Investigación revela que agente encubierto de la Fiscalía habría promovido actos violentos en universidades públicas de Bogotá
Un agente encubierto de la Fiscalía General de la Nación habría asumido el liderazgo de un grupo de jóvenes vinculados a manifestaciones en tres universidades públicas de Bogotá, coordinado acciones violentas, suministrado explosivos y promovido enfrentamientos con la Policía. Así lo revela una investigación de Revista RAYA, que reconstruyó durante cerca de un año las actuaciones del infiltrado mediante documentos judiciales, fotografías, videos, audios y testimonios de personas que participaron en los hechos.
La investigación señala a un agente conocido con los alias de ‘Rojo’ o ‘21’. Según los documentos judiciales consultados por RAYA, en marzo de 2024 se convirtió en fuente de la Fiscalía y en julio de ese mismo año comenzó a actuar como agente encubierto. Su operación se habría extendido entre julio de 2024 y agosto de 2025, periodo durante el cual habría participado en al menos 18 hechos violentos relacionados con manifestaciones en la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital.
El reportaje sostiene que su intervención no se limitaba a observar, documentar y recopilar información sobre las actividades del grupo denominado PPP, sigla de Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo. Por el contrario, habría convocado a los jóvenes, coordinado las acciones y proporcionado los materiales para fabricar artefactos explosivos e incendiarios.
Uno de los testimonios presentados por RAYA corresponde a un joven que permanece privado de la libertad y que describe cómo funcionaba esa relación. Según su relato, ‘Rojo’ era quien convocaba a los participantes, les informaba en qué universidad se realizarían las acciones y les aseguraba que ya tenía preparada la pólvora, la gasolina y los demás materiales.
Entre los episodios documentados aparece el ataque contra una patrulla de la Policía Antinarcóticos, ocurrido el 25 de julio de 2024 en inmediaciones de la Universidad Nacional, y un ataque contra un bus del Sistema Integrado de Transporte Público durante protestas en la sede Bosa de la Universidad Distrital, en agosto de ese año.
RAYA también presentó un video del 6 de junio de 2025 en el que, según su reconstrucción, se observa al agente preparando explosivos dentro de la Universidad Nacional, entregándolos a jóvenes y trasladándolos dentro del campus. En otras imágenes se le vería participando en las manifestaciones y provocando a los uniformados que se encontraban en el lugar.
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es que el agente habría desarrollado estas actividades bajo supervisión de la Policía Nacional. Según un registro judicial reproducido por RAYA, el 25 de julio de 2024 investigadores de la Sijín acompañaron la operación y proporcionaron al infiltrado un dispositivo de grabación oculto en un reloj. Los documentos describen cómo los funcionarios se ubicaron estratégicamente frente a la Universidad Nacional mientras el agente ingresaba al campus para desarrollar sus actividades encubiertas.
Esto abre interrogantes sobre el conocimiento que tenían los responsables de supervisar la operación acerca de las acciones del infiltrado, los materiales que suministraba y su participación en la organización de los hechos violentos.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 11 de septiembre de 2025, cuando una explosión al interior de la Universidad Nacional dejó a un joven con la pérdida de tres dedos de su mano izquierda. RAYA sostiene que el agente también participaba en la preparación de los artefactos y que, después de la detonación, habría impedido que el joven recibiera atención médica oportuna. El reportaje señala, además, que ‘Rojo’ sufrió quemaduras en cerca del 30 % de su cuerpo y tuvo que ser trasladado a una clínica.
La investigación también reconstruye la relación personal que el infiltrado habría establecido con los jóvenes y sus familias. Según los testimonios recogidos, participaba en reuniones familiares, ofrecía acompañamiento y se presentaba como una persona cercana a los integrantes del grupo. Una de las madres entrevistadas manifestó que inicialmente creía que él protegía a los jóvenes cuando eran afectados durante las manifestaciones.
El caso tiene un antecedente judicial importante. Entre el 11 y el 12 de diciembre de 2025 fueron capturados once jóvenes señalados por la Fiscalía y la Policía de integrar el grupo PPP y participar en hechos violentos en Bogotá. En ese momento, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la investigación había documentado al menos 28 hechos, mediante más de 4.000 horas de grabaciones, interceptaciones telefónicas, entrevistas, declaraciones y el trabajo de un agente encubierto.
