Gobierno de De la Espriella revoca medida de protección heredada del Gobierno Petro para el páramo de Santurbán
El Gobierno de Abelardo de la Espriella revocó la medida con la que la administración de Gustavo Petro había extendido hasta marzo de 2029 la reserva temporal de recursos naturales renovables en un sector de Santurbán. La decisión, adoptada mediante la Resolución 1277 del 28 de septiembre, deja nuevamente el área bajo las reglas de 2025 y reduce el periodo de protección temporal que había sido ampliado apenas en agosto.
Aunque la resolución no elimina todas las figuras de protección existentes en Santurbán, sí retira la prórroga que mantenía bajo reserva temporal 73.432,42 hectáreas hasta 2029. Con el cambio, vuelve a regir el plazo establecido originalmente, cuyo vencimiento está previsto para marzo de 2027. También pierden vigencia las modificaciones de área y cartografía incorporadas por el Gobierno Petro en agosto.
Para el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, el problema va más allá de una modificación administrativa. La organización sostiene que esta es la tercera decisión de protección ambiental relacionada con el territorio que el Gobierno de De la Espriella deja sin efecto en sus primeros meses y advierte que el resultado acumulado es un debilitamiento de las barreras que buscaban mantener a raya nuevas presiones sobre el ecosistema. “En menos de dos meses de su mandato ha tumbado tres resoluciones que protegían el agua de 2,5 millones de colombianos y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán”, afirmó el colectivo.
La preocupación tiene un componente concreto, el futuro de la actividad minera en Soto Norte. El Comité ha advertido que Aris Mining podría presentar el próximo año una solicitud de licencia ambiental y considera que la reducción del plazo de la reserva temporal aumenta la incertidumbre sobre las condiciones en las que podría avanzar ese tipo de proyectos. La posibilidad de una futura solicitud corresponde a la advertencia formulada por la organización y no significa que actualmente exista una licencia ambiental aprobada.
Santurbán concentra desde hace años una disputa entre la protección de las fuentes de agua, las comunidades que defienden el ecosistema y los intereses mineros de la región. El macizo abastece de agua a más de dos millones de personas de Santander y Norte de Santander y, al mismo tiempo, contiene importantes depósitos minerales. Esa combinación explica por qué cada cambio en el régimen de protección tiene consecuencias que trascienden el trámite administrativo.
La decisión del Gobierno también adquiere mayor relevancia por el rumbo que la administración ha comenzado a plantear en materia energética. El 26 de septiembre, apenas dos días antes de la resolución sobre Santurbán, De la Espriella anunció que su Gobierno reactivará plenamente la exploración de petróleo y gas y permitirá nuevos contratos de hidrocarburos, incluido el fracking.
La coincidencia entre ambos anuncios alimenta la preocupación de organizaciones ambientalistas sobre el rumbo de la política del Gobierno frente a los recursos naturales, mientras en Santurbán se reduce una protección temporal que había sido ampliada hasta 2029, la administración anuncia una apertura mayor a la exploración de hidrocarburos y al fracking. Son decisiones sobre sectores distintos y no constituyen por sí mismas una relación jurídica entre ambos asuntos, pero forman parte de un mismo debate político sobre las prioridades ambientales y extractivas del nuevo Gobierno.
El Comité Santurbán reclama ahora que el Gobierno avance en una protección definitiva y que someta a consulta pública la propuesta correspondiente. La organización estableció el 13 de noviembre como fecha límite y anunció que, si no se produce esa actuación, convocará movilizaciones hacia Bogotá.
La disputa, por tanto, no termina con la Resolución 1277. El Gobierno sostiene jurídicamente que la Resolución 0970 podía ser revocada y devuelve el proceso al marco de 2025; las organizaciones ambientales advierten que el retiro de la prórroga deja al territorio con un horizonte de protección más corto justo cuando aumentan las expectativas sobre nuevos proyectos extractivos.
