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Registraduría entregó a dedo millonarios contratos a medios como RCN, Caracol y Revista Semana

schedule3 min de lectura Hace 21 horas
Foto: Registraduría

La senadora Sandra Chindoy reveló contratos por $36.872 millones suscritos por la Registraduría Nacional del Estado Civil con 17 empresas y medios de comunicación para desarrollar estrategias integrales de divulgación institucional durante 2025 y 2026, periodo que comprende las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República.

Entre los beneficiarios aparecen Caracol Televisión y Caracol Radio, con contratos por $4.000 millones cada uno; Casa Editorial El Tiempo, con $3.000 millones; RCN Radio y RCN Televisión, con $2.000 millones y $2.000 millones, respectivamente; y Publicaciones Semana, con $2.000 millones. La lista también incluye a Telepacífico, Teleantioquia, Telecaribe, Canal Institucional y otros medios y empresas de comunicación.

La información divulgada incluye contratos por diferentes cuantías que, en conjunto, alcanzan los $36.872 millones. Según el cuadro presentado, los recursos corresponden a estrategias integrales de medios de la Registraduría para las vigencias 2025 y 2026.

La revelación abre un debate sobre la distribución de los recursos públicos destinados a la comunicación institucional en un periodo electoral. La concentración de contratos en medios de alcance nacional plantea interrogantes sobre los criterios de selección de los contratistas, la participación de medios regionales, comunitarios e independientes y las condiciones de acceso a estos recursos.

Chindoy cuestionó la contratación y anunció que denunciará al registrador ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos y posibles incumplimientos de los requisitos legales. La denuncia busca que los organismos de control examinen los procedimientos utilizados, la justificación de la modalidad de contratación y la selección de los beneficiarios.

La controversia también pone sobre la mesa el papel de los medios públicos, entre ellos RTVC, en la divulgación de información electoral financiada con recursos estatales. El debate se centra en determinar qué criterios orientaron la distribución de la pauta institucional y cómo se garantizó la pluralidad en la contratación.

Por tratarse de recursos públicos destinados a comunicar información relacionada con las elecciones, la transparencia de los contratos y la trazabilidad de los pagos resultan fundamentales para establecer si la contratación respondió a necesidades institucionales y si se respetaron los principios de la gestión pública.

La denuncia de la senadora pone ahora la lupa sobre una contratación millonaria de la Registraduría y plantea la necesidad de esclarecer los criterios que definieron quiénes recibieron los recursos públicos durante el ciclo electoral de 2026.