Gobierno de De la Espriella busca fumigar con herbicida más peligroso para la salud que el glifosato

El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en su intención de fumigar cultivos de coca desde el aire con glufosinato de amonio, un herbicida que presenta mayores riesgos de toxicidad aguda que el glifosato, según expertos consultados. El plan piloto contempla hasta siete días de aspersión con avionetas en un área máxima de 1.000 hectáreas del Putumayo, pero enfrenta cuestionamientos sanitarios, ambientales y judiciales.

La iniciativa fue autorizada mediante la Resolución 007 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes y quedó a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que dispone de dos aeronaves AT-802 para realizar las pruebas. El Gobierno sostiene que el objetivo es evaluar la eficacia del producto, la precisión de las aplicaciones y los posibles impactos de su utilización aérea antes de decidir si resulta pertinente ampliar su uso.

Sin embargo, el plan requiere evaluaciones técnicas y ambientales. El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que no ha emitido el concepto previo sobre los efectos del herbicida en la salud humana porque necesita información científica suficiente para analizar la sustancia, su formulación, las condiciones de aplicación y los escenarios de exposición de la población. También se requiere la autorización ambiental correspondiente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha defendido que el ensayo busca determinar si el químico afecta eficazmente los cultivos de coca, no experimentar con sus efectos sobre las personas. Pero los cuestionamientos científicos apuntan precisamente a los riesgos de utilizarlo mediante aspersión aérea, una modalidad en la que resulta difícil controlar dónde termina el producto.

Julián Mora Oberlaender, doctor en Biotecnología de la Universidad Nacional y experto en herbicidas, cuestiona que el Gobierno sustituya el glifosato por una sustancia sin una ventaja demostrada en la erradicación. Ambos productos son herbicidas de amplio espectro, capaces de afectar distintas especies vegetales, pero actúan de manera diferente. El glifosato es sistémico y puede afectar la planta hasta sus raíces, mientras que el glufosinato actúa principalmente sobre las hojas alcanzadas por la aplicación, lo que puede facilitar el rebrote.

Gabriel Tobón Quintero, profesor del Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, advierte que la fumigación puede perjudicar cultivos legales cercanos, como plátano, maíz y yuca, además de contaminar suelos y fuentes hídricas. Los riesgos también dependen de los componentes adicionales utilizados en la mezcla para mejorar la adherencia y dispersión del producto.

El químico y biólogo Orlando Acosta, de la Universidad Nacional, ha señalado que la exposición al glufosinato puede provocar intoxicaciones graves, afectaciones neurológicas y fallas respiratorias. La clasificación de peligrosidad de los plaguicidas de la Organización Mundial de la Salud ubica al glufosinato de amonio en la categoría II, moderadamente peligroso, mientras que el glifosato figura en la categoría III, ligeramente peligroso. Esta clasificación se refiere a la toxicidad aguda y no reemplaza la evaluación de riesgos bajo las condiciones específicas de una aspersión aérea.

Uno de los principales problemas es la deriva, fenómeno por el cual el viento desplaza las gotas fuera del área prevista. Tobón advierte que la altura de descarga, la humedad y las condiciones meteorológicas pueden ampliar la zona de exposición, con posibles consecuencias para las comunidades rurales, los cultivos de pancoger y las fuentes de agua.

El plan también enfrenta un obstáculo judicial. El 12 de septiembre, el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender provisionalmente cualquier actividad de aspersión aérea en Putumayo, en respuesta a una tutela. La medida frenó el desarrollo de la operación mientras avanzaba la discusión judicial.

A las dudas sobre los impactos sanitarios y ambientales se suma una pregunta sobre el uso de recursos públicos. La información publicada hasta ahora no identifica a la empresa que suministraría el glufosinato ni un contrato específico para su compra. El diario El País informó que adquirir el producto y conseguir los insumos necesarios formaban parte de los trámites pendientes para ejecutar el plan. La ausencia de un proveedor identificado en las fuentes consultadas impide establecer el costo de la adquisición, las condiciones de compra y quién recibiría esos recursos.

El Gobierno presenta el piloto como una prueba limitada para obtener evidencia sobre una herramienta de erradicación. Sin embargo, la falta del concepto sanitario del INS, los riesgos de dispersión del herbicida y la suspensión judicial mantienen en discusión la viabilidad de una estrategia que podría afectar no solo los cultivos ilícitos, sino también el entorno y los medios de vida de las comunidades rurales.