrían sido reclutados por el grupo armado, así como el sometimiento de un integrante y la captura de cuatro miembros adicionales de la organización.

Entre los capturados se encuentra alias “Román” o “Tres Codos”, quien, según las autoridades, había sido designado cabecilla en reemplazo de alias “Ramiro”, abatido recientemente en un bombardeo contra esta estructura.

En la operación también fueron incautadas cuatro armas largas, cinco armas cortas, dos artefactos explosivos y un dron, elementos que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, eran utilizados para fortalecer las capacidades armadas del grupo ilegal y amenazar a la población del norte de Antioquia.

Seis militares fueron condenados por el asesinato del esposo de Aída Quilcué durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

El asesinato de Edwin Legarda Vásquez, esposo de la lideresa indígena y hoy figura política Aída Quilcué, terminó con la condena de seis militares del Ejército Nacional, en uno de los casos más recordados de violencia contra líderes indígenas en Colombia.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en una vía rural entre los municipios de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca. Ese día, Legarda se movilizaba en una camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) cuando el vehículo fue atacado a tiros por militares que se encontraban en la zona.

El líder indígena recibió varios impactos de bala y fue trasladado a un hospital en Popayán, donde falleció horas después.

Tras el hecho, inicialmente se señaló que el ataque se produjo en medio de un retén militar y que el vehículo no habría atendido la orden de detenerse. Sin embargo, las investigaciones judiciales avanzaron y el caso terminó en los tribunales.

En 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán condenó a seis militares a 40 años de prisión por el homicidio de Edwin Legarda. Entre los condenados había un sargento, un cabo y cuatro soldados profesionales del Ejército.

El crimen generó una fuerte reacción del movimiento indígena, especialmente porque Aída Quilcué era en ese momento una de las principales voceras de la movilización indígena conocida como la Minga, que había protagonizado grandes protestas en el país.

Organizaciones indígenas señalaron en su momento que el vehículo atacado era el que habitualmente utilizaba Quilcué, lo que llevó a plantear la hipótesis de que el ataque podría haber tenido como objetivo a la lideresa. No obstante, judicialmente se estableció la responsabilidad de los militares por el homicidio de Legarda.

Años después, el Estado colombiano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la muerte del líder indígena.

El caso volvió a ser mencionado en el escenario político luego de que el senador Iván Cepeda anunciara a Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial para las próximas elecciones presidenciales.

Arremetida del gobierno Petro contra Iván Mordisco

El Gobierno de Gustavo Petro intensificó en los últimos días la ofensiva militar y policial contra la estructura criminal liderada por Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias del Estado Mayor Central de las antiguas FARC.

En menos de 72 horas, las autoridades confirmaron la captura de dos hermanos del cabecilla guerrillero, en operativos realizados por la Policía Nacional de Colombia en el departamento del Tolima. Los detenidos fueron identificados con los alias de “Jota” y “Conejo”, este último señalado de participar en homicidios y de apoyar logísticamente las operaciones criminales de la organización.

Las autoridades indicaron que ambos tenían órdenes de captura por delitos como homicidio, secuestro y tráfico o porte ilegal de armas, además de estar vinculados a actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y minería ilegal dentro de las estructuras de su hermano.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que estas capturas hacen parte de una estrategia para golpear el círculo cercano de Mordisco, considerado uno de los criminales más buscados del país y por quien el Gobierno mantiene una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos.

A la ofensiva judicial se suma el incremento de operaciones militares, incluidos los bombardeos contra campamentos de las disidencias. Este martes el ministro confirmó una operación aérea contra la estructura 18 en zona rural de Ituango, en Antioquia, que dejó tres integrantes del grupo armado muertos, una mujer capturada y varios campamentos destruidos.

Según el Ministerio de Defensa, la presión militar busca debilitar las estructuras que responden a Mordisco, señaladas de financiarse con narcotráfico, extorsión y control territorial en varias regiones del país.

Las autoridades sostienen que el objetivo es cerrar el cerco contra el jefe disidente, debilitando tanto su red familiar como sus estructuras armadas en diferentes departamentos.