Tras más de dos meses, el Fondo Milagro sigue sin operar mientras las víctimas duermen en la calle

Más de dos meses después del terremoto del 10 de agosto, que devastó sectores del occidente colombiano y dejó a cientos de miles de personas afectadas, el Fondo Milagro, creado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella para financiar la reconstrucción, continúa sin ejecutar recursos, según denunció la representante a la Cámara Katherine Miranda durante un debate en el Congreso. Mientras las familias siguen en carpas, en la calle y sin condiciones básicas para recuperarse de la tragedia, el mecanismo anunciado por la Presidencia todavía no tendría aprobados sus manuales operativos ni de contratación.

Miranda aseguró que llegó al debate con la expectativa de conocer el manual operativo, las reglas de contratación y el plan de acción del fondo, pero se encontró con que sus directivos apenas comenzarían a sesionar ese 16 de octubre. “Después de dos meses y cinco días (…) el Fondo Milagro sigue siendo de papel y tiene cero pesos ejecutados”, afirmó la congresista, quien cuestionó que el Gobierno siga justificando las demoras con argumentos de instalación y aprendizaje institucional.

La representante también puso en duda la necesidad de crear una nueva estructura para atender la emergencia, al señalar que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa transfiriendo los recursos que se han destinado a la atención, mientras el Departamento Nacional de Planeación estructura proyectos de reconstrucción con recursos de regalías. Para Miranda, esta distribución de funciones deja sin claridad cuál será el papel concreto del Fondo Milagro y qué valor agregado ofrecerá frente a las entidades que ya operan.

La demora ocurre mientras mantener la estructura administrativa ya genera costos. Según la congresista, la comisión mensual de la fiducia asciende a cerca de $250 millones, a lo que se suman los gastos de gerencia, el Consejo Directivo y la Unidad de Gestión. Miranda cuestionó que se destinen recursos a esa burocracia sin que, según su denuncia, el fondo haya comenzado a ejecutar dinero para la reconstrucción. Incluso propuso que esos costos se destinen a alojamiento para las personas damnificadas que permanecen sin vivienda.

El origen de los recursos también fue objeto de cuestionamientos. En una intervención anterior, el gerente designado, Jaime Andrés Uribe, informó que el capital inicial incluía un crédito de la banca multilateral por $624.000 millones, además de una partida cercana a $360.000 millones que, según explicó, ya se había utilizado para atender la emergencia. Miranda reclamó al Ministerio de Hacienda precisar cuánto aportará directamente el Presupuesto General de la Nación para la reconstrucción y pidió aclarar cuándo se trasladarán al Tesoro Nacional las donaciones recaudadas mediante la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda. La congresista recordó que la explicación pública de esa recaudación era que permitiría actuar con rapidez y que los recursos terminarían en el fondo destinado a la reconstrucción.

La representante advirtió además sobre posibles problemas en la priorización territorial de las ayudas. Según expuso ante el Congreso, Santander y Caquetá fueron incluidos en los reportes de afectaciones con daños en centros de salud y establecimientos educativos, pero sin registrar personas, familias o viviendas afectadas. Miranda pidió a la UNGRD y al Servicio Geológico Colombiano aclarar cuáles departamentos sufrieron realmente los mayores impactos y con qué criterios se distribuirán los recursos, para evitar que la reconstrucción responda a intereses políticos o electorales.