Gobierno de De la Espriella prepara ley de sometimiento con beneficios para quienes colaboren con la justicia
El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una ley de sometimiento para organizaciones criminales que establecerá las condiciones para quienes decidan entregar las armas, aportar información sobre sus estructuras y contribuir al esclarecimiento de delitos y a la reparación de las víctimas. El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció que el proyecto será presentado próximamente ante el Congreso.
La iniciativa mantiene la negativa del Gobierno a adelantar negociaciones políticas con organizaciones criminales, una posición que De la Espriella defendió durante la campaña presidencial. Sin embargo, el proyecto contempla beneficios judiciales para quienes se sometan a la justicia y cumplan las condiciones que establezca la ley.
“Va a dar las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones. No vamos a tener ningún carácter político en las discusiones”, afirmó Cancino al explicar el alcance de la iniciativa.
El planteamiento conserva así la fórmula de sometimiento que De la Espriella presentó durante la campaña, cuando rechazó los procesos de paz y aseguró que su Gobierno no negociaría con organizaciones armadas. En uno de sus pronunciamientos, el entonces candidato afirmó que quien se negara a someterse sería perseguido por el Estado, mientras que quien decidiera entregarse tendría su vida respetada y sería llevado a prisión.
“En mi gobierno no habrá falsos procesos de paz”, dijo entonces De la Espriella, al plantear como alternativa el “sometimiento, cárcel o muerte”.
La nueva propuesta no elimina la cárcel como consecuencia del sometimiento. Lo que incorpora es un esquema de beneficios judiciales condicionado a la colaboración con las autoridades. Según explicó Cancino, quienes pretendan acogerse deberán entregar información que permita avanzar en investigaciones y esclarecer el funcionamiento de las estructuras criminales.
Entre los asuntos que el Gobierno busca conocer están las rutas utilizadas para el narcotráfico, las fuentes de financiación de las organizaciones, posibles hechos de corrupción y eventuales vínculos con dirigentes políticos. La información entregada será uno de los elementos que deberán ser considerados dentro del mecanismo que llegará al Congreso.
La reparación de las víctimas también ocupará un lugar central en el proyecto. El ministro señaló que la futura legislación establecerá mecanismos para garantizar su participación en las decisiones relacionadas con la reparación y con los beneficios penales que eventualmente puedan recibir quienes se sometan.
El anuncio se produce mientras el Gobierno combina esta vía judicial con el fortalecimiento de las operaciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales. Este lunes, desde el Batallón La Popa de Valledupar, De la Espriella relanzó las fuerzas de tarea conjuntas, entre ellas la Fuerza de Tarea Conjunta Urano.
Cancino sostuvo que quienes decidan entregar las armas, suministrar información y contribuir a la protección de las víctimas tendrán mecanismos legales para hacerlo. Al mismo tiempo, advirtió que quienes rechacen el sometimiento y continúen en actividades criminales serán perseguidos dentro de las facultades establecidas por la Constitución y la ley.
#JusticiaYPaz | El ministro Iván Cancino González reafirmó que cualquier proceso de sometimiento debe partir de reglas claras, verdad, reparación efectiva y garantías para las víctimas. 📺 Intervención completa: https://t.co/5lLp8T4kLT https://t.co/mC2OsOrupH
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 5, 2026
El Gobierno también plantea que todo el mecanismo deberá desarrollarse dentro de los tratados internacionales y las normas colombianas. La discusión que llegará al Congreso tendrá que definir, entre otros aspectos, los requisitos para acceder al sometimiento, las obligaciones de quienes se acojan, los criterios para determinar la colaboración efectiva y el alcance de los beneficios judiciales.
La política que ahora comienza a tomar forma tiene un antecedente en otras propuestas del Gobierno de De la Espriella. El presidente también ha planteado mecanismos de beneficios para personas que aporten información sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el Gobierno de Gustavo Petro, bajo la lógica de obtener colaboración a cambio de una respuesta judicial diferenciada.
En el caso de las organizaciones criminales, la administración mantiene como límite la negociación política. La puerta que abre ahora es de carácter judicial y está dirigida a quienes abandonen las armas, colaboren con las autoridades y contribuyan al esclarecimiento de los delitos y a la reparación de las víctimas.
El alcance definitivo de esa política dependerá del proyecto que el Gobierno presente al Congreso y de las condiciones que sean aprobadas durante su trámite legislativo.
