Procuraduría alerta por manejo de recursos del terremoto mientras el Fondo Milagro sigue sin operar
A pocos días de cumplirse dos meses del terremoto del 10 de agosto, la Procuraduría General de la Nación volvió a poner bajo vigilancia la respuesta del Gobierno nacional frente a los damnificados y el manejo de los recursos destinados a atender la emergencia. El Ministerio Público advirtió que persisten barreras para que las ayudas lleguen a las familias afectadas y pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, adoptar medidas para corregirlas.
Tras realizar visitas a Risaralda, Quindío y Caldas y reunirse con autoridades territoriales, la Procuraduría encontró que el cierre del Registro Único de Damnificados dejó por fuera a familias afectadas, particularmente en zonas de ruralidad dispersa y territorios étnicos. También encontró que las plataformas no permiten actualizar adecuadamente la condición de las viviendas después de las evaluaciones técnicas ni incorporar daños ocasionados por las réplicas.
A esto se suma que autoridades territoriales reportaron que los auxilios económicos asignados todavía no han llegado a todas las familias y que su distribución entre municipios no ha sido homogénea. La Procuraduría también identificó dificultades por falta de ingenieros estructurales y maquinaria para realizar evaluaciones, demoliciones y retiro de escombros.
La situación adquiere mayor relevancia cuando el país se acerca a los dos meses del desastre y todavía continúan apareciendo nuevas afectaciones. En Cali, por ejemplo, la Alcaldía informó que ya son 60 las edificaciones identificadas para demolición después de las evaluaciones realizadas a más de 4.000 de los 14.000 inmuebles que deben ser inspeccionados. De esas estructuras, 36 cuentan con aprobación para ser demolidas y otras 24 permanecen pendientes de autorización. Tres ya fueron intervenidas.
En este escenario también permanece abierta la discusión sobre el Fondo Milagro, creado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre para centralizar recursos destinados a la asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas.
El problema es que, casi dos meses después del terremoto, el Fondo todavía no había comenzado a operar. Un reporte publicado esta semana señala que el patrimonio autónomo continuaba pendiente de constitución y que recursos destinados a la emergencia permanecían bajo administración del Ministerio de Hacienda.
La Procuraduría ya había advertido desde septiembre que vigilaría específicamente la contratación y los recursos destinados a la emergencia, incluida la denominada Subcuenta Sismo 2026, con el propósito de verificar que fueran administrados de manera transparente y llegaran a las comunidades afectadas.
Ahora el Ministerio Público pide a la UNGRD abrir de manera extraordinaria y condicionada el registro de damnificados y la evaluación de daños, permitir la actualización de la clasificación de las viviendas, incorporar los daños provocados por las réplicas y acelerar la entrega de los auxilios económicos. También reclamó mayor coordinación para disponer de ingenieros y maquinaria y garantizar atención con enfoque diferencial para las comunidades étnicas.
La emergencia, por tanto, no se limita ya a la magnitud de los daños provocados por el terremoto. Mientras en los territorios todavía se actualiza el número de viviendas afectadas y edificaciones que representan riesgo, los organismos de control mantienen la vigilancia sobre la respuesta institucional y la administración de los recursos destinados a la reconstrucción.
El Gobierno creó el Fondo Milagro como su principal mecanismo para concentrar y financiar esa reconstrucción. Sin embargo, la persistencia de dificultades en la atención de los damnificados y la demora en poner plenamente en funcionamiento ese mecanismo mantienen abierta la pregunta sobre la capacidad institucional para convertir los anuncios de reconstrucción en recursos y ayudas efectivamente disponibles para las víctimas.
