Denuncia señala que política de semillas del Gobierno de De la Espriella beneficiaría a empresas estadounidenses
El representante a la Cámara José Luis Bohórquez cuestionó las posibles consecuencias de las medidas que impulsa el Gobierno de Abelardo De la Espriella para promover el uso de semillas certificadas en el campo colombiano. Según el congresista, este modelo podría aumentar la dependencia de los agricultores frente a empresas estadounidenses que comercializan semillas y afectar la autonomía de los productores nacionales.
Bohórquez relacionó sus críticas con la experiencia de cultivos como el trigo y la cebada en Boyacá, donde, según recordó, la producción nacional perdió terreno frente a las importaciones tras la apertura comercial. Para el representante, Colombia corre el riesgo de repetir esa historia con otros productos agrícolas si las decisiones del Gobierno no priorizan la protección de los campesinos y la producción nacional.
El congresista puso el foco en las semillas certificadas y en el modelo de negocio de algunas compañías que comercializan variedades con características genéticas específicas. Según su planteamiento, los agricultores pueden quedar sujetos a la compra recurrente de semillas, lo que incrementaría sus costos y la dependencia de proveedores privados. También advirtió que este esquema podría favorecer a laboratorios estadounidenses, aunque sus declaraciones no demuestran la existencia de un acuerdo concreto entre el Gobierno y empresas de ese país.
La discusión se extiende más allá del arroz. Bohórquez sostiene que las decisiones sobre semillas, importaciones y producción agrícola pueden afectar la soberanía alimentaria colombiana si reducen la capacidad de los campesinos para producir alimentos y sostener sus cultivos. Como ejemplo, mencionó el riesgo de que Colombia aumente su dependencia del arroz importado si se debilita la producción nacional.
El representante también cuestionó la respuesta del ministro de Agricultura, Rodrigo Lasprilla, frente a la crisis del sector arrocero, y defendió la necesidad de proteger a los productores mediante instrumentos que garanticen condiciones más estables de comercialización. Recordó que radicó, junto con congresistas de otras bancadas, un proyecto para establecer precios mínimos para los arroceros y anunció que promoverá debates de control político sobre las decisiones del Gobierno.
El eje de la controversia es si la política agrícola priorizará la productividad mediante la adquisición de insumos comerciales o si garantizará, al mismo tiempo, condiciones para que los campesinos mantengan su autonomía y la producción nacional. Para determinar si las medidas favorecerían a empresas estadounidenses, será necesario conocer las disposiciones concretas que adopte el Gobierno, los proveedores involucrados y las condiciones de compra y reutilización de las semillas.
