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Proyecto de sometimiento permitiría al Ministerio del Interior contratar directamente bajo reserva

schedule4 min de lectura Hace 3 minutos
Foto: Presidencia

El artículo 19 del proyecto de Ley de Sometimiento del Gobierno de Abelardo De la Espriella propone modificar la Ley 1421 de 2010 para permitir al Ministerio del Interior, bajo la dirección de Rodrigo Lara, contratar directamente bienes y servicios financiados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), sin publicar los documentos del proceso ni estar obligado a recibir varias ofertas, cuando las adquisiciones requieran reserva por razones de seguridad.

La disposición establece que las compras se realizarían en condiciones de mercado y conforme al procedimiento de contratación directa previsto en el Decreto 1082 de 2015. En términos administrativos, la medida permitiría seleccionar proveedores sin exigir varias ofertas y restringir la publicación de los documentos contractuales en los casos cobijados por la reserva. Esto plantea interrogantes sobre la trazabilidad de las adquisiciones, la verificación de los precios y las condiciones para ejercer control sobre el gasto público.

La representante a la Cámara Ana Erazo cuestionó que esta facultad se incluya en una iniciativa cuyo propósito central es regular el sometimiento a la justicia de integrantes de organizaciones criminales. La congresista pidió al ministro Rodrigo Lara explicar qué bienes se pretende adquirir, de qué países procederían y por qué el Ministerio del Interior necesita atribuciones de contratación reservada similares a las utilizadas en el sector Defensa.

“¿Qué tiene que ver una ley de convivencia con que a usted le entreguen facultades para contratar elementos de seguridad con recursos del FONSECON, bajo reserva, sin pasar por un proceso de contratación pública y sin que se pueda hacer seguimiento y control?”, cuestionó Erazo.

El senador Ariel Ávila también señaló la contratación directa y sin publicidad como uno de los puntos problemáticos del proyecto. En su intervención advirtió sobre los riesgos de ampliar estas facultades sin establecer, a su juicio, garantías suficientes de transparencia y vigilancia sobre los recursos públicos.

La ponencia para primer debate modificó la propuesta original y restringió la contratación reservada financiada con recursos del FONSECON a proyectos de la Fuerza Pública, además de incorporar la obligación de cumplir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta diferencia entre el texto original y la ponencia es relevante para determinar el alcance de la facultad que finalmente podría aprobar el Congreso.