“Dejen de quejarse” el mensaje del ministro de Justicia ante el recorte al presupuesto de la JEP

“Es momento de que dejen de quejarse y actúen de acuerdo a las consecuencias y la realidad fiscal del país”. Con esa frase, el ministro de Justicia, en medio de la discusión sobre el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, respondió a las advertencias de la jurisdicción frente al recorte de recursos que avanza en el Congreso para 2027.

El ministro sostuvo que la situación fiscal del país obliga a todas las entidades a realizar esfuerzos y afirmó que la reducción presupuestal no constituye un ataque contra la JEP. Según explicó, las entidades del Estado deben concentrarse en ejecutar los recursos disponibles y garantizar su funcionamiento con el presupuesto asignado.

Sus declaraciones se producen mientras el Congreso tramita una reducción de recursos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate un recorte cercano a $170.000 millones para 2027, aunque el proyecto todavía debe superar las discusiones en las plenarias para convertirse en una decisión definitiva.

Dentro de esa discusión está la propuesta del senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella, para trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. El argumento del congresista es que esos recursos deberían fortalecer la justicia ordinaria mediante nuevos despachos y cargos judiciales.

¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!
(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 https://t.co/yq1HYIviwI

read_more Le puede interesar ▸ Precio de la cerveza y otras bebidas se dispararía con la reforma tributaria del Gobierno de De la Espriella

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026

La propuesta no se limita al presupuesto. Gómez también anunció una iniciativa para impedir una eventual prórroga de la JEP y planteó que la jurisdicción concluya sus funciones en marzo de 2028, trasladando los procesos que no hayan terminado a la justicia ordinaria bajo las reglas de la justicia transicional.

El recorte presupuestal y estas propuestas han provocado una fuerte reacción de la JEP. Su presidente, Alejandro Ramelli, señaló que retirar $100.000 millones afectaría directamente la capacidad de funcionamiento del tribunal y advirtió que la medida comprometería recursos para bienes y servicios, presencia territorial y otras obligaciones necesarias para desarrollar sus investigaciones y decisiones. La jurisdicción lanzó además un llamado a la comunidad internacional para que se garanticen los recursos indispensables para su operación.

La dimensión del ajuste explica parte de la controversia. De acuerdo con la información reportada durante la discusión presupuestal, la JEP enfrenta una desfinanciación de $168.259 millones frente a su anteproyecto para 2026, mientras que para 2027 la discusión incorpora el traslado de $100.000 millones planteado por Gómez y una reducción más amplia para el Sistema Integral.

La JEP sostiene que una reducción de esta magnitud no equivale simplemente a una redistribución administrativa. Según la jurisdicción, podría afectar su capacidad para investigar los crímenes priorizados, atender a víctimas, mantener presencia territorial y cumplir las decisiones judiciales que ya ha comenzado a emitir.

La discusión ocurre además cuando la JEP empieza a ejecutar sus primeras sanciones propias. Antes del cambio de Gobierno, el Ministerio de Justicia había informado que se habían asegurado $20.000 millones para poner en marcha los primeros proyectos restaurativos derivados de las sentencias impuestas a comparecientes que reconocieron responsabilidad, dentro de una ruta que involucraba a la JEP y distintas entidades estatales.

La importancia de la financiación también ha sido señalada por Naciones Unidas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió el 28 de septiembre garantizar recursos suficientes para que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas puedan continuar con sus funciones. El pronunciamiento se produjo precisamente mientras avanzaba en el Congreso la reducción presupuestal del Sistema Integral.

Naciones Unidas ha señalado que estos mecanismos forman parte de la arquitectura creada por el Acuerdo de Paz de 2016 para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La Misión de Verificación también tiene dentro de su mandato el seguimiento a la implementación del Acuerdo y a las sanciones propias de la JEP.

El Gobierno de De la Espriella plantea la discusión desde la crisis fiscal y la necesidad de fortalecer la justicia ordinaria. La JEP, por su parte, sostiene que el ajuste compromete las condiciones materiales necesarias para cumplir su mandato. Y Enrique Gómez ha ido más allá del debate presupuestal al plantear modificaciones sobre la duración y las competencias de la jurisdicción.

En ese contexto, la frase del ministro de Justicia adquiere una dimensión política que trasciende una discusión sobre ejecución presupuestal. Mientras el Gobierno pide a la JEP aceptar el ajuste y “dejar de quejarse”, el tribunal, sectores del Congreso y Naciones Unidas advierten que la financiación determina la capacidad real de una institución creada para investigar graves crímenes del conflicto, escuchar a las víctimas y producir decisiones judiciales dentro del sistema de justicia transicional.

El debate que avanza en el Congreso no define únicamente cuánto dinero tendrá la JEP. También pone en discusión qué lugar ocupará la justicia transicional dentro de la política de Estado frente al conflicto armado y hasta dónde llegará el proceso de implementación del Acuerdo de Paz.