Gobierno de De la Espriella frena compra de tierras para campesinos
A menos de dos meses de iniciado el Gobierno de Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Agricultura anunció que en 2027 no destinará recursos para comprar nuevas tierras destinadas a la reforma agraria. La decisión marca un giro frente a la política que durante la administración de Gustavo Petro convirtió la adquisición, recuperación, formalización y entrega de predios a campesinos y víctimas en uno de los principales ejes del sector rural.
El anuncio fue hecho por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 en las comisiones económicas del Congreso. El funcionario aseguró que la cartera no comprará “ni una sola hectárea” el próximo año y anunció además que quedarán congelados, mientras se realizan auditorías, $1,4 billones correspondientes a predios adquiridos durante el Gobierno anterior.
Dangond sostuvo que la revisión obedece a cuestionamientos encontrados en una primera muestra de entre 15 y 20 operaciones, en las que, según afirmó, se habrían identificado precios de compra superiores a los del mercado. El ministro dijo que las auditorías se extenderán hasta diciembre y que no se desembolsará el dinero pendiente hasta verificar las operaciones. También planteó que en la revisión participen la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.
El anuncio supone detener una política que tuvo una expansión importante durante el Gobierno Petro. La Agencia Nacional de Tierras reportó al cierre de esa administración que 831.323 hectáreas habían ingresado al Fondo de Tierras, cerca de 382.000 habían sido entregadas al campesinado y más de 2,4 millones habían sido formalizadas para familias rurales, campesinas, víctimas y comunidades étnicas. La entidad también registró 276.510 hectáreas adquiridas mediante compra directa, venta voluntaria y mecanismos articulados con la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo para la Reparación de las Víctimas.
La política no se limitó a la compra de predios. La Unidad de Restitución de Tierras reportó que durante el Gobierno Petro se avanzó en 372.576 hectáreas identificadas en sentencias de restitución y que 330.338 hectáreas habían sido entregadas, equivalente al 52 % del avance histórico de esta última categoría. La restitución permitió devolver predios a víctimas del despojo y abandono forzado y recuperar territorios para comunidades campesinas y étnicas.
La ANT también reportó resultados en la recuperación de tierras que habían estado en manos de estructuras ilegales. Al finalizar el Gobierno anterior señaló que 337.846 hectáreas habían sido recuperadas mediante procesos agrarios y que una parte de esos terrenos pasó a ser destinada a campesinos, víctimas y comunidades étnicas. En algunos casos, como el Cesar, la entidad informó específicamente sobre la recuperación de predios que habían estado en manos del narcotráfico o del paramilitarismo y su posterior entrega a comunidades rurales.
Dangond cuestionó la dimensión de las compras realizadas durante la administración anterior. Según sus cifras, de una meta de tres millones de hectáreas se adquirieron alrededor de 350.000 por $3,9 billones y quedaron pendientes de pago otros $1,4 billones. El ministro sostuvo que algunos predios fueron adquiridos y adjudicados sin que estuviera culminado su registro y anunció que esos procesos serán revisados antes de efectuar los desembolsos pendientes.
El freno a la compra de tierras hace parte de un ajuste presupuestal más amplio. El ministro anunció que el presupuesto del sector agropecuario se reducirá 32 % en 2027 y que no serán renovados 10.000 contratos de prestación de servicios, cuyo costo calculó en unos $540.000 millones. Dangond aseguró que el propósito es disminuir el gasto de funcionamiento y trasladar recursos hacia inversión y programas para productores.
La cartera plantea sustituir parte del esfuerzo fiscal de la política agraria por mecanismos de financiación. Dangond señaló que buscará ampliar el crédito agropecuario a plazos de entre 10 y 15 años y utilizar subsidios de tasa para movilizar recursos adicionales del sistema financiero. Según su cálculo, $100.000 millones en subsidios podrían apalancar hasta $800.000 millones en crédito.
El cambio también implica una redefinición del lenguaje y de la orientación de la política rural. El ministro ha planteado reemplazar la denominación de campesinos por la de “pequeños empresarios del campo” y ha insistido en que su prioridad será reducir burocracia y aumentar la inversión productiva.
La decisión sobre las tierras llega, además, cuando todavía están pendientes procesos derivados de la política anterior. Dangond señaló que existen obligaciones por $1,4 billones y que más de 35.000 pequeños productores tendrían títulos provisionales sobre predios que todavía enfrentan litigios, según la información presentada por el Ministerio ante el Congreso.
Así, el Gobierno de De la Espriella no solo congela nuevas compras de tierras para 2027. También somete a revisión parte de las operaciones realizadas durante el Gobierno Petro y plantea trasladar el énfasis de la política agraria desde la adquisición de predios hacia el crédito, la mecanización, el riego y la financiación de productores.