La versión institucional presentada entonces identificaba a alias ‘Salvatore’ como cabecilla del grupo y señalaba a otros integrantes como coordinadores encargados de conseguir y transportar explosivos. La investigación de RAYA introduce un elemento que no había sido expuesto públicamente con ese alcance: el supuesto papel directivo y provocador de un agente de la propia Fiscalía dentro de las acciones investigadas.
A comienzos de noviembre de 2026, el proceso judicial avanzó hacia la presentación de preacuerdos con la mayoría de los once procesados. Sin embargo, durante las audiencias también se conocieron modificaciones importantes en la posición de la Fiscalía. El ente acusador explicó que los elementos probatorios no permitían establecer la existencia de una organización con jerarquía vertical ni de una estructura creada permanentemente para desarrollar actividades terroristas. Por ello, en los preacuerdos se modificó el concierto para delinquir con fines de terrorismo por concierto para delinquir simple. Los acuerdos todavía debían someterse al control judicial correspondiente.
Los límites legales de un agente encubierto
La denuncia periodística adquiere especial relevancia frente a las normas que regulan las operaciones encubiertas en Colombia. El artículo 242 de la Ley 906 de 2004 permite que funcionarios de Policía Judicial o particulares actúen bajo identidad encubierta para obtener información y pruebas dentro de investigaciones penales, siempre que exista autorización de las autoridades competentes y se cumplan los requisitos legales.
Sin embargo, la figura tiene límites expresos. El Manual Único de Policía Judicial establece que un agente puede participar en actividades de planeación, preparación y ejecución de una organización investigada, pero únicamente mediante un papel funcional, no de liderazgo o dirección. También exige que exista un agente de contacto o control encargado de vigilar el cumplimiento de sus funciones.
El mismo manual prohíbe expresamente que el infiltrado provoque o induzca a una persona a cometer una conducta delictiva para la cual no estaba predispuesta. Tampoco puede vulnerar bienes jurídicos superiores a los que son objeto de investigación ni poner en peligro la vida y la integridad de las personas.
La Corte Constitucional reiteró en 2021 que las operaciones encubiertas deben servir para comprobar la comisión de delitos y no para estimularlos. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP2708-2022, también señaló que la provocación de conductas delictivas por parte de agentes estatales no está permitida dentro del ordenamiento colombiano.
Otro elemento que requiere revisión es la duración de la operación. Según RAYA, el agente habría actuado entre julio de 2024 y agosto de 2025. El artículo 242 establece que estas operaciones pueden durar hasta un año y ser prorrogadas por otro año mediante justificación. Por tanto, será necesario establecer si existió una autorización de prórroga y cuáles fueron las condiciones bajo las cuales continuó la operación.
Un proceso judicial bajo cuestionamiento
El caso también recuerda lo ocurrido con seis egresados de la Universidad Pedagógica capturados en 2012 en el denominado caso Lebrija, después de una operación en la que participó un policía de inteligencia infiltrado en su entorno. Los jóvenes fueron acusados de preparar actos terroristas y permanecieron vinculados durante años a un proceso penal, hasta que fueron absueltos en 2022. En ese expediente, la justicia cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía y el papel desempeñado por el agente de inteligencia.
En la investigación de RAYA, el abogado Sebastián Escobar, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, advierte que el uso de agentes encubiertos en escenarios de protesta social no es un fenómeno aislado y recuerda otros procesos en los que se han cuestionado actuaciones de infiltrados en grupos juveniles.
La gravedad de los señalamientos actuales radica en que, si se demuestra que el agente no se limitó a documentar actividades delictivas preexistentes, sino que promovió, organizó o indujo los hechos que después se utilizaron para judicializar a los jóvenes, podrían surgir cuestionamientos sobre la legalidad de la operación, la validez de las pruebas obtenidas y las responsabilidades de los funcionarios encargados de supervisarla.
También será necesario establecer qué conocían los fiscales responsables, qué instrucciones recibió el agente, quiénes integraban su cadena de supervisión y si las autoridades investigaron las actuaciones del propio infiltrado.
La investigación de Revista RAYA no demuestra por sí misma la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados ni determina automáticamente la inocencia de los jóvenes procesados. Sin embargo, presenta documentos, grabaciones y testimonios que plantean un asunto de relevancia institucional: si una operación estatal destinada a investigar hechos violentos terminó participando en su producción, el Estado tendría que responder por el alcance de sus actuaciones y por las consecuencias judiciales que estas generaron.
