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Gobierno de De la Espriella deroga protección de 15.839 hectáreas para producir alimentos en Cundinamarca

schedule5 min de lectura Hace 1 mes
Foto: Ministerio de agricultura

El Ministerio de Agricultura derogó las resoluciones mediante las cuales habían sido declaradas 15.839 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, en cinco municipios de Cundinamarca. La decisión, adoptada por el ministro Indalecio Dangond Baquero, afecta áreas ubicadas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en la provincia de Sabana Centro.

La derogatoria dejó sin efecto las resoluciones 507 de 2023, 000266 y 000393 de 2025 y 000116, 000153 y 000218 de 2026, que habían establecido las áreas destinadas a proteger suelos considerados estratégicos para la producción agropecuaria. La medida fue anunciada este 5 de octubre en la Gobernación de Cundinamarca y contó con la presencia, entre otros funcionarios, del alcalde de Nemocón, Cristian Camilo Carrillo, y del secretario de Agrocampesinado del departamento, Marcos Alberto Barreto.

La decisión representa un cambio frente a la política desarrollada durante el Gobierno de Gustavo Petro, que utilizó las APPA como instrumento de ordenamiento para proteger suelos rurales frente a otros usos. En Cundinamarca, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura había declarado 1.951 hectáreas de Sopó como APPA en 2025 y, en junio de 2026, estableció otras 5.703 hectáreas en Tenjo.

Las APPA fueron concebidas como una figura para proteger suelos con vocación agropecuaria y orientar el ordenamiento territorial hacia la producción de alimentos. En marzo de 2026, la UPRA reportaba 197.718 hectáreas declaradas bajo esta figura en 31 municipios de Tolima, Antioquia, La Guajira y Cundinamarca.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene una posición diferente frente a este mecanismo. Durante el anuncio, el ministro Dangond afirmó que las APPA limitaban las funciones de las autoridades municipales sobre el ordenamiento de sus territorios y defendió que las decisiones sobre uso del suelo y producción agropecuaria deben articularse con los planes de ordenamiento territorial de cada municipio.

“No podemos permitir que desde Bogotá se les diga a los productores rurales qué cultivar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo”, afirmó el ministro, al justificar la derogatoria.

La medida en Cundinamarca se produce pocos días después de otra decisión del Ministerio de Agricultura que dejó sin efecto las APPA de ocho municipios del sur de La Guajira. En ese caso, el Gobierno también argumentó que las áreas presentaban dificultades técnicas y jurídicas y que la figura restringía competencias territoriales. La decisión fue presentada como el cumplimiento de una de las promesas de campaña de De la Espriella.

El caso de Cundinamarca ya había sido objeto de revisión antes de la derogatoria definitiva. Un proyecto de resolución divulgado en septiembre planteaba dejar sin efecto las cinco APPA de Sabana Centro después de una revisión de la UPRA que, según ese documento, había identificado inconsistencias técnicas, cartográficas y regulatorias en aspectos relacionados con la información utilizada, la delimitación, los usos del suelo y el modelo de aptitud productiva.

La controversia también alcanzó al expresidente Gustavo Petro. Tras las decisiones adoptadas por el Gobierno, Petro llamó a una movilización en defensa del agua y relacionó la discusión sobre las tierras protegidas en La Guajira con el futuro de los recursos hídricos y de la producción de alimentos en esa región.

En su pronunciamiento, Petro sostuvo que detrás de la discusión sobre el cambio de cultivos en el sur de La Guajira existe un riesgo mayor relacionado con proyectos de exploración y explotación minera. El expresidente afirmó que existen yacimientos de cobre y plata en la región y advirtió sobre la posibilidad de actividades mineras a cielo abierto en zonas actualmente utilizadas para la agricultura y relacionadas con fuentes de agua.

Petro puso como ejemplo el arroyo Bruno, en el área de influencia de El Cerrejón, y sostuvo que la expansión de actividades mineras podría afectar el agua, los suelos fértiles y la producción de alimentos. A partir de esos argumentos, convocó a indígenas, comunidades afrocolombianas, jóvenes, movimientos sociales y sectores políticos a una movilización en defensa del agua.

Sus afirmaciones se producen en medio de una discusión más amplia sobre el destino de las tierras agrícolas de La Guajira. La decisión sobre las APPA de Cundinamarca, aunque corresponde a otro territorio, amplía el alcance nacional de la controversia sobre el modelo de ordenamiento rural que adoptará el Gobierno de De la Espriella.

La diferencia entre ambos enfoques está en el papel que debe cumplir la Nación frente al ordenamiento de los suelos rurales. Mientras la política anterior utilizó las APPA para establecer áreas destinadas a proteger la producción de alimentos, el actual Ministerio de Agricultura sostiene que esas determinaciones deben dar mayor margen de decisión a alcaldías y autoridades territoriales.

Con la derogatoria de las resoluciones, las 15.839 hectáreas de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio dejan de estar bajo las determinaciones específicas que les otorgaba la figura APPA. El debate que queda abierto es cómo se garantizará, bajo el nuevo enfoque territorial, la protección de los suelos destinados a la producción de alimentos frente a otros usos del territorio.