ANLA flexibiliza controles ambientales para proyecto de exploración de hidrocarburos en el Caribe colombiano

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió la Resolución 002921 del 29 de octubre de 2026, mediante la cual retiró tres obligaciones adicionales de seguimiento ambiental establecidas en la licencia para la perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1, en el Caribe colombiano. La decisión modifica las condiciones de revisión de los planes ambientales, la coordinación con otras entidades para el seguimiento de contingencias y la vigilancia especializada del proyecto a cargo de Anadarko Colombia Company, en el que Ecopetrol participa con el 40 % y Anadarko, como operadora, con el 60 %.

Uno de los cambios más importantes elimina la obligación de obtener un pronunciamiento previo y favorable de la ANLA sobre cada Plan de Manejo Ambiental Específico (PMAE), documento que contiene las medidas para prevenir, controlar y atender los impactos de las actividades de perforación en cada punto de operación. Antes de la resolución, la empresa debía presentar estos planes y esperar la aprobación de la autoridad ambiental, que tenía un plazo de tres meses para pronunciarse. Ahora deberá seguir radicándolos antes de iniciar las actividades, pero no tendrá que esperar ese concepto favorable. La verificación de su contenido y cumplimiento se realizará durante el seguimiento ambiental, mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

La segunda modificación elimina la obligación de que la ANLA solicite conceptos adicionales a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Armada Nacional para el seguimiento de los planes de contingencia. Estos instrumentos, que establecen cómo actuar ante emergencias como derrames de hidrocarburos o pérdida de control de un pozo, continúan siendo obligatorios. Lo que desaparece es el requisito adicional de solicitar los pronunciamientos de esas instituciones dentro del mecanismo de seguimiento establecido en la licencia.

El tercer cambio elimina la obligación de conformar un grupo interdisciplinario de expertos que debía acompañar el seguimiento ambiental y formular recomendaciones sobre los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos del proyecto, así como sobre posibles contingencias y medidas de manejo. La ANLA argumentó que ya cuenta con el Consejo Técnico Consultivo (CTC), instancia especializada a la que puede acudir cuando considere necesario solicitar asesoría.

La decisión se produjo después de que Anadarko solicitara revisar el alcance de estas obligaciones el 8 de octubre de 2026. La empresa argumentó que las condiciones relacionadas con los planes de manejo ambiental, los planes de contingencia y el grupo de expertos podían generar dificultades para la ejecución del proyecto. La ANLA convocó al Consejo Técnico Consultivo, que examinó las disposiciones en una sesión realizada el 22 de octubre. Posteriormente, el Ministerio de Ambiente remitió sus consideraciones técnicas el 27 de octubre y, dos días después, la autoridad ambiental expidió la resolución que excluyó las tres exigencias.

La discusión sobre estas condiciones viene desde el otorgamiento de la licencia ambiental, mediante la Resolución 2821 del 18 de diciembre de 2024, modificada posteriormente por la Resolución 406 del 7 de marzo de 2025. En enero de 2025, la Procuraduría también había cuestionado algunas de esas disposiciones y solicitado revisar su legalidad, al considerar que la exigencia de aprobaciones específicas y la conformación obligatoria de un grupo de expertos podían exceder las competencias de la ANLA y afectar su autonomía técnica. Anadarko, por su parte, ya había solicitado en 2025 la revocatoria directa de esas condiciones, petición que fue negada en septiembre de ese año.

Entre los argumentos que sustentaron la nueva decisión, el Ministerio de Ambiente señaló que la viabilidad ambiental general del proyecto ya había sido evaluada durante el trámite de licenciamiento y que los aspectos específicos de cada lugar de perforación podían verificarse mediante los informes de cumplimiento. Sobre los planes de contingencia, sostuvo que la normativa vigente establece las responsabilidades de las empresas frente a la prevención y atención de emergencias, sin exigir un procedimiento adicional de validación colegiada. La ANLA también consideró que puede acudir al Consejo Técnico Consultivo cuando requiera orientación especializada, sin mantener la obligación de crear un grupo exclusivo para este proyecto.

El alcance de la decisión adquiere relevancia por las características de la operación. Según la información publicada por la propia ANLA cuando otorgó la licencia, el bloque COL-1 está ubicado en la zona económica exclusiva colombiana, aproximadamente a 140 kilómetros de la costa, en jurisdicción de las capitanías de puerto de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. El proyecto contempla perforaciones en aguas ultraprofundas, con profundidades reportadas entre 3.841 y 4.002 metros. Se trata de una actividad exploratoria orientada a buscar hidrocarburos, no de una autorización para iniciar explotación comercial de petróleo o gas.

La modificación generó cuestionamientos del senador Kevin Gómez Paz, quien advirtió sobre la reducción de mecanismos adicionales de control y criticó que se retirara la participación obligatoria de entidades con competencias en asuntos marítimos y gestión de emergencias. El congresista sostuvo que la empresa podría avanzar sin esperar la aprobación previa de los planes ambientales. Sin embargo, el texto de la resolución mantiene la obligación de presentar esos planes antes de iniciar las actividades; lo que elimina es el requisito de obtener previamente un concepto favorable de la ANLA.

🚨 ALERTA, COLOMBIA. Abelardo acaba de abrirle la puerta a la destrucción del mar de Santa Marta mediante la resolución 002921 de la ANLA, que le elimina los controles ambientales a la petrolera Anadarko de EE.UU. para extraer petróleo y gas. Le dijeron al país que el tratado con Marco Rubio no era vinculante, pero estan haciendo todo para entregarle el país a los griegos. Con esta resolución: 1️⃣ Eliminó la aprobación previa de los planes ambientales de cada pozo. Ahora perforan primero y revisan después. 2️⃣ Les quitó voz a la Dimar, la Armada, la UNGRD y la ANH sobre los planes ante derrames. Si hay una mancha de crudo en el Caribe, los que saben del mar no fueron consultados. 3️⃣ Desmontó el grupo de expertos que vigilaba el proyecto. Esto ocurre en la misma semana que el director de la ANLA anunció que la hoja de ruta del fracking ya está lista. Esta es la “licencia exprés” que Abelardo le prometió en el memorando. Máxima difusión, nos vemos el 19 de noviembre, llegó el momento de defender nuestra soberanía. #PactoHistorico @petrogustavo

— Kevin Gómez Paz (@ckevingomez) November 9, 2026

La autoridad ambiental sostiene que las demás obligaciones de la licencia continúan vigentes, incluidas las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación, y conserva sus facultades para hacer seguimiento, requerir información, imponer medidas preventivas e iniciar procedimientos sancionatorios ante eventuales incumplimientos. La resolución establece que las tres disposiciones quedarán excluidas y dejarán de ser objeto de verificación una vez el acto administrativo quede ejecutoriado. Contra la decisión procede recurso de reposición.

La controversia de fondo está en el alcance de los mecanismos que se retiran: aunque la ANLA conserva sus competencias de vigilancia y la empresa mantiene sus responsabilidades ambientales, ya no serán obligatorios tres procedimientos adicionales que habían sido incorporados a la licencia para reforzar la revisión previa, la coordinación institucional y el acompañamiento especializado de una operación de perforación en aguas ultraprofundas del Caribe colombiano.