Alerta ante posible derogación del aumento del 23 % del salario mínimo vital

El Consejo de Estado entró en la etapa definitiva del proceso que busca establecer si fue legal el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026, fijado inicialmente mediante el Decreto 1469 de 2025 durante el gobierno Petro. La Sección Segunda acumuló las demandas presentadas contra el incremento, cerró la etapa de pruebas y ordenó avanzar hacia una sentencia anticipada, por lo que el alto tribunal podría pronunciarse de fondo en las próximas semanas.

El proceso tiene como antecedente una decisión adoptada en febrero, cuando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que había establecido el aumento y ordenó al Gobierno expedir una nueva disposición transitoria. Posteriormente, en julio, la corporación revocó esa medida cautelar y dejó nuevamente vigente el incremento del 23 %, mientras continúa el proceso judicial para determinar su legalidad definitiva.

La controversia jurídica gira alrededor de la manera como el Gobierno justificó el porcentaje de aumento y de si fueron aplicados de forma suficiente los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996 para determinar el salario mínimo. Entre esos factores se encuentran la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la capacidad de pago de las empresas.

El Gobierno de Gustavo Petro defendió el incremento como parte de una política orientada a cerrar la brecha entre el salario mínimo legal y lo que su administración denominó salario vital. El Decreto 159 de 2026, expedido después de la primera decisión judicial, mantuvo el incremento del 23 % y sostuvo que la fijación del salario debía considerar también criterios constitucionales relacionados con la protección de una vida digna para los trabajadores y sus familias.

La decisión que está pendiente tiene además una importancia política y económica porque se produce mientras ya comenzó la discusión para determinar el salario mínimo de 2027. La negociación entre trabajadores, empresarios y Gobierno comenzó el primero de octubre y deberá avanzar durante las próximas semanas.

El expresidente Gustavo Petro reaccionó al avance del proceso con fuertes cuestionamientos contra el Consejo de Estado. En un mensaje publicado en X, afirmó que la corporación se había convertido en una “oficina de la Casa de Nariño” y sostuvo que una eventual eliminación del aumento afectaría el ingreso de los trabajadores y el consumo interno.

Trabajadores de Colombia el Consejo de Estado hoy es una oficina de la Casa de Nariño, lástima, pero aquí revocaron el salario minimo vital que es el mínimo ingreso que garantiza la vida de cualquier familia trabajadora y de todas con una sola firma de un burocrata adinerado, llevan al empresariado a la quiebra al reducir sustancialmente el consumo interno y por tanto el mercado interno del país. El consejo de estado y ojalá esa decisión fuera de sala plena, lleva a Colombia, por una sola decisión judicial, qizás de un magistrado, al camino de bancarrota de Argentina y a la violencia Sépalo bien la clase media de Colombia, mi gobierno la volvió mayoría social al hacerla crecer numéricamente solamente porque disminuyó la pobreza por el aumento del salario mínimo vital y por su efecto multiplicador en la economía que se produce hasta el 31 diciembre de este año, y no más por decisión injusta del consejo de estado. Es por el incremento del salario mínimo real que hizo mi gobierno hasta alcanzar el mínimo para vivir, que disminuyó el hurto en Colombia, el delito de mayor impacto en la población, incluido el primer mes de gobierno de Abelardo, es por eso que disminuyó la violencia intrafamiliar, es el progresismo el que más fortaleció la familia en Colombia, es por eso que disminuyó la extorsión. Al desaparecer inconstitucionalmente el salario mínimo vital que la misma constitución de 1991 ordenó, el Consejo de Estado da réquiem por la clase media de Colombia. Toda la sociedad debe saber del enorme riesgo de pobreza y quiebra generalizada que conlleva esta decisión judicial de jueces clasistas y que esta plegada a la decisión de un tirano: el señor Abelardo, señor de la guerra y de la muerte, Quieren es una patria firmemente muerta. Nosotros la queremos viva. Han pasado la línea roja de cualquier pacto social y unidad de la nación. No llamo solo a las centrales obreras, llamo al trabajador y trabajadora de la calle y del campo y del taller y la oficina a moverse, a mover el esqueleto por el derecho al salario vital que el Papa pidio en nombre de Jesús y que el gobierno de la Vida hizo decreto y lo hizo cumplir. Le declaran la guerra al pueblo trabajador y el pueblo trabajador debe responder con millones de personas en las calles hacia la huelga general y el poder constituyente del pueblo., Adiós al gobierno del fraude electoral y de la sangre derramada del pueblo. Viva Colombia libre. https://t.co/EMvqmYeWO2

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— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2026

Petro también vinculó la discusión salarial con los resultados económicos y sociales de su administración. Aseguró que el incremento del salario mínimo contribuyó a disminuir la pobreza y relacionó su efecto multiplicador con la reducción de delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar y la extorsión. En el mismo mensaje acusó al Gobierno de Abelardo de la Espriella de impulsar una decisión que, según su interpretación, afectaría al pueblo trabajador.

Mientras tanto, el Consejo de Estado deberá resolver si el Decreto 1469 de 2025 cumplió con las exigencias legales para establecer el aumento del 23 %. El tribunal no está definiendo actualmente si los trabajadores deben recibir o no un salario vital en términos políticos, sino la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales fue fijado el incremento.

La decisión tendrá efectos sobre el debate económico y laboral que ya comenzó para 2027. Si el decreto de 2026 mantiene su validez, continuará vigente el aumento aplicado durante este año. Si el tribunal determina que fue ilegal, deberán establecerse las consecuencias jurídicas de esa decisión sobre un incremento que actualmente reciben millones de trabajadores.