La motosierra de Milei privatiza el agua de la capital argentina

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su programa de privatizaciones con la venta del 90 % de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que presta los servicios de agua potable y alcantarillado a unos 14 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. El consorcio encabezado por Rowing S.A. presentó la oferta económica más alta, por US$340,2 millones, y quedó seleccionado para quedarse con la participación estatal, a la espera de completar los pasos administrativos de la operación.

La propuesta superó los US$285 millones ofrecidos por el grupo Roggio, el otro participante que llegó a esta etapa de la licitación. Sin embargo, el monto quedó por debajo de los US$450 millones que el Gobierno esperaba recaudar. La operación representa uno de los principales ingresos previstos en el programa de privatizaciones de Milei y devuelve la empresa a manos privadas dos décadas después de su reestatización.

El consorcio ganador está integrado por Rowing S.A., fundada por el empresario Walter Román; Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo neerlandés PHX Aqua AR BV. Filiberti es conocido como el “rey del cloro” por su participación en el mercado de productos químicos para potabilizar agua y también tiene vínculos empresariales con Edenor, distribuidora eléctrica que acordó la compra de una participación mayoritaria de Metrogas.

La operación contempla una concesión inicial de 30 años, con posibilidad de prórroga por otros diez. El 10 % restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. El Gobierno sostiene que el nuevo operador tendrá obligaciones de inversión superiores a los US$2.000 millones durante los primeros cinco años, destinadas a obras y mejoras en los servicios de agua y saneamiento.

Sin embargo, el contrato no establece metas de ampliación de cobertura para ese período inicial. Actualmente, el servicio de agua llega al 75 % de la población del área de concesión, mientras que el alcantarillado cubre al 63 %. Las metas mínimas previstas para el final de la concesión son alcanzar una cobertura del 90 % en agua potable y del 75 % en cloacas. Esto significa que una parte importante de la población deberá esperar años para que se cumplan los objetivos de expansión establecidos en el contrato.

El Gobierno justifica la privatización con el argumento de que AySA acumuló ineficiencias y dependió durante años de recursos públicos. Según el Ministerio de Economía, entre 2006 y 2023 recibió transferencias del Tesoro por más de US$13.400 millones. La administración también señala que las pérdidas de agua no contabilizada alcanzan el 42 % y que aumentaron la morosidad y los costos operativos.

Pero el proceso de preparación para la venta también tuvo consecuencias para los usuarios y los trabajadores. Desde la llegada de Milei al poder, las tarifas de AySA aumentaron un 538 % entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, mientras cerca de 1.200 empleados salieron de la empresa mediante retiros voluntarios. El Gobierno sostiene que estas medidas permitieron reducir costos y hacer más atractiva la compañía para los inversores.

La privatización revive, además, el antecedente de Aguas Argentinas. En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio había quedado en manos de un consorcio encabezado por la francesa Suez. En 2006, la administración de Néstor Kirchner rescindió el contrato y recuperó el control estatal. Tras su salida, las empresas involucradas iniciaron un litigio internacional y Argentina terminó pagando más de US$384 millones en el marco de la controversia.

Con AySA, Milei profundiza su apuesta por reducir la participación estatal en sectores estratégicos. La decisión deja en manos privadas la operación de un servicio esencial para millones de personas, mientras las metas de cobertura se extienden a lo largo de una concesión de tres décadas. El desafío será determinar si las inversiones prometidas se traducen en una ampliación efectiva del acceso al agua potable y al saneamiento, y cómo evolucionarán las tarifas bajo el nuevo operador.