Altos funcionarios de De la Espriella aparecen como “pobres” o “vulnerables” en el RUI
El Gobierno de Abelardo de la Espriella aplazó la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI) después de detectar inconsistencias en el nuevo sistema de clasificación socioeconómica. En medio de esa revisión, una investigación de CAMBIO encontró que al menos diez altos funcionarios aparecen registrados como población vulnerable o en condición de pobreza moderada, pese a reportar ingresos y patrimonios que no corresponden con esas categorías.
Entre los casos identificados está la ministra de Trabajo, Natalia López, clasificada en el grupo C15, correspondiente a hogares en condición de vulnerabilidad. En su declaración de bienes y rentas reportó un patrimonio líquido de $307 millones, ingresos de $391 millones durante 2025, un bien mueble de $350 millones y dos inmuebles valorados en $1.250 millones.
También aparece en una categoría de vulnerabilidad el director de Función Pública, Leonardo Huerta, quien declaró un patrimonio líquido superior a $1.500 millones. A la lista se suman los directores de la UNP, Didier Blanco; del Icetex, Richard Caicedo; de la ANI, Ricardo Ayerbe, y de la Agencia Nacional de Minería, Juan Camilo Valencia, todos clasificados dentro de grupos de vulnerabilidad pese a los ingresos reportados.
Dos casos corresponden incluso a categorías de pobreza moderada. Diana Bravo, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), aparece en el subgrupo B07, mientras el secretario general del Ministerio del Interior, Hitler Chaverra, figura en el B03. Bravo tiene una remuneración mensual de $34,7 millones y Chaverra reportó ingresos de $191 millones durante 2025.
El RUI, sin embargo, no es una clasificación que los funcionarios realicen directamente. El sistema construye los perfiles socioeconómicos mediante el cruce de información proveniente de diferentes bases de datos oficiales. Por eso, estos casos no implican por sí mismos que los funcionarios hayan suministrado información falsa.
La situación cobra relevancia porque el Gobierno decidió frenar la transición al RUI y extender el periodo de prueba del sistema ante el aumento de las inconsistencias y las quejas ciudadanas. Según CAMBIO, durante el primer mes de implementación se recibieron casi diez veces más reclamaciones que durante todo el año anterior.
El propio presidente De la Espriella apareció inicialmente clasificado como “vulnerable”, pese a declarar un patrimonio superior a $10.000 millones. La clasificación fue corregida 24 horas después y pasó a la categoría de “no pobre”.
El problema no es solamente estadístico. El RUI está diseñado para determinar qué hogares pueden ser considerados potenciales beneficiarios de subsidios y programas sociales. Una clasificación incorrecta podría incluir a personas que no cumplen los criterios de focalización o, en sentido contrario, dejar por fuera a hogares que sí requieren asistencia.
Ante las inconsistencias, el Departamento Nacional de Planeación prepara una extensión del periodo de transición hasta julio de 2027. Mientras se realizan ajustes al modelo y al algoritmo de clasificación, el Sisbén continuará siendo utilizado como referencia para la focalización de los programas sociales.
