Jueza niega solicitud del Gobierno para levantar protección de menores ante bombardeos
La jueza 34 de Familia de Bogotá negó la solicitud presentada por el Gobierno y la cúpula militar para levantar la medida provisional que condiciona la realización de bombardeos cuando exista información objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes en los objetivos militares.
La decisión mantiene vigente la orden adoptada el pasado 2 de septiembre, mientras el despacho estudia de fondo la tutela que cuestiona los protocolos utilizados en operaciones militares frente a posibles casos de menores reclutados o utilizados por grupos armados.
El Gobierno había impugnado la medida argumentando, entre otros aspectos, que podía afectar la planeación y ejecución de las operaciones militares y que las autoridades no podían tener certeza absoluta sobre la presencia de menores en los lugares donde se desarrollan acciones contra grupos armados.
Sin embargo, el juzgado consideró que no estaba demostrada una imposibilidad material para cumplir la orden. La medida no exige certeza absoluta sobre la presencia de menores, sino que las Fuerzas Militares tengan en cuenta información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” disponible y los protocolos operacionales aplicables.
La jueza también señaló que la medida busca proteger derechos de especial relevancia constitucional y que una eventual afectación de la vida de los menores tendría un carácter irreversible. Por ello, concluyó que persisten las condiciones para mantener la protección de manera temporal.
El despacho aclaró que esta decisión no significa que se haya determinado que las Fuerzas Militares hayan vulnerado derechos ni anticipa una conclusión sobre la legitimidad de las operaciones militares. Esos asuntos serán definidos cuando se tome una decisión de fondo sobre la tutela.
La determinación se conoce después de que cuatro menores murieran en operaciones militares durante el primer mes del Gobierno de Abelardo De la Espriella, un escenario que ha reactivado el debate sobre los riesgos de realizar bombardeos contra estructuras armadas cuando existe la posibilidad de que tengan menores reclutados en sus filas.
La orden seguirá vigente hasta que se dicte la sentencia de fondo o aparezca una circunstancia jurídicamente relevante que justifique su modificación o levantamiento.
