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A tres meses del terremoto, Ministerio de Vivienda no ha asignado subsidios de vivienda a damnificados

schedule6 min de lectura Hace 2 días
Foto: InfoNación

Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el Ministerio de Vivienda reconoció que todavía no ha asignado subsidios familiares para las soluciones habitacionales de las familias damnificadas. La admisión quedó consignada en una respuesta oficial de 16 páginas, fechada el 10 de noviembre y entregada al representante a la Cámara Alejandro Toro, del Pacto Histórico, tras solicitar información sobre los avances de la reconstrucción.

En el documento, la cartera señala expresamente: “A la fecha, no se han asignado subsidios familiares de vivienda”, debido a que las alternativas de atención se encuentran en etapa de estructuración. El Ministerio explicó que todavía deben establecerse las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, operativas y territoriales para determinar la viabilidad de los proyectos destinados a atender a los hogares afectados.

La respuesta también revela que no existe una delimitación definitiva y aprobada del número de viviendas que serán intervenidas, los lugares donde se construirán o adelantarán los proyectos, sus costos unitarios ni un cronograma de ejecución. Tampoco hay un listado de hogares beneficiarios de las asignaciones consultadas.

Uno de los datos más relevantes aparece en la página 12 del documento: el Ministerio reconoce que los programas de reconstrucción habitacional consultados no registran recursos ejecutados, proyectos en ejecución, hogares beneficiarios ni avances físicos. Es decir, tres meses después de la emergencia, las alternativas para entregar soluciones habitacionales definitivas todavía permanecen en fase de estructuración.

El representante Alejandro Toro cuestionó duramente la respuesta y aseguró que tuvo que acudir a una tutela y a un juez para obtener información del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y del Ministerio de Vivienda. “No ha entregado ni un subsidio a los damnificados”, afirmó el congresista, quien preguntó dónde están los recursos anunciados para atender a las familias y reclamó explicaciones sobre el manejo de las donaciones recibidas después de la tragedia.

Toro calificó la situación como una muestra de la falta de respuesta del Gobierno frente a los damnificados y anunció que citará al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El congresista busca que el funcionario explique por qué no se han asignado los subsidios, qué impide definir los proyectos y cuándo tendrán las familias un cronograma concreto para recuperar sus viviendas.

La denuncia se conoce en medio de la controversia por el funcionamiento del Fondo Milagro, creado por el Gobierno para centralizar y administrar recursos destinados a la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la reactivación económica. En los últimos días, la entidad quedó bajo cuestionamiento por su estructura administrativa: la información divulgada por la senadora Kamelia Zuluaga reveló que 27 personas vinculadas representan una nómina mensual cercana a los $765,6 millones, con salarios que llegan a $39,4 millones para su gerente. Tras el escándalo, Abelardo De la Espriella ordenó reversar los pagos y anunció medidas correctivas.

En la respuesta entregada a Toro, el Ministerio también aclaró que los indicadores de resultado e impacto de la reconstrucción no son de su competencia directa, sino que corresponden al Consejo Directivo del Fondo Milagro. La distribución de responsabilidades entre la cartera y el fondo plantea nuevos interrogantes sobre quién debe responder por la falta de avances y cuándo se concretarán las soluciones para los hogares afectados.

La dimensión de la emergencia aumenta la preocupación. Según el balance de la Defensoría del Pueblo, con corte al 3 de noviembre, el terremoto de magnitud 7,4 dejó 776.119 personas afectadas y 123.198 viviendas inhabitables o destruidas. La entidad de control también advirtió que el Plan de Acción Específico para la recuperación tiene un costo estimado de $58,29 billones, pero solamente se han identificado inicialmente $8,21 billones, por lo que existe una brecha de financiación de $50,08 billones. La Defensoría advirtió, además, que la inclusión de recursos anunciados en el plan no significa que estén apropiados o disponibles para su ejecución.

A esa situación se suman las dificultades con los apoyos temporales. El subsidio de arrendamiento establecido es de $1.050.000 mensuales durante tres meses, mientras que los tiempos estimados para la reconstrucción pueden extenderse entre 12 y 18 meses. La Defensoría también reportó inconsistencias en el Registro Único de Damnificados y dificultades para acceder a las ayudas, lo que puede dejar por fuera a familias que necesitan atención.

La discusión, por tanto, no se limita a la asignación de subsidios. La respuesta oficial deja constancia de que los programas de vivienda consultados todavía no tienen beneficiarios ni proyectos en ejecución, mientras las familias continúan esperando soluciones definitivas. Para Toro, esta situación demuestra que el Gobierno no está respondiendo a las necesidades de los damnificados y que el denominado “Milagro” de la reconstrucción todavía no se materializa.