A solo dos meses de Gobierno, De la Espriella enfrenta su primera protesta nacional
Sindicatos, organizaciones indígenas, docentes, estudiantes y sectores sociales convocaron para este miércoles 14 de octubre una jornada nacional de movilización contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que cumple dos meses en el poder. La protesta reúne inconformidades por decisiones económicas, laborales y presupuestales, la financiación de la educación pública, el sistema de salud del magisterio y las nuevas reglas anunciadas para regular las manifestaciones.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode y otras organizaciones sindicales convocaron la jornada como parte de una agenda de oposición a las políticas de la nueva administración. Entre las reivindicaciones figuran la defensa del salario mínimo vital, los derechos laborales y pensionales, la educación pública y las garantías para la movilización social. Los sindicatos también preparan un paro nacional más amplio para noviembre, cuya fecha está pendiente de definición.
El expresidente Gustavo Petro confirmó que participará en la marcha de Bogotá e invitó a trabajadores y ciudadanos a sumarse a la convocatoria. Sus llamados se concentran en la defensa del poder adquisitivo, el costo de los alimentos y la necesidad de garantizar ingresos suficientes para los hogares. También cuestionó la orientación económica y ambiental del Gobierno, al que acusa de priorizar los negocios de grandes inversionistas sobre las necesidades de la población.
Desde el Congreso, la representante María Fernanda Carrascal sostuvo que existen motivos suficientes para protestar pese al corto tiempo de la administración. Mencionó el aumento de la inflación y el desempleo, las decisiones presupuestales que, según afirmó, afectan a mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, y el incremento de los recursos destinados al servicio de la deuda frente a la inversión social. También cuestionó la política del Gobierno frente a Palestina y sus anuncios sobre la búsqueda de inversión extranjera en minerales estratégicos.
El sector educativo tendrá un papel central en la jornada. Fecode y organizaciones regionales convocaron a defender la educación pública, las condiciones laborales de los docentes, la atención en salud del magisterio y la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores programó una marcha desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. También se anunciaron concentraciones en otras ciudades, entre ellas Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
La movilización coincide con el rechazo de organizaciones sociales a la reforma del Decreto 003 sobre protesta social, cuya aplicación anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para esta jornada. Desde Cali, el funcionario aseguró que la regulación busca garantizar las manifestaciones pacíficas y actuar contra los focos de violencia. Sin embargo, la representante Carrascal advirtió que anunciar su estreno precisamente durante las protestas puede generar temor entre los participantes y exigió que el aparato estatal no sea utilizado para reprimir a los manifestantes.
El Gobierno, por su parte, ha calificado la convocatoria como un intento de desestabilización. De la Espriella afirmó que sus promotores buscan “engañar al pueblo” y advirtió que su administración actuará dentro de la ley para preservar el orden público. Frente a las movilizaciones indígenas convocadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el mandatario aseguró que respetará la protesta pacífica, pero que no aceptará bloqueos ni negociaciones bajo vías de hecho.
La jornada será una primera gran prueba de movilización nacional para el Gobierno, en medio de un creciente choque entre el Ejecutivo y sectores sindicales, políticos e indígenas. Mientras los convocantes sostienen que las protestas responden a decisiones que afectan derechos y condiciones de vida, la Presidencia las presenta como una maniobra política contra su administración. La participación ciudadana y la respuesta de las autoridades marcarán el desarrollo de una jornada que también anticipa la disputa social y política de los próximos meses.