Gremio de comerciantes pide anular decreto que fijó aumento del salario mínimo

La disputa por el salario mínimo de 2026 vuelve a trasladarse a las calles y a los tribunales. Mientras la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, insiste ante el Consejo de Estado en que debe anularse el decreto que fijó el aumento del 23 %, el expresidente Gustavo Petro llamó a movilizarse el próximo 14 de octubre en defensa del salario mínimo vital y planteó avanzar hacia una eventual huelga general.

Fenalco presentó sus alegatos de conclusión dentro del proceso contra el Decreto 1469 de 2025, expedido durante el Gobierno de Petro. El gremio sostiene que la decisión desconoció los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996 para fijar el salario mínimo, entre ellos la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la capacidad económica de las empresas.

Uno de los principales puntos de controversia es precisamente el concepto de “salario vital” utilizado por el Gobierno anterior como parte de la justificación del incremento. El decreto estableció que la estimación del salario vital ajustada a precios de 2025 era de $1.746.882, frente a un salario mínimo de $1.423.500, lo que representaba una brecha del 22,7 %. Con base en ese referente y en la ponderación de los demás factores, el Gobierno fijó el aumento en 23 %, llevando el salario mínimo de 2026 a $1.750.905.

El decreto dejó expresamente señalado que la estimación del salario vital no tenía carácter normativo ni vinculante, sino que constituía un insumo adicional para valorar los parámetros legales. Fenalco, sin embargo, sostiene que ese concepto terminó sustituyendo los criterios que la legislación establece como obligatorios y cuestiona además la motivación utilizada para justificar el incremento.

La controversia judicial todavía no está resuelta. El Consejo de Estado revocó previamente la suspensión provisional del decreto, por lo que el aumento continúa vigente mientras avanza el proceso de nulidad. Ahora la corporación deberá adoptar una decisión de fondo sobre la legalidad del decreto.

Fenalco insiste en que una eventual nulidad no significaría que los trabajadores deban devolver los salarios recibidos durante 2026. El gremio sostiene que deben protegerse las situaciones jurídicas consolidadas y recuerda como antecedente una decisión de 2017, cuando el Consejo de Estado anuló un decreto de salario mínimo por insuficiencia de motivación, pero preservó los salarios ya devengados.

En el terreno político, la defensa del aumento tomó una dirección distinta. Petro anunció que participará en la movilización convocada para el 14 de octubre y llamó a los trabajadores a salir a las calles. El exmandatario planteó que la jornada sirva para preparar una eventual huelga general y defender un salario mínimo vital para 2027.

La movilización ocurre además cuando ya comenzó la discusión del salario mínimo para 2027 entre Gobierno, empresarios y organizaciones sindicales. La negociación deberá definir el próximo incremento antes de finalizar el año, de manera que el debate sobre el decreto de 2026 se cruza con la discusión sobre el nuevo salario mínimo.

Así, el aumento del 23 % decretado por Petro se convirtió en el centro de una disputa que ahora se desarrolla en dos escenarios. Fenalco busca que la justicia anule el decreto por considerar que no se ajustó a los criterios legales, mientras sectores sindicales y Petro preparan movilizaciones para defender el salario mínimo vital y mantener el debate sobre el nivel de ingresos de los trabajadores en el centro de la agenda nacional.