JEP alerta por posible desfinanciamiento para 2027
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, advirtió ante el Congreso que los recursos previstos para 2027 serían insuficientes para cumplir con sus funciones en una etapa decisiva de sus investigaciones. El presidente de la entidad, Alejandro Ramelli, señaló que la JEP requiere $84.663 millones adicionales para cubrir sus necesidades operativas del próximo año.
La JEP había solicitado inicialmente $947.642 millones para 2027, pero en el proyecto de Presupuesto General de la Nación quedaron contemplados cerca de $821.000 millones. La diferencia total es cercana a $125.000 millones, aunque $41.000 millones corresponden a la compra del inmueble donde funciona la jurisdicción. Por eso, el faltante operativo que la JEP plantea es de $84.663 millones.
Ramelli defendió ante la Comisión Primera que el presupuesto de la JEP no puede compararse directamente con el de las altas cortes, porque su estructura reúne funciones que en la justicia ordinaria están distribuidas entre distintas entidades.
“Una Alta Corte, Consejo de Estado, Corte Suprema, por ejemplo, únicamente fallan. Son tribunales de instancia. Nosotros, además de hacer eso, cumplimos seis funciones”, explicó.
La JEP investiga y acusa, juzga y sanciona, brinda asesoría jurídica a víctimas y comparecientes, coordina medidas de protección, ofrece atención psicosocial y supervisa el cumplimiento de las sanciones. Según Ramelli, hasta ahora ha realizado 23.020 asesorías individuales a víctimas y 38.151 a comparecientes, además de decretar 1.651 medidas de protección. También reportó atención psicosocial a 39.463 víctimas y 4.586 comparecientes.
El magistrado advirtió que el aumento de la actividad judicial exige mayores recursos. En 2020 la JEP realizó 424 audiencias y actualmente acumula 5.940, mientras la representación de víctimas pasó de 3.700 casos a cerca de 23.000.
El reclamo ocurre mientras el Congreso avanza en la discusión del presupuesto de 2027, aprobado en su monto global por $634,9 billones, en medio de un escenario de fuerte presión fiscal.
Para Ramelli, reducir los recursos en esta etapa podría dificultar el cierre de las investigaciones y el cumplimiento de las funciones de la JEP frente a las víctimas.
