Ministra de educación busca derogar política de educación sexual y reproductiva en Colombia

El Ministerio de Educación solicitó a la Presidencia de Abelardo De la Espriella revisar y adoptar medidas para derogar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, aprobada mediante la Resolución 1350 de 2026 durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.

En un oficio fechado el 21 de septiembre y firmado por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, la entidad pidió al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González, tomar “acciones urgentes” para revisar la normativa y contener sus efectos mientras se define su continuidad.

La política involucra a los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Cultura, y contempla la incorporación transversal de contenidos sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos en los planes de estudio, los proyectos educativos institucionales, las prácticas pedagógicas y la formación docente. Su horizonte de implementación se extiende hasta 2035.

La solicitud profundiza el giro del Gobierno de De la Espriella frente a las políticas de educación sexual. La exministra Viviane Morales ya había anticipado esta iniciativa al defender la necesidad de “erradicar la ideología de género” de los colegios y reclamar mayor intervención de los padres en la formación de sus hijos.

En el oficio, el Ministerio sostiene que la resolución no es únicamente un instrumento de coordinación entre entidades, sino que incorpora una determinada concepción sobre sexualidad, género y derechos reproductivos, con disposiciones que inciden directamente en los contenidos educativos. También plantea cuestionamientos sobre la autonomía escolar y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.

Entre sus argumentos jurídicos, la cartera cuestiona la facultad legal para establecer obligaciones curriculares mediante una resolución administrativa, la proyección de compromisos hasta 2035 y la ausencia de una identificación suficiente de recursos, fuentes de financiación y competencias de gasto. Con base en estas objeciones, pidió una revisión inmediata del acto administrativo con participación de los cuatro ministerios involucrados.

Además, solicitó que la Presidencia expida una directiva para suspender la implementación de medidas relacionadas con la política mientras se adelanta la revisión, así como un informe sobre las acciones que ya se hayan ejecutado.

La iniciativa se suma a la postura expresada por el Gobierno colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a comienzos de octubre, cuando el representante del país afirmó que Colombia se disociaba de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”.

La posible derogación abre una nueva disputa sobre el alcance de la educación sexual en los colegios y el papel del Estado en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas han destacado la importancia de la educación integral en sexualidad, entre otras razones, por su aporte a la prevención de abusos sexuales y a la formación de niños, niñas y adolescentes.