Exdirector de la ANT, Juan Felipe Harman denuncia amenazas de muerte tras recuperación de tierras vinculadas a alias “Barbie”

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, denunció presuntas amenazas de muerte y hostigamientos contra su vida, que relacionó con los procedimientos de recuperación de predios rurales atribuidos a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como alias ‘Comandante Barbie’, señalado por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. El exfuncionario aseguró que los hechos también ponen en riesgo a dirigentes sociales y organizaciones campesinas que participan en la ocupación y explotación de las tierras recuperadas por el Estado.
Durante una intervención pública, Harman anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra alias ‘Barbie’ para que se investiguen las amenazas y los hostigamientos. También anunció que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de proteger tanto a las organizaciones campesinas beneficiarias de los predios como a los funcionarios que participaron en los procedimientos de recuperación.
Según Harman, las intimidaciones se estarían produciendo en medio de las presiones para recuperar terrenos que fueron entregados a familias campesinas sin tierra. El exdirector afirmó que, de acuerdo con testimonios recopilados para una denuncia ante la Fiscalía, existiría una presunta recolección de dinero destinada a atentar contra dirigentes sociales y exfuncionarios relacionados con estos procesos. Entre las personas que, según indicó, estarían en riesgo, mencionó su propio nombre.
“Es el mejor amigo del señor Abelardo de la Espriella quien nos está amenazando de muerte”, sostuvo Harman, al vincular sus señalamientos contra alias ‘Barbie’ con el presidente de la República. Esta relación fue planteada por el exfuncionario como parte de su denuncia pública y deberá ser materia de investigación por las autoridades.
La controversia se concentra, entre otros, en los predios La Alquería y Caja de Ahorros, ubicados en zona rural de Valledupar, Cesar. El 25 de mayo de 2026, la ANT informó que había recuperado ambas propiedades, que suman 606 hectáreas y que, de acuerdo con la entidad, estaban en manos de Rodríguez Fuentes. La recuperación se presentó como parte de las actuaciones estatales para disponer de tierras destinadas al campesinado.
Harman advirtió que, después de estos procedimientos, se habrían presentado presiones para que las comunidades abandonen los terrenos. Según su relato, hombres armados habrían llegado a las fincas para anunciar que buscarían recuperar las propiedades y amenazar a quienes participan en los procesos agrarios. El exdirector pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras entidades responsables de la protección de los derechos humanos.
La denuncia coincide con los señalamientos de Iván Cepeda
Las declaraciones de Harman se producen en medio del debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, realizado en el Senado el 27 de octubre. Durante la sesión, el senador Iván Cepeda cuestionó la política de tierras del Gobierno de Abelardo de la Espriella y anunció acciones judiciales relacionadas con presuntos vínculos entre el mandatario y personas señaladas por sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Cepeda afirmó que De la Espriella adquirió en 2013 la hacienda Nueva Jerusalén, en el Cesar, mediante una compraventa con Martha Lucía Rodríguez Fuentes, hermana de alias ‘Comandante Barbie’. Según los documentos que expuso el senador, la operación se registró por 680 millones de pesos. El congresista anunció que llevará estos señalamientos ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen los hechos.
El senador también cuestionó las actuaciones del Ministerio de Agricultura frente a la redistribución de tierras y anunció acciones contra Dangond por presuntas irregularidades relacionadas con la política agraria. Durante el debate, sostuvo que las decisiones de la actual administración estarían frenando procesos de acceso a tierras para campesinos y favoreciendo intereses contrarios a la reforma agraria.
Las denuncias de Harman y Cepeda confluyen en un mismo escenario: la disputa por la propiedad y el uso de predios rurales, la protección de las comunidades campesinas beneficiarias y las actuaciones estatales frente a bienes vinculados con personas señaladas de participar o promover estructuras armadas ilegales.
Harman insistió en que las amenazas denunciadas requieren una respuesta institucional urgente y pidió garantías para quienes participaron en la recuperación de los terrenos. La Fiscalía deberá establecer el origen de las intimidaciones, identificar a los posibles responsables y determinar si existe una relación entre los hechos denunciados y los procesos de recuperación de tierras.
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