Ley de sometimiento de Abelardo de la Espriella buscaría beneficiar a testaferros y lavadores de activos

El Congreso inicia este miércoles 21 de octubre el debate del proyecto de ley de sometimiento a la justicia impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una iniciativa que busca establecer las condiciones jurídicas para la entrega de integrantes de organizaciones armadas ilegales. Sin embargo, uno de sus artículos genera cuestionamientos por los beneficios penales previstos para colaboradores condenados por delitos económicos vinculados con estas estructuras.

La controversia se concentra en el numeral 5 del artículo 66B, incluido en el capítulo sobre tratamiento penal diferenciado. El texto establece la posibilidad de suspender condicionalmente la ejecución de la pena, transcurrido un año de su cumplimiento, para colaboradores de actores armados ilegales condenados por lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, siempre que entreguen los bienes producto de las actividades ilícitas y se comprometan con medidas verificables de justicia restaurativa.

El alcance de esta disposición fue cuestionado por el senador Ariel Ávila, quien advirtió que el proyecto podría beneficiar a personas que, sin participar directamente en las acciones armadas, habrían contribuido económicamente a las estructuras criminales. Para el congresista, la redacción deja interrogantes sobre la definición de colaborador y los mecanismos para comprobar que los bienes entregados corresponden efectivamente al patrimonio obtenido de actividades ilícitas.

“Les da la pena suspendida después de un año a los llamados colaboradores condenados por lavado de activos, testaferros o enriquecimiento ilícito”, señaló Ávila al explicar sus reparos al articulado. El senador cuestionó que la disposición no precise suficientemente cómo se verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder al beneficio.

Hoy empieza el debate de la Ley de Sometimiento o la extensión de la 418 (ley de orden público) y acá advierto 5 peligros de este proyecto del gobierno que es una grosería institucional. https://t.co/dwx7kHHAJE

— Ariel Ávila (@ArielAnaliza) October 21, 2026

La discusión plantea un interrogante central: ¿qué controles garantizarán que la entrega de bienes y los compromisos de justicia restaurativa sean suficientes para justificar la suspensión de una pena por delitos asociados con el lavado de activos y el ocultamiento de patrimonio ilícito? La respuesta depende del alcance definitivo de la norma, sus requisitos de aplicación y los mecanismos de verificación judicial.

Ávila también formuló cuestionamientos sobre otros apartados del proyecto, entre ellos las facultades extraordinarias solicitadas para el presidente, las condiciones jurídicas para la actuación de la Fuerza Pública durante los procesos de sometimiento, la contratación directa de recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) y la financiación de las intervenciones territoriales.

La iniciativa, radicada por el Gobierno el 13 de octubre, modifica y prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. Su discusión se desarrolla en las comisiones primeras del Senado y la Cámara, con una ponencia favorable respaldada por sectores oficialistas y reparos de congresistas de oposición.

El debate determinará si el Congreso mantiene, modifica o elimina las disposiciones cuestionadas. Por ahora, los señalamientos del senador constituyen advertencias políticas y jurídicas sobre los posibles efectos del proyecto, no una decisión judicial que establezca que los beneficios serán utilizados para favorecer a personas determinadas.

La discusión sobre el sometimiento a la justicia vuelve así al centro de la agenda legislativa, con una pregunta de fondo: cómo facilitar la desmovilización y el desmantelamiento de las economías criminales sin debilitar los controles sobre la responsabilidad penal, la recuperación de activos ilícitos y los derechos de las víctimas.