Abelardo de la Espriella habría entregado a familiares de la primera dama el fondo encargado de las obras en colegios públicos

Durante un debate de control político a la ministra de Educación en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la congresista Isabel Vera denunció presuntas conexiones familiares y personales detrás del nombramiento de Jesús Mestre al frente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), entidad encargada de financiar proyectos de construcción y mejoramiento de colegios públicos.

Vera cuestionó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentara a Mestre como un perfil con experiencia para dirigir la infraestructura educativa, cuando, según expuso ante la comisión, su trayectoria profesional estaría concentrada principalmente en la empresa constructora familiar Plusco y en proyectos del sector salud, no en infraestructura educativa.

La representante señaló que Mestre es arquitecto y que su experiencia contractual incluye actividades relacionadas con la construcción de instalaciones de salud, entre ellas la firma Oncomédica. A partir de esa trayectoria, cuestionó si el funcionario cuenta con el perfil requerido para dirigir el FFIE, una entidad estratégica para la ejecución de obras en instituciones educativas públicas.

El centro de la denuncia fue el vínculo de Mestre con su esposa, Cinda Alejandría Arriagán, a quien Vera relacionó familiarmente con la primera dama, Pineda Arriagán. La congresista sostuvo que el nombramiento no respondería al mecanismo de selección por méritos que ha defendido el Gobierno, sino a relaciones de cercanía personal y familiar con el entorno presidencial.

Vera también señaló que Cinda Alejandría Arriagán tiene un contrato en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con una remuneración mensual cercana a los 20 millones de pesos, y cuestionó que ocupe una posición estratégica pese a que, según la congresista, su experiencia profesional está vinculada principalmente a la empresa familiar.

Durante su intervención, la representante presentó estos vínculos como indicios de un posible entramado de relaciones entre familiares y personas cercanas al Gobierno. Por ello, pidió a la ministra de Educación retirar a Mestre de la dirección del FFIE y solicitó a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y a los organismos de control investigar el contrato y las circunstancias de ambos nombramientos.

Hoy en debate de control político a la Ministra de Educación denunciamos cara a cara a la PATRIA NEPOTISTA ⚠️ Nueva hazaña de la primera dama. 1. Abelardo le entregó el Fondo de Financiamiento a la Infraestructura Educativa -FFIE, al esposo de Sila Velandia Arauchán, por su relación familiar con la Primera Dama Pineda Arauchán. 2. Sila ocupa hoy un cargo estratégico en Dapre, ES BACHILLER y aún así le entregaron un contrato de 23 millones mesuales. A la pareja amiga de la familia presidencial se les hizo el milagro. No permitiremos que destruyan el legado de @petrogustavo y @DanielRMed en infraestructura educativa.

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— Isabel Vera (@IsabelVeraPacto) October 13, 2026

La denuncia pone bajo escrutinio los criterios utilizados para designar a quienes administran recursos destinados a la infraestructura escolar, así como la transparencia en la contratación pública dentro del entorno presidencial. El FFIE cumple una función central en la financiación y ejecución de obras educativas, por lo que las decisiones sobre su dirección tienen incidencia en proyectos que afectan a estudiantes y comunidades educativas.

Vera cerró su intervención cuestionando el discurso presidencial sobre la selección de funcionarios mediante un banco de talentos. A su juicio, los nombramientos señalados contradicen esa promesa y sugieren que las relaciones familiares y personales estarían pesando más que la experiencia específica para asumir responsabilidades públicas.

La congresista exigió que se investiguen los hechos expuestos y que el Gobierno explique los criterios que sustentaron la designación de Mestre. Su denuncia se suma al debate sobre la transparencia de los nombramientos y el manejo de los recursos públicos destinados a la educación.