Ministro de agricultura expuso como un logro el desmonte de casi un millón de hectáreas que estaban protegidas para producir alimentos

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, celebró este miércoles 11 de noviembre la conclusión del proceso de derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada durante el Gobierno de Gustavo Petro para priorizar la producción agropecuaria en terrenos rurales estratégicos. La decisión deja sin efecto las declaratorias que cobijaban cerca de 998.615 hectáreas distribuidas en 59 municipios de seis departamentos.
“¡Lo dijimos y lo cumplimos! Derogamos las APPA en seis departamentos del país”, publicó el funcionario en sus redes sociales, donde presentó la eliminación de estas áreas como la liberación de casi un millón de hectáreas y utilizó la consigna “Suelo sin restricciones”.
#BoletínDePrensa 🚨 | ¡Lo dijimos y lo cumplimos! 👏🏼 Derogamos las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (#APPA) en seis departamentos del país. 🇨🇴🌱 Casi 1 millón de hectáreas de #SueloSinRestricciones gracias al #CampoMilagro. 🚜 “Esta es una medida absurda que había implementado el anterior Gobierno de querer quitarle las funciones a los alcaldes y las entidades locales. 🏛️ Los dejamos nuevamente para que sean ellos los que decidan cómo hacer los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 📃 y orienten la producción agrícola y pecuaria de sus municipios”, afirmó el ministro Indalecio Dangond. 🗣️
— Min. de Agricultura (@MinAgricultura) November 11, 2026
El proceso concluyó con las decisiones adoptadas en el norte del Tolima y Santander. En el primer departamento se retiró la protección sobre 48.494 hectáreas distribuidas en ocho municipios: Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Líbano, Murillo, Palocabildo y Villahermosa. En Santander, la medida comprende otras 84.663 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí.
Estas decisiones se suman a las derogatorias realizadas previamente en el sur de La Guajira, con 79.782 hectáreas; Sabana Centro de Cundinamarca, con 15.839; el suroeste antioqueño, con 102.802; y Córdoba, donde se habían declarado 667.035 hectáreas. Con ello, el Gobierno de Abelardo De la Espriella completa el desmonte de las seis áreas que habían sido establecidas por la administración anterior.
Las APPA fueron creadas mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. Su propósito era identificar y priorizar los terrenos con mayor aptitud para la producción de alimentos, incorporándolos como determinantes del ordenamiento territorial rural. La figura no implicaba expropiación ni prohibía las actividades agropecuarias; establecía una prioridad para la producción alimentaria frente a otros usos del suelo que pudieran resultar incompatibles, entre ellos determinados proyectos mineros y de expansión urbana.

El ministro Dangond justificó la eliminación de las declaratorias al señalar que presentaban imprecisiones cartográficas, deficiencias en la delimitación, dificultades de articulación con los planes de ordenamiento territorial y problemas de participación de las comunidades. En sus declaraciones calificó las APPA como una “medida absurda” y sostuvo que el Gobierno nacional estaba devolviendo a alcaldes y concejos municipales la capacidad de decidir sobre el ordenamiento rural y la orientación productiva de sus territorios.
Sin embargo, la decisión se produce en un momento particularmente significativo: apenas un día después de que se conociera la Sentencia C-364 de 2026 de la Corte Constitucional, que declaró ajustada a la Constitución la figura de las APPA y estableció condiciones para su implementación. El alto tribunal reconoció la facultad del Ministerio de Agricultura para delimitar terrenos estratégicos para la producción de alimentos, pero determinó que antes de declarar, modificar o eliminar estas áreas debe existir un procedimiento obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales.
La Corte también estableció que los municipios y concejos distritales deben tener la posibilidad de presentar observaciones y propuestas, que deberán ser estudiadas y valoradas por el Ministerio. Además, las decisiones deben considerar los planes de ordenamiento territorial y las particularidades de cada municipio. El fallo no prohibió las derogatorias ni ordenó restablecer automáticamente las áreas eliminadas, pero sí fijó condiciones para que estas decisiones no dependan exclusivamente de la voluntad del Gobierno nacional.
Otro elemento que aumenta la preocupación por el desmonte es la presencia de intereses mineros sobre los territorios que habían sido delimitados como APPA. Una investigación de Radar Agrario, que cruzó los polígonos oficiales de la UPRA con el catastro de la Agencia Nacional de Minería, encontró que entre el 21 de junio y el 29 de octubre de 2026 fueron radicadas 41 nuevas solicitudes mineras con áreas dentro de estas zonas, que abarcan 10.696 hectáreas.
El análisis también identificó 495 solicitudes mineras en trámite que se superponen con 132.373 hectáreas de las antiguas áreas protegidas, además de 120 títulos mineros vigentes que comprenden otras 67.045 hectáreas. Ninguna de las 41 solicitudes presentadas después de la elección presidencial había sido otorgada al momento del corte del estudio.
El caso del norte del Tolima resulta particularmente relevante. De acuerdo con el mismo cruce de información, en los ocho municipios donde el Gobierno acaba de eliminar la protección existen 108 solicitudes mineras en trámite que se superponen con 31.939 hectáreas y 27 títulos mineros que abarcan otras 8.684 hectáreas. En conjunto, los intereses mineros registrados coinciden con cerca del 84 % de las 48.494 hectáreas que comprendía esa APPA.
La investigación también identificó que ocho solicitudes para extraer oro fueron presentadas en el suroeste antioqueño el 22 de junio, un día después de la segunda vuelta presidencial. Posteriormente se registraron nuevas solicitudes para minerales como cobre, plata, oro, carbón y otros recursos en distintas zonas delimitadas para la producción alimentaria.
El Ministerio sostiene que la derogatoria no elimina las normas ambientales ni las demás categorías de protección del suelo rural. No obstante, el retiro de las APPA sí elimina un instrumento específico que daba prioridad a la producción de alimentos en territorios considerados estratégicos por sus condiciones agropecuarias.
La decisión del Gobierno deja planteado un nuevo debate sobre el futuro del suelo rural colombiano: mientras la administración de De la Espriella presenta la eliminación de estas áreas como una recuperación de la autonomía municipal, los registros mineros muestran que sobre una parte importante de esos territorios existen solicitudes e intereses extractivos. La discusión adquiere mayor relevancia tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que ratificó la validez de las APPA y estableció garantías de participación territorial para las decisiones que se adopten sobre ellas.
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