Medicina Legal reporta ocho menores muertos en operaciones militares desde el inicio del Gobierno de De La Espriella

Ocho menores de edad han muerto en operaciones militares de la Fuerza Pública desde el inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella, el 7 de agosto de 2026. La cifra fue confirmada el pasado 28 de octubre por Ariel Emilio Cortés Martínez, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien informó que cinco de las víctimas eran de sexo masculino y tres de sexo femenino.

De acuerdo con la información entregada por Cortés y recogida por Blu Radio, las edades de las víctimas estarían entre los 13 y los 17 años. Los departamentos de Norte de Santander, Guaviare y Arauca fueron señalados entre los territorios donde se han presentado con mayor frecuencia este tipo de operaciones militares. Sin embargo, el balance divulgado no contiene una relación individualizada de los ocho casos ni establece cuántas víctimas corresponden a cada departamento.

La cifra adquiere mayor dimensión al compararla con el acumulado nacional de 2026. Según el director de Medicina Legal, durante lo corrido del año se contabilizaban aproximadamente 17 menores fallecidos en operaciones militares. De ese total, nueve casos correspondían al tramo final del Gobierno de Gustavo Petro y ocho al periodo de la actual administración. Esto significa que, en el balance presentado por la entidad, casi la mitad de los menores fallecidos durante el año se registró desde el comienzo del Gobierno de De La Espriella.

Uno de los hechos documentados directamente por Medicina Legal ocurrió el 27 de agosto en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, durante la operación militar denominada Amón. En un comunicado publicado el 30 de agosto, la institución informó que había recibido diez cuerpos relacionados con esa acción. De los nueve que ya habían sido identificados, tres correspondían a menores de edad.

La información divulgada por Medicina Legal resulta relevante porque permite dimensionar la presencia de menores entre las víctimas de operaciones de la Fuerza Pública. No obstante, el balance conocido no entrega detalles sobre las circunstancias particulares de cada muerte, las unidades militares que participaron, el tipo de armamento utilizado o las condiciones en las que se encontraban los menores al momento de las operaciones. Tampoco permite establecer que todos los fallecidos fueran integrantes de estructuras armadas o que hubieran sido reclutados por ellas.

La distinción es importante en un escenario de confrontación armada en el que organizaciones ilegales continúan vinculando niños, niñas y adolescentes a sus estructuras. El reclutamiento y utilización de menores constituye una grave vulneración de sus derechos, pero su presencia en escenarios de conflicto no elimina la obligación estatal de adoptar medidas para proteger sus vidas. Por eso, las cifras de Medicina Legal no solo dan cuenta de las muertes ocurridas, sino que plantean interrogantes sobre las condiciones en que se planifican y ejecutan las operaciones militares en territorios donde puede existir presencia de menores.