Gobierno De la Espriella prorrogaría Ley que estructura la Paz Total de Petro
El Gobierno de Abelardo De la Espriella analiza prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público y modificada durante el Gobierno de Gustavo Petro para darle sustento jurídico a la política de Paz Total. La norma vence en noviembre y el ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que su continuidad está en estudio.
La decisión contrasta con el cierre de las mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica heredados de la administración anterior y con la postura de De la Espriella de no adelantar negociaciones políticas con grupos armados. La Ley 418, sin embargo, no fue creada para la Paz Total y ha sido prorrogada por distintos gobiernos porque contiene facultades más amplias en materia de orden público, además de mecanismos como la protección de testigos.
En paralelo, el Gobierno prepara una nueva ley de sometimiento o acogimiento a la justicia para integrantes de organizaciones armadas y estructuras criminales. Cancino explicó que la política será el “acogimiento voluntario al Estado de Derecho”, bajo condiciones fijadas por la Constitución y la ley, y no una negociación abierta.
El ministro fue enfático en que quienes se acojan no tendrán estatus político ni capacidad para negociar las condiciones. “No hay reconocimiento político, no lo va a haber”, afirmó. También señaló que, en principio, el mecanismo no aplicaría para personas que ya estén privadas de la libertad y que no habrá excarcelaciones por esta vía.
Para este Gobierno, las víctimas son el eje central, pero la ley no se negocia. El ministro Iván Cancino dejó claro en el Congreso que la paz se construye garantizando justicia, reparación y el sometimiento de quienes delinquen. Sin cumplimiento de la ley, no hay seguridad ni paz pic.twitter.com/BzuzQJjpxc
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La propuesta contempla definir beneficios jurídicos para quienes abandonen la actividad criminal y se sometan a la justicia, pero Cancino descartó rebajas desproporcionadas de penas e impunidad. El proyecto se está articulando con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, los ministerios de Defensa e Interior y otras entidades estatales.
El Gobierno también revisa la situación de personas que ya participaban en procesos de la denominada Paz Total. Según Cancino, se activó una ruta con las entidades del Estado para establecer qué ocurrirá con quienes quieran retomar esos procesos bajo el nuevo esquema de sometimiento.
