Joven habría muerto bajo custodia policial tras ser reducido con táser en Soacha
Donovan Balanta Paz murió después de ser retenido por agentes de la Policía en el sector de Caracolí, en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, en un procedimiento que ahora es objeto de investigación. De acuerdo con la versión de su familia, el joven presuntamente no habría participado en la riña que atendían los uniformados y habría sido perseguido después de romper una botella a varios metros del lugar donde se encontraban los policías.
Según los testimonios recogidos por sus familiares, Donovan habría corrido cuando observó que los uniformados se dirigían hacia él. La persecución se habría extendido aproximadamente una cuadra y media, hasta que los agentes lograron reducirlo. La Policía de Soacha confirmó que durante el procedimiento fue utilizado un dispositivo de descarga eléctrica, conocido como táser, para inmovilizarlo.
La familia sostiene que, una vez reducido, esposado y en el suelo, el joven presuntamente habría recibido golpes y nuevas descargas eléctricas, algunas de ellas mientras permanecía inmovilizado. También asegura que Donovan habría manifestado que no podía respirar y que sentía un fuerte dolor en el pecho, pero que la asistencia médica solo habría sido solicitada cuando perdió el conocimiento.
Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias de los familiares y testigos y deberán ser establecidas por las autoridades mediante los videos del procedimiento, los testimonios, la historia clínica y el dictamen de Medicina Legal. Por ahora, no existe una conclusión forense que permita afirmar que las descargas eléctricas o los golpes fueron la causa de la muerte.
En cuatro años del Gobierno del Cambio se trabajaba por erradicar la brutalidad policial. Hoy vuelven esas prácticas donde la Policía, en vez de servir a la gente, actúa como opresora. La tragedia de Donovan Balanta Paz en Ciudad Bolívar refleja la urgencia de frenar el racismo… pic.twitter.com/mRuUtLe7yC
read_more Le puede interesar ▸ De la Espriella realizó 138 vuelos de menos de 10 minutos durante su primer mes de gobierno— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) September 22, 2026
La Policía sostiene una versión diferente. Según la institución, Donovan habría sufrido una afectación repentina mientras se encontraba en la estación de Cazucá y los uniformados habrían activado los protocolos de atención y traslado hacia el Hospital Cardiovascular Luis Carlos Galán de Soacha. La institución asegura que el joven llegó con vida al centro asistencial y que allí se confirmó posteriormente su fallecimiento. La familia, en cambio, sostiene que habría llegado sin signos vitales.
El caso también involucra a José Luis Guerrero Moreno, amigo de Donovan, quien habría sido retenido durante el mismo procedimiento. Según la familia, Guerrero habría intentado intervenir cuando los policías perseguían a Donovan y también habría sido reducido mediante descargas eléctricas. Sus allegados aseguran que permaneció hospitalizado debido a las lesiones que habría sufrido durante el procedimiento.
La Inspección General de la Policía abrió una investigación disciplinaria para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte, mientras los familiares han solicitado que la Fiscalía determine si existieron conductas irregulares por parte de los uniformados. También han denunciado presuntos insultos racistas durante el procedimiento y han pedido que se investigue si existió algún componente de discriminación en el trato recibido por el joven.
El caso ocurre además en medio del debate sobre el cambio de enfoque en las políticas de seguridad y convivencia implementadas durante el Gobierno de Gustavo Petro. Entre las transformaciones promovidas durante ese periodo estuvo una orientación que buscó reforzar el enfoque de derechos humanos, modificar protocolos de actuación policial frente a las protestas y sustituir la denominación del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, con una doctrina centrada formalmente en el diálogo y la prevención.
El actual Gobierno ha planteado cambios en materia de seguridad y ha recuperado un discurso de mayor énfasis en el uso de la fuerza y en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía.
El antecedente de Javier Ordóñez también vuelve a aparecer en el debate. En septiembre de 2020, Ordóñez murió después de un procedimiento policial en el que fue sometido con descargas eléctricas y posteriormente trasladado a un CAI. La investigación judicial estableció responsabilidades penales contra uno de los uniformados involucrados. Aquel caso generó una discusión nacional sobre el uso de la fuerza, los protocolos policiales y los mecanismos de control sobre los procedimientos de reducción e inmovilización.
En el caso de Donovan, la investigación deberá determinar qué ocurrió desde el momento en que comenzó la persecución hasta su traslado al centro asistencial. También tendrá que establecer si las descargas fueron aplicadas conforme a los protocolos, cuántas veces se utilizó el dispositivo, en qué condiciones se encontraba el joven cuando fueron efectuadas y si posteriormente recibió atención médica oportuna.
Mientras avanzan esas investigaciones, la familia insiste en que Donovan presuntamente habría sido sometido a una fuerza innecesaria cuando ya se encontraba reducido y que sus llamados de auxilio no habrían recibido atención inmediata. La Policía, por su parte, sostiene que actuó conforme a los protocolos y que activó la atención médica cuando se presentó la emergencia.
La causa exacta de la muerte deberá ser establecida por Medicina Legal y por las autoridades judiciales. Hasta que exista ese resultado, cualquier relación entre el uso del táser, los golpes denunciados y el fallecimiento debe mantenerse bajo investigación y no puede presentarse como un hecho establecido.
