Policía volvería a custodiar las movilizaciones: Gobierno de De la Espriella prepara decreto que regula las protestas
El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un proyecto de decreto que modifica las reglas para la actuación de la fuerza pública durante las movilizaciones sociales y amplía las circunstancias en las que la Policía podrá intervenir frente a hechos considerados violentos. La propuesta, puesta a comentarios por el Ministerio del Interior hasta el 4 de octubre, modifica el Decreto 003 de 2021 y se incorpora al giro de la política de seguridad que la nueva administración viene impulsando desde su llegada al poder.
El proyecto establece que el diálogo y la mediación continuarán siendo mecanismos prioritarios durante las manifestaciones, pero deja expresamente establecido que su aplicación no será un requisito previo para que la Policía actúe contra personas que cometan actos violentos. La fuerza pública podrá intervenir cuando se presenten, entre otras conductas, porte o utilización de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios, así como agresiones contra civiles, servidores públicos, uniformados, misiones médicas o periodistas.
La modificación adquiere una dimensión política mayor porque llega después de los anuncios del Gobierno sobre el cambio de modelo para enfrentar las movilizaciones. El ministro de Defensa, general retirado Jorge Eduardo Mora, había anunciado que la administración buscaría desmontar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y recuperar una fuerza con características similares al antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Mora sostuvo que debía existir una capacidad de intervención cuando una manifestación cruzara la línea entre protesta y violencia.
La UNDMO fue creada después del estallido social de 2021, en un contexto marcado por las denuncias sobre abusos cometidos por integrantes del ESMAD y por cuestionamientos nacionales e internacionales al uso de la fuerza durante las protestas. El cambio anunciado por el nuevo Gobierno representa, por tanto, una modificación del enfoque que había buscado privilegiar el diálogo y la mediación como herramientas de manejo de las movilizaciones. Organizaciones de derechos humanos han advertido que el retorno del antiguo modelo puede significar un retroceso en las garantías para la protesta.
El alcance de esta iniciativa está relacionada con las condiciones de intervención estatal cuando se presenten determinadas conductas. Sin embargo, la amplitud de esas facultades y la forma en que sean aplicadas en la práctica serán determinantes para establecer si la nueva regulación termina diferenciando efectivamente entre quienes ejercen pacíficamente su derecho a movilizarse y quienes cometen delitos o actos de violencia.
El Ministerio del Interior justifica la reforma señalando que el marco vigente no resuelve suficientemente situaciones relacionadas con bloqueos, continuidad de servicios esenciales y abastecimiento. La iniciativa busca establecer responsabilidades y criterios de actuación frente a esas situaciones, al tiempo que mantiene equipos de diálogo durante las jornadas de protesta. El Gobierno sostiene que la intervención contra hechos violentos puede desarrollarse simultáneamente con el diálogo dirigido a quienes participan pacíficamente.
El contexto social en el que se presenta la reforma también resulta significativo. La Defensoría del Pueblo registró 4.039 eventos de conflictividad social durante 2025, ocurridos en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá. La cifra representó un aumento del 5 % frente a los 3.832 eventos registrados en 2024. Los principales conflictos estuvieron relacionados con derechos laborales, servicios públicos, presencia e inversión estatal, educación y derechos a la vida, seguridad e integridad.
Ese escenario plantea una discusión que va más allá del control de los disturbios. Una parte importante de las movilizaciones surge precisamente de reclamos sociales, laborales, educativos, territoriales y por el acceso a servicios públicos. En ese contexto, el tratamiento estatal de la protesta puede determinar si una demanda ciudadana encuentra canales de interlocución o termina enfrentándose principalmente a dispositivos policiales de contención.
La controversia ya llegó al Congreso. El representante Camilo Torres cuestionó que el Gobierno pretenda modificar mediante decreto las reglas de la protesta mientras existen tres proyectos de ley en trámite sobre manifestación pública. El congresista sostuvo que el derecho a la protesta está protegido por el artículo 37 de la Constitución y llamó a la ciudadanía a participar en el periodo de comentarios abierto por el Ministerio del Interior.
🚨 Ojo con esto: quieren modificar por decreto las reglas de la protesta social.
— Camilo Torres (@CamiloTorres_RC) September 30, 2026
Mientras en el Congreso discutimos tres proyectos de ley sobre protesta y manifestación pública —el 041, el 055 y el 263 de 2026—, @MinInterior pretende modificar por decreto el 003 de 2021.
Desde…
La propuesta también debe leerse junto con otros componentes de la nueva política de seguridad de De la Espriella: el endurecimiento de la respuesta frente a organizaciones armadas, los anuncios sobre bloques de seguridad urbana y el cambio en el tratamiento de las movilizaciones. Diversos análisis han identificado en esas decisiones un desplazamiento desde el énfasis en diálogo y derechos que caracterizó parte de la política de seguridad del Gobierno Petro hacia una doctrina centrada en mayor capacidad coercitiva del Estado.
El proyecto todavía no es un decreto definitivo. El Ministerio del Interior abrió hasta el 4 de octubre el periodo para recibir observaciones y señaló que el texto puede ser modificado como resultado de los comentarios ciudadanos. El debate que queda abierto es, precisamente, hasta dónde puede llegar el Estado en su respuesta a los actos violentos sin convertir la ampliación de las facultades policiales en una restricción práctica del derecho a la protesta.
