Por tercera vez, Eva Ferrer no asistió a la Fiscalía por señalamientos contra Verónica Alcocer

La Fiscalía General de la Nación volvió a quedarse sin el testimonio de Eva Ferrer, exconsejera del Gobierno de Gustavo Petro y antigua amiga de Verónica Alcocer. La española no asistió a la diligencia programada para el miércoles 14 de octubre en Bogotá, en la que debía ampliar sus declaraciones sobre presuntas actividades ilegales que atribuyó a la exprimera dama. Su abogado, Jhony Batalla, aseguró que su clienta salió de Colombia tras recibir amenazas de muerte y condicionó su comparecencia a que se definan garantías de seguridad.

Esta fue la tercera convocatoria sin que Ferrer rindiera declaración. La primera diligencia estaba prevista para el 19 de agosto, pero fue reprogramada para el 27 del mismo mes, fecha en la que tampoco compareció. Posteriormente, la Fiscalía la citó para el 29 de septiembre y nuevamente no acudió. La nueva ausencia ocurre después de que la exfuncionaria difundiera acusaciones de mayor alcance contra Alcocer en una entrevista con la revista Semana, publicada el 10 de octubre.

Batalla acudió a la sede de la Fiscalía para solicitar que se definan las medidas de protección antes de una nueva citación. El abogado sostuvo que no se trata de una negativa de su representada a colaborar con la investigación, sino de la necesidad de conocer las condiciones de seguridad que tendría si regresa al país y declara ante los investigadores. Según su versión, Ferrer está dispuesta a entregar su testimonio y las evidencias que asegura tener en Colombia, Estados Unidos o ante las autoridades que las soliciten.

El abogado insistió en que su clienta y su familia han recibido amenazas de muerte después de que sus declaraciones se hicieran públicas. Por esa razón, pidió a la Fiscalía precisar qué garantías puede ofrecerle. Hasta ahora, la comparecencia continúa pendiente y no se ha informado públicamente una nueva fecha para recibir su testimonio.

Las acusaciones que motivan la diligencia se relacionan con presuntos hechos ocurridos durante el Gobierno de Petro. En su entrevista con Semana, Ferrer afirmó que durante un viaje oficial a Venezuela, en enero de 2023, el avión en el que se desplazaba Alcocer habría regresado supuestamente a Colombia con 2,5 millones de dólares. También aseguró que existirían fotografías de la exprimera dama descendiendo de una aeronave con maletas que, según su versión, contendrían droga. Estas afirmaciones no constituyen hechos judicialmente probados y forman parte de los señalamientos que las autoridades deben examinar.

Alcocer negó las acusaciones y ha sostenido que sus desplazamientos a Venezuela correspondieron a actividades oficiales. La exprimera dama también acudió a la Fiscalía mediante un derecho de petición para solicitar información sobre la investigación y pedir que se esclarezcan los señalamientos en su contra. El empresario catalán Manel Grau, mencionado por Ferrer en sus declaraciones, anunció acciones legales por injuria y calumnia.

El caso se suma a una investigación que comenzó tras la divulgación, en agosto, de audios atribuidos a Ferrer en los que hablaba de una presunta red de funcionarios y personas cercanas a Alcocer. La Dirección Especializada contra la Corrupción abrió actuaciones para verificar esas afirmaciones y la Fiscalía anunció que incorporaría al expediente el análisis de las nuevas declaraciones públicas.

La Procuraduría también adelanta actuaciones relacionadas con los presuntos hechos mencionados por Ferrer y citó a varias personas para rendir declaración bajo juramento. Sin embargo, la falta de comparecencia de la exconsejera mantiene pendiente una pieza central para contrastar directamente su versión y conocer los elementos que afirma tener.

La controversia tiene dos asuntos aún sin resolver. Por un lado, las autoridades deben establecer si las acusaciones formuladas contra Alcocer tienen sustento. Por otro, la defensa de Ferrer exige garantías para que pueda declarar. Mientras no se reciba su testimonio ni se examinen las pruebas que dice poseer, las afirmaciones divulgadas públicamente continúan bajo investigación.