Asamblea General de la ONU rechazó nuevamente el embargo unilateral de EE. UU. contra Cuba

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por trigésima cuarta ocasión una resolución que exige poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. La iniciativa, presentada por La Habana, recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones durante la sesión del miércoles 28 de octubre. Aunque el pronunciamiento volvió a obtener el respaldo mayoritario de los Estados miembros, la votación registró una caída significativa frente a años anteriores, en medio de una ofensiva diplomática de Washington para reducir el apoyo internacional al reclamo cubano.

En 2025, la resolución había obtenido 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones. La diferencia de 35 votos favorables en un año constituye uno de los cambios más importantes en la historia de estas votaciones y refleja el desplazamiento de varios gobiernos, especialmente en América Latina y Europa. Pese a esa reducción, la Asamblea General volvió a pronunciarse a favor de terminar con una política que se mantiene desde hace más de seis décadas.

El resultado también evidenció un cambio en la posición de Colombia, que votó contra la resolución después de haberla respaldado en 2025. Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay también rechazaron la iniciativa, junto con Estados Unidos e Israel. Chile, Honduras, Perú y República Dominicana estuvieron entre los países que se abstuvieron, mientras que Venezuela no participó en la votación.

La votación se produjo en un contexto de endurecimiento de las medidas estadounidenses contra Cuba y de una crisis energética que afecta la generación eléctrica, el transporte, el abastecimiento de combustible y la prestación de servicios esenciales en la isla. El Gobierno cubano atribuye parte de estas dificultades a las restricciones financieras y comerciales, mientras Washington sostiene que la crisis responde principalmente a la gestión económica y política de las autoridades cubanas.

Una resolución con más de tres décadas de historia

La Asamblea General comenzó a votar sobre el embargo en 1992. En aquella primera votación, 59 países respaldaron la resolución, tres la rechazaron, 71 se abstuvieron y 46 no participaron. Con el paso de los años, el apoyo creció hasta alcanzar 191 votos favorables en 2015 y 2017, durante el periodo de acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos impulsado por el entonces presidente Barack Obama.

En 2016, Washington se abstuvo por primera vez en la votación, en un gesto que reflejó el proceso de normalización de las relaciones bilaterales. La administración estadounidense de Obama había adoptado medidas de flexibilización, aunque el embargo no fue eliminado y varias de sus disposiciones continuaron vigentes.

La actual reducción del respaldo coincide con el regreso de Donald Trump a la Presidencia y con una política de mayor presión sobre el Gobierno cubano. En los días previos a la votación, representantes estadounidenses promovieron activamente el rechazo a la resolución. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, celebró que varios países hubieran modificado su posición y sostuvo que esperaba que el cambio continuara en futuras votaciones.

La campaña diplomática de Washington consiguió que varios Estados dejaran de apoyar la iniciativa o cambiaran su voto favorable por una abstención o un rechazo. Sin embargo, no logró impedir que la resolución fuera aprobada por una mayoría amplia de la Asamblea General.

Cuba denuncia presiones y efectos humanitarios

Durante el debate, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció las presiones ejercidas sobre los Estados miembros para modificar sus posiciones y afirmó que el embargo afecta tanto a la población de la isla como a empresas y ciudadanos de terceros países. Según el diplomático, las restricciones limitan el acceso a bienes esenciales y dificultan el funcionamiento de sectores como la salud, la alimentación, el transporte y la generación de electricidad.

Rodríguez también cuestionó las medidas que restringen el suministro de combustible y describió sus consecuencias como un mecanismo de coerción económica. En su intervención, señaló que los efectos de las sanciones se reflejan en los hospitales, los tratamientos médicos, la disponibilidad de medicamentos, los precios de los alimentos y los prolongados cortes de electricidad que experimenta la población cubana.

El canciller sostuvo que las restricciones también afectan la adquisición de medicamentos para enfermedades graves y dificultan la importación de insumos sanitarios. Además, denunció que determinados productos desarrollados en Cuba encuentran obstáculos para llegar a otros mercados debido a las restricciones estadounidenses.

La delegación cubana defendió su reclamo con base en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación. La resolución expresa preocupación por las normas estadounidenses con efectos extraterritoriales, en particular la Ley Helms-Burton de 1996, que amplió las posibilidades de presentar reclamaciones relacionadas con propiedades nacionalizadas en Cuba y reforzó las restricciones a las relaciones comerciales con la isla.

Estados Unidos niega que el embargo explique la crisis

El representante estadounidense Mike Waltz rechazó los argumentos de Cuba y afirmó que la situación económica de la isla no puede atribuirse al embargo, sino a las decisiones de su Gobierno. Durante su intervención ante la Asamblea General, sostuvo que el comercio que Cuba mantiene con otros países y las exportaciones estadounidenses hacia la isla contradicen la idea de un bloqueo total.

Waltz cifró en más de 876 millones de dólares las exportaciones estadounidenses a Cuba durante los primeros ocho meses de 2026 y mencionó los suministros procedentes de países como Canadá, España, México, China y Rusia. También acusó a las autoridades cubanas de concentrar la riqueza en las élites dirigentes y defendió las restricciones como un instrumento de presión política.

El diplomático estadounidense pidió votar contra la resolución y calificó el respaldo a la iniciativa como una victoria propagandística para el Gobierno cubano. Washington sostiene que sus medidas buscan presionar a las autoridades de la isla y promover cambios políticos y económicos, mientras La Habana denuncia que las sanciones perjudican directamente a la población.

El debate estuvo acompañado por un enfrentamiento verbal entre Waltz y Rodríguez, que elevó la tensión entre las delegaciones. El intercambio se produjo en medio de las diferencias sobre el embargo, la situación política cubana y el alcance de las medidas adoptadas por la administración Trump.

Una condena política que no levanta las sanciones

La resolución aprobada por la Asamblea General no es jurídicamente vinculante y, por tanto, no puede poner fin al embargo por sí misma. La eliminación de las restricciones depende de las decisiones de las autoridades estadounidenses, incluido el Congreso. Sin embargo, las votaciones anuales constituyen un pronunciamiento político de la comunidad internacional sobre la continuidad de la política de sanciones.

El texto insta a los Estados a abstenerse de promulgar o aplicar medidas que tengan efectos extraterritoriales y solicita a los países que mantengan disposiciones de ese tipo que las deroguen o dejen sin efecto. También pide al secretario general de la ONU elaborar un informe sobre el cumplimiento de la resolución y su relación con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

La votación de 2026 deja un resultado doble: el embargo volvió a recibir el rechazo de la mayoría de los países representados en la Asamblea General, pero Cuba perdió una parte importante del respaldo que había conseguido en años anteriores. La modificación de la posición de Colombia y de otros gobiernos latinoamericanos muestra que la disputa también se libra en el terreno diplomático.

Mientras Estados Unidos defiende la continuidad de las sanciones y busca ampliar el respaldo a su postura, Cuba insiste en que el embargo constituye un obstáculo para su desarrollo y agrava las dificultades que enfrenta su población. La nueva resolución no modifica las medidas vigentes, pero mantiene el reclamo en la agenda internacional y deja en evidencia la persistencia del desacuerdo entre Washington, La Habana y una mayoría de los Estados miembros de la ONU.