Iniciativa busca frenar contrato del gobierno Petro para comprar 17 aviones Gripen
Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca suspender la ejecución del contrato para adquirir 17 aviones de combate Gripen E/F, suscrito en noviembre de 2025 entre el Gobierno de Gustavo Petro y la empresa sueca Saab. La operación tiene un valor de 3.100 millones de euros y contempla 15 aeronaves Gripen E y dos Gripen F, además de armamento, equipos, entrenamiento y servicios.
El recurso fue presentado por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia, el Dapre, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. La acción solicita suspender desembolsos, giros, vigencias futuras y demás actuaciones relacionadas con el contrato mientras las entidades explican el mecanismo de financiación, el costo financiero total y los intereses proyectados.
La controversia también alcanza las condiciones bajo las cuales se estructuró la compra. El demandante afirma que solicitó información sobre el cronograma de pagos, estudios de costo-beneficio, documentos contractuales y soportes relacionados con el aval fiscal del Confis y el Conpes 4155. La FAC y el Ministerio de Defensa han alegado reserva por razones de defensa y seguridad nacional frente a parte de la documentación solicitada.
La compra de los Gripen tuvo además un componente político dentro del proyecto de defensa impulsado por Petro. El expresidente defendió durante su gobierno la necesidad de avanzar hacia una mayor independencia tecnológica y militar de Colombia. En julio de 2025 afirmó que buscaba una Fuerza Pública “independiente” y planteó que el país debía avanzar no solo en la adquisición de armamento, sino también en la capacidad de producirlo. En ese contexto anunció la compra de los Gripen y señaló que Colombia adquiriría armamento de diferentes países.
La decisión también significó escoger una alternativa distinta a los F-16 estadounidenses y al Rafale francés que habían sido considerados para reemplazar la flota de Kfir. Al anunciar la compra, Petro defendió los Gripen frente a los F-16 que, según dijo, eran ofrecidos de segunda mano, y destacó que los aviones suecos serían nuevos e incluirían transferencia tecnológica.
El vínculo con Brasil fue otro elemento destacado por el entonces Gobierno. Petro había señalado que el Gripen era una aeronave “ya implementada en Brasil”. El país vecino adquirió 36 unidades y desarrolló con Saab un programa de transferencia tecnológica y participación de su industria aeronáutica. Actualmente Brasil produce parte de los Gripen E en asociación con Embraer y participa en el desarrollo del Gripen F.
Así, la acción judicial no solo pone en discusión la ejecución presupuestal de una de las mayores compras militares recientes del país, sino también una decisión estratégica adoptada durante el Gobierno Petro para renovar la capacidad de combate aéreo de Colombia y reducir la dependencia de una única procedencia tecnológica.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá determinar ahora si concede la medida cautelar solicitada y si existen razones para suspender provisionalmente la ejecución del contrato. La acción popular, por sí misma, no implica que la compra haya sido declarada irregular ni que exista una decisión judicial que cuestione su legalidad.
