Manifestantes llenaron la Plaza de Bolívar en rechazo al Gobierno de Abelardo de la Espriella

Apenas dos meses después de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella enfrentó la primera gran movilización nacional en contra de su Gobierno, con una multitud que llegó a la Plaza de Bolívar de Bogotá y concentraciones en ciudades como Cali, Medellín, Popayán e Ibagué. Sindicatos, docentes, estudiantes, organizaciones indígenas, feministas y distintos sectores sociales salieron a las calles para rechazar decisiones económicas, laborales, ambientales y educativas de la nueva administración.

La jornada del 14 de octubre reunió inconformidades que van más allá de una sola política. Los manifestantes cuestionaron medidas que consideran regresivas en materia de derechos sociales, el rumbo de la política mineroenergética, las amenazas a la financiación de la educación pública y las decisiones que, según los convocantes, ponen en riesgo garantías laborales, ambientales y democráticas. La magnitud de la concentración en la capital convirtió la jornada en una primera prueba de la capacidad de movilización de los sectores opositores al Gobierno.

Uno de los principales motivos fue el rechazo a la política ambiental y mineroenergética de De la Espriella. Organizaciones y manifestantes expresaron preocupación por los anuncios relacionados con la implementación del fracking, la protección de los páramos y el desmonte de áreas destinadas a proteger la producción de alimentos. Estas decisiones han abierto un debate sobre el alcance de las actividades extractivas, la protección de ecosistemas estratégicos y el futuro de los territorios rurales.

La educación pública también ocupó un lugar central en las movilizaciones. Congresistas y sectores universitarios han advertido sobre un faltante superior a 3,1 billones de pesos en el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior. La representante Isabel Vera señaló que el déficit comprometería obras aprobadas, programas contra la deserción y recursos relacionados con la Ley 30 de 1992. Los reclamos se extendieron a la financiación de colegios públicos y a las garantías para estudiantes y trabajadores del sector educativo.

En el frente económico y laboral, los participantes cuestionaron las demandas contra el salario mínimo vital y las decisiones que, a su juicio, amenazan derechos conquistados en años anteriores. También se hicieron presentes las preocupaciones de sectores productivos, entre ellos los arroceros, que advierten dificultades para competir con las importaciones y reclaman medidas para sostener la rentabilidad del cultivo. Para las organizaciones movilizadas, estos asuntos forman parte de un debate más amplio sobre el modelo económico y las prioridades del Gobierno.

La protesta también tuvo un componente internacional y de defensa de derechos humanos. Sectores feministas rechazaron discursos del presidente que consideran lesivos para las mujeres, mientras organizaciones sociales y víctimas expresaron preocupación por las amenazas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Otros participantes cuestionaron el acercamiento del Gobierno a Estados Unidos y su posición frente a Palestina, asuntos que también estuvieron presentes en las consignas de la jornada.

Sin embargo, la movilización estuvo marcada por la controversia sobre la actuación policial. Un día antes de las marchas, el Gobierno expidió el Decreto 1525 de 2026, que establece niveles de intervención durante las protestas y permite, en determinadas circunstancias, omitir etapas previas de diálogo y mediación. Sus críticos advierten que la norma amplía el margen de actuación de la fuerza pública y puede poner en riesgo el ejercicio de la protesta pacífica.

Durante la jornada se reportaron intervenciones policiales en Bogotá, Medellín, Popayán e Ibagué. En Medellín se denunciaron agresiones contra periodistas, mientras que en Ibagué se reportó la retención de una estudiante de periodismo de la Universidad del Tolima, que fue cuestionada por sectores que exigieron explicaciones sobre el procedimiento. En otras ciudades también hubo episodios de alteración del orden público y uso de la fuerza policial.

La controversia trascendió las calles y llegó a los tribunales. El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, radicó una demanda de nulidad contra el Decreto 1525, al considerar que algunas de sus disposiciones exceden las facultades del Gobierno y vulneran el derecho constitucional a la protesta. Otros congresistas también anunciaron acciones judiciales para que se examine la legalidad de la norma. La discusión se centra en si el Ejecutivo puede establecer por decreto nuevas condiciones que afecten el ejercicio de un derecho protegido por la Constitución.

Al entregar su balance de la jornada, De la Espriella calificó como una “pequeña minoría” a quienes salieron a protestar contra su administración y afirmó que la mayor afluencia registrada fue de 62.000 personas. El presidente sostuvo que las marchas pacíficas son bienvenidas, pero advirtió que no tolerará lo que calificó como terrorismo urbano ni actos violentos. También reportó seis puntos de intervención del ESMAD y seis capturas.

La concentración en la Plaza de Bolívar y las movilizaciones simultáneas en distintas regiones marcaron el primer gran pulso callejero contra el Gobierno de De la Espriella. La jornada puso en evidencia la convergencia de reclamos de sectores sociales, sindicales, estudiantiles, ambientales y políticos, mientras la aplicación del nuevo decreto de protesta y las demandas presentadas contra él abren una disputa sobre los límites de la intervención estatal y las garantías para la movilización ciudadana.